Joaquín
Ortega Arenas.
Una vez más,
el “INSTITUTO DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA”, nos saca de nuestro
marasmo ya natural, y nos vuelve a la realidad con noticias gravísimas para
nuestra sociedad y nuestra querida Patria. No ha transcurrido ni un mes desde
que nos abrió los ojos en relación con las bajas habidas en la “Guerra
contra a la Delincuencia Organizada) que estaban a punto de llegar a CIEN
MIL MUERTOS, (a estas fechas seguramente ya pasaron de esa cifra) y este fin de
semana nos señala, bajo la fría apreciación de cifras totalmente ciertas, que
nuestra “Procuración de Justicia” es sencillamente una entelequia, nula por
completo. Señala el Instituto que, “Por cada mil delitos que se cometen
en nuestro País, solo son denunciados 84; de esos 84, solo se siguen las
averiguaciones y consignación de … CINCO…. Que de los que quedarán por siempre
impunes, 63% deberán esa verdadera suerte a “deficiencias de las autoridades” y
a 6 de cada 10 denunciantes, las mismas autoridades “…no les hacen caso…”. Que
el daño patrimonial que esa situación irroga a los mexicanos, asciende a
DOSCIENTOS ONCE MIL DIECIOCHO MILLONES DE PESOS, EN 2011. y para terminar, QUE
CADA AÑO SUFRE DIECIOCHO MILLONES DE HABITANTES ESA PLAGA.
Pero ¿…a
quien o a quienes debemos culpar de esa situación? ¿A las victimas? ¿A los
delincuentes? O más bien, a las autoridades judiciales. Si hacemos
recuerdos de un pasado remoto, como ya lo hemos mencionado, allá en el lejano
año de 1892, el Virrey Juan Vicente de Güemes y Pacheco de Padilla, Segundo
Conde de Revillagigedo, fue sometido a Juicio de Residencia por su desempeño en
el cargo, y al responder una pregunta del fiscal acusador de …¿,,porque
encarcelaste a los oficiales del crimen?, sencillamente contestó: “…porque su
Majestad me envió a la Nueva España para que terminara con la delincuencia y
corrupción , y estas sólo se dan donde la justicia las permite…”
Volvamos,
pues, a la gran delincuencia y corrupción QUE HA REVELADO IMPLICITAMENTE EL
INEGI, A LA LUZ DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES:
El artículo
102 Constitucional, señala en su texto:
“A. La ley
organizará el Ministerio Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán
nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El
Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General
de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con
ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser
Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad
mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de
buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador
podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.
Incumbe al
Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de
todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá
solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar
las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se
sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y
expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que
la ley determine.……
El Procurador
General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta,
omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones".
Cada Estado
Federado, tiene a su vez un Procurador de Justicia y un ministerio público al
que “…incumbe la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos
del orden común y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de
aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten
la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda
regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir
la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley
determine….”
La plena
indefensión que nos aqueja a los mexicanos resulta de una nula intervención de
los “procuradores”, federal y estatales, en la prevención, persecución,
detención y en su caso procesamiento de los responsables que, en un verdadero
Estado de Derecho, deberían considerarse “…serán responsables de toda falta,
omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones….”
Corre de boca
en boca, entre al sufrido pueblo mexicano una duda, obviamente exagerada. Se
preguntan: ¡Si se encarcelara a todos los delincuentes, quién cerraría las
puertas de la cárcel…”.
