Joaquín Ortega Arenas Escribe y Se Pronuncia

NEGOCIOS DE FIN DE SEXENIO.

2012-02-13T21:41:00.000-06:00

Joaquín Ortega Arenas

El “negocio” de Mexicana de Aviación, como era de esperarse, no es novedad.

El 30 de noviembre de 1952 se otorgaron 89 permisos para prestar servicio de pasajeros y carga entre las Ciudades de México D.F., y Tijuana B.C, a favor del Coronel Maximiano Ochoa Ramos. El 2 de diciembre se inició la prestación del servicio por 89 flamantes autobuses pintados de gris, lo que les valió el mote de “tecolotes” con los que los bautizó el pueblo. No parece nada del otro mundo, pero si tomamos en cuenta que para el otorgamiento de ese tipo de permisos, la ley establece un largo procedimiento administrativo, en el que se debe oír a quienes ya prestan ese tipo de servicios; hacer, por parte de la autoridad un estudio de las necesidades del servicio en esa ruta, etc., procedimiento que dura a veces años, la cosa cambia.

En las rutas México-Guadalajara, Guadalajara-Hostotipaquillo-Ixtlán del Río-Tepic y otros treinta o cuarenta tramos de la carretera en los Estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, existían en vigor permisos y concesiones para cubrir las necesidades de transporte carretero, por lo que las protestas no tardaron en llegar. El que esto escribe, en representación de Autobuses de Occidente, unión de cooperativas que prestaba servicios México-Guadalajara, solicitó el Amparo de la Justicia Federal en los Juzgados de Distrito de los Estados de México, Michoacán y Jalisco, y obtuvo la suspensión provisional de los actos reclamados, pero…los nuevos concesionarios de la ruta solicitaron a su vez el amparo de la Justicia Federal ante el Juez Segundo de Distrito del Distrito Federal que concedió la suspensión de cualquier acto que impidiera la circulación de esa nueva empresa; es decir, otorgando a la suspensión efectos constitutivos, no simplemente conservadores de derechos.

Uno a uno los Jueces de Distrito invocados por las cooperativas, fueron resolviendo en su favor. El Director de Transito Federal, EDUARDO TRUEBA OLIVARES, así con mayúsculas, brindó su apoyo a las cooperativas y el personal a sus órdenes detenía y multaba a los transgresores de la ley y de las suspensiones concedidas en su favor.

Se abrió al tránsito en esos días de 1953, la nueva carretera a Guadalajara que atravesaba los Estados de Querétaro y Guanajuato y, por esa carretera empezaron a circular impunemente los “Tecolotes” .

Mientras tanto, en la Ciudad de México se organizaban marchas y plantones en “defensa” del juicio de amparo cuya “muerte” hicieron consistir en que el amparo otorgado por el Juez Segundo de Distrito, de hecho, había quedado sin efectos. Con precios irrisorios para el pasaje México-Guadalajara y menor tiempo en autobuses nuevos, resultó casi inútil, en ela “práctica” , la existencia de ejecutorias que consideraban ilegal la concesión.

Ocurrimos a solicitar ayuda al C. Gobernador de Guanajuato, DON JOSÉ AGUILAR Y MAYA, excelente abogado ex Procurador General de la República, que de inmediato ordenó se detuviera a todo transporte que transitara por carreteras estatales sin el permiso correspondiente y, ante el estupor general detuvieron veinte “Tecolotes” en los límites de Querétaro y Guanajuato. El Juez Segundo de Distrito del D.F., envió personal para que hiciera valer la suspensión que había decretado. El señor Gobernador también ordenó su detención por “violación de la Soberanía del Estado de Guanajuato” y, santo remedio. La aplicación lisa y llana de la ley logró su cometido. El Señor Juez Segundo de Distrito se vio obligado a renunciar. El Juez sustituto revocó la suspensión concedida con efectos constitutivos.

Eso amable lector, sucedió hace 60 años. Hoy no ha podido ser así. En un negocio de fin de sexenio, el Estado, con el consentimiento pleno de los Secretarios de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social:

a).- VENDIÓ, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2005, ILEGALMENTE Y EN CONTRAVENCIÓN CON LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL, NÚMEROS,

ARTICULO 230.- Al que por medio del engaño o aprovechándose del error en que otro se halle, se haga ilícitamente de una cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero …..

ARTÍCULO 231.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior:

…..

VIII.- Venda o traspase una negociación sin autorización de los acreedores de ella o sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder de los créditos, siempre que éste resulte insolvente.

Artículo 235.- Al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo, con respecto a sus acreedores, se le impondrán….,

a la empresa de la familia Azcárraga “POSADAS DE MEXICO S.A.” que carecía totalmente de capacidad económica para adquirirla A “MEXICANA DE AVIACIÓN S.A.” EMPRESA PIONERA DE LA AVIACIÓN EN MÉXICO que tenía un capital diez veces mayor .

b).- En 3 de febrero de 2006, la flamante empresa adquirente vendió los bienes que eran propiedad de MEXICANA DE AVIACIÓN S.A. en menos de la tercera parte de su precio comercial.

c).- EL DIA ANTERIOR A LA CONCLUSIÓN DEL SEXENIO DE LA “FAMILIA PRESIDENCIAL”, 30 DE NOVIEMBRE DE 2006, SE DEVOLVIÓ A “POSADAS DE MÉXICO S.A.” UNA BUENA PARTE DE LO QUE “HABÍA PAGADO COMO PRECIO” DE “MEXICANA DE AVIACIÓN S.A. “

A no dudarlo, fue un exitoso negocio de fin de sexenio, con la diferencia con el que relate al principio de este artículo, de que ya no hay un EDUARDO TRUEBA OLIVARES que lo impida, ni un JOSÉ AGUILAR Y MAYA , que lo haga notar;

Hoy, LOS SECRETARIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SIN RECATO ALGUNO CLAMAN POR LA DESAPARICIÓN DE MEXICANA DE AVIACIÓN

LAS PROCURADURÍAS, GENERAL DE LA REPUBLICA Y GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, NO OYEN NI VEN NI TRAMITAN LAS DENUNCIAS PENALES QUE LAS VICTIMAS DE ESTA SITUACIÓN HAN FORMULADO.

Hay sin embargo una pequeña luz en el obscuro cielo de la patria . UN JUEZ DE DISTRITO, Y UN PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE CON TODA SEGURIDAD LO APOYA HOY, PARA EVITAR LA QUIEBRA DE LA EMPRESA.

SEGURAMENTE NO SE HAN DADO CUENTA LOS AMIGOS DE ESTE SUCIO NEGOCIO DE QUE, SI SE DECLARA LA QUIEBRA, FORZOSAMENTE SERÁ FRAUDULENTA; DEBERÁN RETROTRAERSE SUS EFECTOS AL MOMENTO DE LA VENTA DE LA EMPRESA A POSADAS DE MÉXICO, Y CON ELLO, ESTARÁN EN SERIO PELIGRO DE IR A DAR A LA CÁRCEL MUCHOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL “RÉGIMEN FAMILIAR” Y ALGUNOS DEL PRESENTE.

EL VOTO CORPORATIVO

2012-02-06T20:21:00.001-06:00

Joaquín Ortega Arenas.

Los artículos 52 y 56 ÚLTIMAMENTE AGREGADOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, establecen la facultad de los “Partidos Políticos”, para DESIGNAR diputados y senadores en bloque, sin un solo voto en su favor, contrariando el sistema verdaderamente democrático de las elecciones determinado por los artículos 35, 39 y 40 Constitucionales al establecer en el siguiente 41, una reforma para dar entrada al voto corporativo de los “Partidos Políticos” para DESIGNAR sin cortapisa alguna, 200 de los 500 diputados que deben componer la Cámara de Diputados y 60 de los 128 senadores.

El respeto a la individualidad de los mexicanos ha sido uno de los principios de las Constituciones que han regido a este País. Si bien la Primera Constitución promulgada en el año de 1824 se vio sometida a revueltas, golpes de estado y cambios fundamentales que no permitieron la consolidación, el 5 de febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución en la que quedó plasmado en definitiva,

"…Los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales", señala la Constitución, y entre sus preceptos resaltan el mantenimiento del federalismo, la abolición de la esclavitud, las libertades de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de asociación, de petición y de comercio. Igualmente, se establece que son ciudadanos con derecho a voto todos los mexicanos varones que hayan cumplido 18 años si son casados…”

En la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, fundamentalmente,

“…Se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección presidencial, se suprimió definitivamente la vicepresidencia, se dio mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a las entidades federativas….”

Desgraciadamente, a partir del Año de 1931, en que a inspiración del “Jefe Máximo de la Revolución” como se designó al general Plutarco Elías Campuzano (Calles oficialmente) se promulgó la Ley Federal del Trabajo, extrañamente parecida al “Codigo di Lavoro” que en la Italia de Benito Mussolini quedó sin tener vigor POR TEMOR A LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍA TRAER CONSIGO, en la que respecto a sindicatos se determinó la afiliación forzosa al P.N.R., Partido Político creado por el Gobierno; se sujetó el “voto” al control corporativo derivado de esa situación; mediante el control derivado del “Registro Forzoso” de las Organizaciones Sindicales para tener personalidad jurídica permanente.

A partir del sexenio 1934-1940, como una consecuencia del “Plan Sexenal” ideado por el mismo Elías Campuzano, se han venido haciendo cambios y modificaciones a la Constitución acordes a las necesidades y gusto personal del “Señor Presidente”, tendientes a corporativizar al más puro estilo Mussoliniano al Estado Mexicano, como lo son, además del control de las centrales obreras y campesinas establecido por la ley Federal del Trabajo, el control de las Cámaras de Industria y Comercio desde su registro y el de sus miembros individuales y colectivos por las Autoridades Administrativas Federales. Debo hacer notar que de nada ha servido la Declaración de Inconstitucionalidad de la afiliación forzosa ORDENADA POR TESIS OBLIGATORIAS dictadas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hoy se pretende acaparar el voto político de los ciudadanos y anular el carácter eminentemente personalista del ejercicio de la verdadera DEMOCRACIA, permitiendo a organismos corporativos como son los “Partidos Políticos”, substituir el voto, piedra angular del sistema democrático preconizado y establecido en la Constitución y la Declaración Qniversal de los Derechos Humanos, permitiendo LA DESIGNACION an BLOQUE de Organismos cuya existencia depende corporativamente de las autoridades administrativas y la aceptación o rechazo que las mismas ejecuten. Es en una palabra, EL ASESINATO DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO establecido en el artículo 49 Constitucional.

La inconstitucionalidad de los artículos 52 y 56 ÚLTIMAMENTE AGREGADOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS es evidente y patente con sólo imaginar que organismos CORPORATIVOS como lo son los “Partidos Políticos” pueden suplantar a los Ciudadanos Mexicanos con obligación constitucional de votar en las elecciones , señalada en la Fracción Primera del artículo 35 constitucional ; contraviniendo el artículo 21 de la Declaración Universal `e los Derechos Humanos que señala y estamos obligados a cumplir, Artículo 21.- La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

A más del 39 y 40 constitucional que ORDENAN,

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Resulta doloroso que el Poder Legislativo ya no sea electo por el pueblo, pues 200 de los 500 diputados que deben componer la Cámara de Diputados y 60 de los 128 senadores, son DESIGNADOS por los Partidos Políticos aceptados y pagados por el Gobierno y sujetos a esa aceptación para su existencia y a ese pago para su “funcionamiento”. ¡Para Ripley!

EL JUEGO Y EL EMPEÑO

2012-01-25T23:39:00.000-06:00

Joaquín Ortega Arenas

Entre los “vicios” o “adicciones” que más grave perjuicio causan a los hombres, tienen el juego y la necesidad de obtener dinero rápido para cubrir sus necesidades un lugar preponderante. El primero, azote de la humanidad, se ha convertido con los años en uno de los más pingües negocios de las naciones en donde los escrúpulos no cuentan. Hay ciudades enteras dedicadas a ese tipo de explotación de los vicios y las necesidades extremas de las personas; En Estados Unidos, sobresalen, Las Vegas, Reno, Palm Springs, Atlantic City, y escamoso en el mundo Mónaco, País enero dedicado al vicio, que cuentan con plena autorización gubernamental y adecuada protección. En México, hasta el año 2000 se encontraban prohibidos como consecuencia de la prohibición legal de los juegos de azar. A partir del “cambio” se ha permitido el establecimiento de los siguientes casinos: Yak 8, Ciudad de México; Jubilee Casino, Monterrey, Nuevo León; Paradise Casino, Monterrey, Nuevo León; Golden Island Casino, Monterrey, Nuevo León; New York Casino, Monterrey, Nuevo León; San Marcos Casino, Cadereyta, Nuevo León; Majestic Casino, Torreón, Coahuila; Golden Island, Mérida, Casino, Mérida, Yucatán; Dubai Palace Casino, Cancún, Quintana Roo; Paradise Island Casino, Cd. del Carmen, Campeche; Juega, Juega, Mérida,Yucatán; Jackpot, Ensenada, Playin' Baja, Ensenada, Riviera, Ensenada, en Baja California y Casino Royale, Monterrey, Nuevo León; y se ha permitido el establecimiento de cientos de “brincos”, (lugares donde se juega sin control) como vemos, “ignorados” por la Secretaría de Gobernación al margen de la prohibición legal, práctica que se inició cuando presidía esa Secretaria, Santiago Creel Miranda); 9 están en el Estado de Nuevo León, 1 en Coahuila , 4 en Mérida, Yucatán, 1 en Campeche, 2 en Quintana Roo y 3 en Baja California. Los casinos reciben desde hace mucho tiempo en México, el sobrenombre de “desplumaderos” ¡ por algo será!

Pero no en esa noble gestión es la única en la que el “gobierno del Cambio” se ha distinguido. Las Casas de empeño de las que, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en 2004 sólo existían mil 589. Para este año (2012) la cifra se calcula en tres mil. Roberto Alor, directivo de una cadena de casas de empeño, comentó que el crecimiento del sector se debe a que 11 millones de familias mexicanas no tienen acceso a los bancos, por lo que “hay un mercado propicio para las prendas”. “Los bancos no muestran interés en los sectores de bajos ingresos y eso lo aprovechan las casas de empeño y las cajas de ahorro popular”. “Antes sólo competían las casas tradicionales, tal es el caso de los montepíos y los agiotistas de barrio; con el nacimiento de Prendamex y otras empresas se rompió este esquema y ahora las personas tienen una mayor oferta de servicios”. Los que no son robados por los bancos sacrosantos, son despojados de su miseria por la “Casas de Empeño”

Lo que se oculta celosamente es que, el Juego de Azar, sigue legalmente prohibido, y tanto los casinos como las casas de empeño son, en su mayoría, propiedad de extranjeros y “políticos” de alto rango. Por lo que respecta a las casa de empeño, se publicó en uno de los diarios de mayor circulación, la nota que reproducimos:

Dallas • La cadena estadunidense de casas de empeño, “First Cash Financial”, anunció hoy que adquirió por 46.7 millones de dólares una cadena competidora propietaria de 29 tiendas en México, para continuar el acelerado crecimiento de sus operaciones en ese país.

La compañía con sede en Arlington, un suburbio de Dallas, Texas, no identificó en un comunicado a la empresa que compró y sólo indicó que los 29 nuevos establecimientos están distribuidos a lo largo de dos entidades del oeste de México, que tampoco nombró.

First Cash Financial, es por mucho la mayor compañía de tiendas de empeño en México, país donde experimenta un rápido crecimiento.

La compañía realiza ya la mayor parte de sus operaciones de negocio en ese país, al contar ahora con un total de 488 establecimientos, más del doble de las 232 que posee en Estados Unidos.

Tan sólo en las primeras dos semanas de enero, la compañía completó la adquisición de las 29 tiendas y abrió otras 13 adicionales para un total de 42 nuevos establecimientos en los que va del 2012.

El año pasado, First Cash Financial abrió o adquirió un total de 82 tiendas de empeño y para el 2012 anticipa sumar entre 81 y 91 nuevos establecimientos, adicionales a los 29 cuya compra informó el lunes.

Más de cien de las tiendas que espera abrir estarán ubicadas en México y el resto en Estados Unidos. La empresa mantiene como miembro de su junta de directores al ex embajador de México en Estados Unidos, Jorge Montaño.

En un reporte preliminar dado a conocer también este martes, First Cash Financial informó que sus acciones a lo largo del año pasado aumentaron en un 32 por ciento en relación al 2010, al pasar de 1.65 dólares por título a 2.25, dólares.

Todos aquellos que hemos sufrido sempiternamente “la cuesta de enero” y experimentamos la necesidad de recurrir al Nacional Monte de Piedad o al Montepío Luz Saviñón”, sabemos el monto de los intereses que cobran, y la impiedad con que rematan nuestros objetos. Según encuestas particulares, “First Cash Financial, fácilmente los triplica. ¡MUCHAS GRACIAS, GOBIERNO DEL CAMBIO! ¡MUCHAS GRACIAS, SEÑOR EXSECRETARIO DE GOBERNACIÓN POR CONVERTIRNOS EN UN PAÍS DEL PRIMER MUNDO!

LOS “ERRORES CONSTITUCIONALES”.

2012-01-16T18:38:00.001-06:00

Joaquín Ortega Arenas.

Hace ya muchos, pero muchos años, descubrí en la biblioteca de mi padre un libro que llamó poderosamente mi atención: “Los errores constitucionales”, de Don Miguel Mejía. Aunque era un libro de más de doscientas páginas lo devoré materialmente y me encontré: El señor Licenciado Don Miguel Mejía (así con mayúsculas) era, allá por los años de 1889 y 1890, Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con una extraordinaria preparación y un valor a toda prueba. Dictaba las sentencias en los juicios de amparo que llegaban a sus manos en forma magistral. Podríamos decir que emulando a la griega diosa Themis, con los ojos vendados y la espada de la justicia desenvainada, pero…. para su desgracia la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que era Presidente Ignacio Luis Vallarta, brillante abogado jalisciense, proclive a satisfacer deseos de los pudientes y de los poderosos hombres ligados con el gobierno de Porfirio Díaz, buscaba hasta debajo de las piedras alguna razón que le permitiera revocar los fallos de Don Miguel. Con el respeto que la Institución y el señor Presidente de la misma le inspiraban, hacía crítica de esas resoluciones llamándolas piadosamente “Errores Constitucionales”.

Mientras leía ese maravilloso libro, vino a mi memoria una anécdota de los señores Ministros de la Suprema Corte ocurrida durante el Gobierno de Lerdo de Tejada, que me relató no se cuántas veces mi tía Marica, (María Guzmán) hija de uno de los ministros que sufrieron el efecto demoledor de ese sistema que había venido a menos desde la muerte de Benito Juárez. Llegó un amparo, la Ley actual me impide poner nombres, pero estoy relatando hechos ocurrido hace ciento cincuenta años, “prescritos” totalmente, por lo que no tengo empacho en señalar que el quejoso en ese juicio era el millonario terrateniente Manuel Romero Rubio, nada más ni nada menos que padre de la famosísima Carmelita, poco tiempo después esposa del señor Presidente de la República. Se litigaba sobre terrenos ubicados en las cercanías del Peñón de los Baños (hoy llamado Colonia Romero Rubio), entre este distinguido personaje y los indígenas propietarios legítimos del mismo. El proyecto elaborado por el Ministro encargado, era contrario a los intereses del ilustre personaje y el señor Presidente del Tribunal hizo saber a los diez ministros restantes que sería conveniente ver con buenos ojos las razones de Don Manuel antes de dictar sentencia. Los señores Ministros votaron unánimemente en contra del distinguido personaje y en favor de los indígenas. Según el Relato de mi tía Marica, el señor Vallarta salió del salón de cesiones y seguramente después de consultar con el “señor Presidente de la República”, volvió con la súplica de que se revocara el fallo y que hasta ese momento se les permitiría salir del recinto judicial. Se negaron y la amenaza se hizo presente. Se les tuvo literalmente detenidos por casi tres semanas. Sus familiares se encargaron de llevarles comida y ropa limpia, excepción del Ministro Ignacio Manuel Altamirano que no tenía familia en México. Los demás Ministros compartían con él los alimentos, pero y ¿…la ropa...? El padre de mi tía Marica, le encargó una muda más de su ropa para que el ministro solitario se cambiara, sólo que el dueño de la ropa era un hombretón de casi 1.80 de estatura y don Ignacio con trabajos alcanzaba los 1.60 m.

No hubo problema y todos disfrutaron de buen talante el espectáculo que sólo duró un día, ya que se llevó a lavar y limpiar la ropa sucia y se le compró nueva ropa a su medida al Ministro Altamirano. Pasaron casi dos semanas y ante la situación que se fue presentando, ¡perdió Manuel Romero Rubio el amparo! Porfirio Díaz contrajo nupcias con Carmelita y los ministros rebeldes fueron cesados.

Me pregunto, cuántos “Errores Constitucionales” convertidos en “Tesis contradictorias” ha afectado gravemente la impartición de justicia. Las instituciones gubernamentales y los sacratísimos bancos, como los jaliscienses, “nunca pierden” tengan o no la razón. ¡He visto cada cosa! Sólo como un botón, relataré que el Cuarto Tribunal Colegiado del Segundo Circuito declaró procedente una acción real como lo es la Usucapión intentada en contra de quien no aparecía como propietario en el Registro Público de la Propiedad, ni era propietario “in re” del bien en litigio, aunque para ello tuvo que conceder en dos ocasiones “amparo para efectos” en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia que no entendía esa razón. En la tercera ocasión, el Tribunal sencillamente ORDENO a la Sala “responsable” que decretara la procedencia de la Usucapión y ¿ya que? Por si hay por allí un curioso como yo, el número del amparo mencionado es AD 112/2004.

AMEN.

JUSTICIA O CORRUPCIÓN.

2012-01-09T09:59:00.002-06:00

Joaquín Ortega Arenas.

Ante el Juzgado JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL”, se tramitó el juicio ordinario mercantil EXPEDIENTE 941/2005. Secretaría “A”, en el que se reclamaba el pago del importe de un pagare en administración expedido por el Bancomer S.A., en el que se señaló literalmente: “PAGARE EN ADMINISTRACIÓN CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO POR CINCUENTA MIL PESOS, INSTRUCCIÓN PAGO DE INTERESES , REINVERSION DE LOS INTERESES MAS EL CAPITAL AL VENCIMIENTO, RENOVACION DEL CAPITAL INICIAL….”.

El documento mercantil por así determinarlo el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fue endosado al dorso del mismo en favor del actor en ese juicio y el procedimiento se vio empantanado por que la demandada solicitaba la aplicación retroactiva de leyes expedidas después de la emisión del pagaré , maniobra prevista y penada por el articulo 310 del Código Penal del Distrito Federal como FRAUDE PROCESAL y en el momento de dictar resolución el señor Juez estimó que “…el endoso de un documento mercantil no surtía efectos, por tratarse de un acto civil al que eran aplicables los artículos 2033 y 2036 del Código Civil, y por tanto el actor carecía de legitimación en juicio…”, y se absolvió al demandado BBVA BANCOMER S.A. La referida sentencia es contraria a los mandatos contenidos en los artículos 75, 78, 359 y 360 del Código de Comercio y de las leyes relacionadas, anteriores a las reformas del año 1996, como los artículos 37, 76, 170, 175, 208, 228, 229, 389 y 391, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito , nula de pleno derecho en la forma que ordenan los artículos 8, 2224, y 2226 del Código Civil Federal, ya que establecen con toda claridad.

ARTICULO 8.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.

ARTICULO 2224.- El acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de el no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por cualquier interesado.

ARTICULO 2226.- La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad . De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.

por lo que se interpuso el recurso de Apelación en el que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, SIN ANALIZAR LA CUESTIÓN PLANTEADA DEL ENDOSO ORIGINAL DEL pagare en administración base de la acción, confirmó la sentencia de primera instancia y condenó al actor al pago de las costas causadas en ambas instancias.

Vueltos los autos al Juzgado Decimosegundo de lo Civil, el Banco demandado solicitó se he entregara el pagaré en administración base de la acción. Se dio vista al actor que se opuso terminantemente, por que el mencionado pagaré no había sido pagado y todas sus instancias fueron desestimadas. SE LE ENTREGÓ EL PAGARE EN ADMINISTRACIÓN base de la acción al Banco demandado y ¡ya que!

Tu juzgarás, querido lector, si en este juicio, como sucede y ha sucedido en miles de los que se entablan “inocentemente” en contra de los poderosos bancos se hizo justicia o por el contrario, se trata de un caso mas de absoluta corrupción.

Suponemos, por que todo puede existir en este mundo de arbitrariedades, que los expedientes cuyos números menciono no ha sido entregados aún al Banco demandado, “…para mayor seguridad de la operación…”. Total se trataría “…de el extravío involuntario de unos expedientes…”

JUSTICIA O CORRUPCIÓN.

2012-01-09T09:59:00.001-06:00

%3Cspan+style%3D%22+font-size%3A14.0pt%3B%22+lang%3D%22ES-MX%22%3E%3Cb%3E%3C%2Fb%3E%3C%2Fspan%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A9.0pt%3Btext-align%3Ajustify%3B%22%3E%3Cb%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A14.0pt%3B%22+lang%3D%22ES-MX%22%3E++%3C%2Fspan%3E%3C%2Fb%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A9.0pt%3Btext-align%3Ajustify%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A14.0pt%3B%22+lang%3D%22ES-MX%22%3E++Joaqu%C3%ADn+Ortega+Arenas.+%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A9.0pt%3Btext-align%3Ajustify%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font)size%3A14.0pt%3B%22+lang%3D%22ES-MX%22%3E++%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A9.0pt%3Btext-align%3Ajustify%3B+line-height%3A150%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A14.0pt%3Bline-height%3A150%25%3B+%22+lang%3D%22ES-MX%22%3EAnte+el+Juzgado+%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A14.0pt%3Bline-height%3A150%25%3B%22%3EJUZGADO++D%C3%89CIMO++SEGUNDO++DE+LO+CIVIL%E2%80%9D%2C+se+tramit%C3%B3+el+juicio+ordinario++mercantil++EXPEDIENTE+941%2F2005.+Secretar%C3%ADa+%E2%80%9CA%E2%80%9D%2C+en+el+que+se+reclamaba+el+pago+del+importe+de+un++pagare+en++administraci%C3%B3n++expedido+por+el+Bancomer+S.A.%2C++en+el+que+se+se%C3%B1al%C3%B3++literalmente%3A+%3Ci%3E%E2%80%9CPAGARE+EN+ADMINISTRACI%C3%93N+CON+RENDIMIENTO+LIQUIDABLE+AL+VENCIMIENTO+POR+CINCUENTA+MIL+PESOS%2C+INSTRUCCI%C3%93N+PAGO+DE+INTERESES+%2C+REINVERSION+DE+LOS+INTERESES+MAS+EL+CAPITAL+AL+VENCIMIENTO%2C+RENOVACION+DEL+CAPITAL+INICIAL%E2%80%A6.%E2%80%9D.%3C%2Fi%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A9.0pt%3Btext-align%3Ajustify%3B+line-height%3A150%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A14.0pt%3Bline-height%3A150%25%3B%22%3EEl+documento+mercantil+por+as%C3%AD+determinarlo+el+C%C3%B3digo+de+Comercio++y+la+Ley+General++de+T%C3%ADtulos+y+Operaciones+de+Cr%C3%A9dito%2C+fue+endosado+al+dorso+del+mismo+en+favor+del+actor+en+ese+juicio+y+el+procedimiento+se+vio+empantanado+por+que+la+demandada+solicitaba+la+aplicaci%C3%B3n+retroactiva+de+leyes+expedidas+despu%C3%A9s+de+la+emisi%C3%B3n+del+pagar%C3%A9+%2C+maniobra+prevista+y+penada+por+el+articulo+310+del+C%C3%B3digo+Penal+del+Distrito+Federal+como+FRAUDE+PROCESAL+y+en+el+momento+de+dictar+resoluci%C3%B3n+el+se%C3%B1or+Juez+estim%C3%B3+que++%3Cb%3E%3Ci%3E%E2%80%9C%E2%80%A6%3Cu%3Eel+endoso+de+un+documento+mercantil+no+surt%C3%ADa+efectos%2C+por+tratarse+de+un+acto+civil+al+que+eran+aplicables+los+art%C3%ADculos+2033+y+2036+del+C%C3%B3digo+Civil%2C+y+por+tanto+el+actor+carec%C3%ADa+de+legitimaci%C3%B3n+en+juicio%3C%2Fu%3E%E2%80%A6%E2%80%9D%2C++%3C%2Fi%3E%3C%2Fb%3Ey+se+absolvi%C3%B3+al+demandado+%3Ci%3EBBVA+BANCOMER+S.A.++%3C%2Fi%3E++La+referida+sentencia+es+contraria+a+los+mandatos+contenidos+en+los+art%C3%ADculos++75%2C++78%2C+359+y+360+del+C%C3%B3digo+de+Comercio+y+de+las+leyes+relacionadas%2C+anteriores+a+las+reformas+del+a%C3%B1o+1996%2C+como+los+art%C3%ADculos+++37%2C+76%2C+170%2C+175%2C+208%2C++228%2C+229%2C+389+y+391%2C+de++la+Ley+General+de+T%C3%ADtulos+y+Operaciones+de+Cr%C3%A9dito+%2C+++nula+de+pleno+derecho+en+la+forma+que+ordenan+los+art%C3%ADculos+8%2C+2224%2C+y+2226+del+C%C3%B3digo+Civil+Federal%2C+ya+que++establecen+con+toda+claridad.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A1.0cm%3Btext-align%3Ajustify%3B%22%3E%3Cb%3E%3Ci%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A11.0pt%3B%22%3EARTICULO+8.-+++%3Cu%3ELos+actos+ejecutados+contra+el+tenor+de+las+leyes+prohibitivas+o+de+inter%C3%A9s+p%C3%BAblico%2C+ser%C3%A1n+nulos%2C++%3C%2Fu%3Eexcepto+en+los+casos+en+que+la+ley+ordene+lo+contrario.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fi%3E%3C%2Fb%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A1.0cm%3Btext-align%3Ajustify%3B%22%3E%3Cb%3E%3Ci%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A11.0pt%3B%22%3E++%3C%2Fspan%3E%3C%2Fi%3E%3C%2Fb%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A1.0cm%3Btext-align%3Ajustify%3B%22%3E%3Cb%3E%3Ci%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A11.0pt%3B%22%3EARTICULO++2224.-++El+acto+jur%C3%ADdico+inexistente+por+falta+de+consentimiento+o+de+objeto+que+pueda+ser+materia+de+el+no+producir%C3%A1+efecto+legal+alguno.+No+es+susceptible+de+valer+por+confirmaci%C3%B3n%2C+ni+por+prescripci%C3%B3n%3B+su+inexistencia+puede+invocarse+por+cualquier+interesado.+%3C%2Fspan%3E%3C%2Fi%3E%3C%2Fb%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A1.0cm%3Btext-align%3Ajustify%3B%22%3E%3Cb%3E%3Ci%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A11.0pt%3B%22%3E++%3C%2Fspan%3E%3C%2Fi%3E%3C%2Fb%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A1.0cm%3Btext-align%3Ajustify%3B%22%3E%3Cb%3E%3Ci%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A11.0pt%3B%22%3EARTICULO+2226.-++La+nulidad+absoluta+por+regla+general+no+impide+que+el+acto+produzca+provisionalmente+sus+efectos%2C+los+cuales+ser%C3%A1n+destruidos+retroactivamente+cuando++se+pronuncie+por+el+juez+la+nulidad+.+De+ella+puede+prevalerse+todo+interesado+y+no+desaparece+por+la+confirmaci%C3%B3n+o+la+prescripci%C3%B3n.+%3C%2Fspan%3E%3C%2Fi%3E%3C%2Fb%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A9.0pt%3Btext-align%3Ajustify%3B+line-height%3A150%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A14.0pt%3Bline-height%3A150%25%3B%22%3E++%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A9.0pt%3Btext-align%3Ajustify%3B+line-height%3A150%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A14.0pt%3Bline-height%3A150%25%3B%22%3Epor+lo+que+se+interpuso+el+recurso+de+Apelaci%C3%B3n+en+el+que+la++Primera+Sala++del+Tribunal+Superior+de+Justicia+del+Distrito+Federal%2C+SIN+ANALIZAR+LA+CUESTI%C3%93N+PLANTEADA+++DEL+ENDOSO+ORIGINAL+DEL+pagare+en+administraci%C3%B3n+base+de+la+acci%C3%B3n%2C+confirm%C3%B3+la+sentencia+de+primera+instancia+y+conden%C3%B3+al+actor+al+pago+de+las+costas+causadas+en+ambas+instancias.+%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A9.0pt%3Btext-align%3Ajustify%3B+line-height%3A150%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A14.0pt%3Bline-height%3A150%25%3B%22%3EVueltos+los+autos+al+Juzgado+Decimosegundo+de+lo+Civil%2C++el+Banco+demandado+solicit%C3%B3+se+le+entregara+el+pagar%C3%A9+en+administraci%C3%B3n+base+de+la+acci%C3%B3n.++Se+dio+vista+al+actor+que+se+opuso+terminantemente%2C+por+que+el+mencionado+pagar%C3%A9+no+hab%C3%ADa+sido+pagado+y+todas+sus+instancias+fueron+desestimadas.+SE+LE+ENTREG%C3%93+EL+PAGARE+EN+ADMINISTRACI%C3%93N++base+de+la+acci%C3%B3n++al+Banco+demandado+y+%C2%A1ya+que%21++%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A9.0pt%3Btext-align%3Ajustify%3B+line-height%3A150%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A14.0pt%3Bline-height%3A150%25%3B%22%3ETu+juzgar%C3%A1s%2C+querido+lector%2C+si+en+este+juicio%2C+como+sucede+y+ha+sucedido+en+miles+de+los+que+se+entablan+%E2%80%9Cinocentemente%E2%80%9D+en+contra+de+los+poderosos+bancos+se+hizo+justicia+o+por+el+contrario%2C+se+trata+de+un+caso+mas+de+absoluta+corrupci%C3%B3n.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E+++%3Cp+class%3D%22yiv790496336MsoNormal%22+style%3D%22margin-left%3A9.0pt%3Btext-align%3Ajustify%3B+line-height%3A150%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A14.0pt%3Bline-height%3A150%25%3B%22%3E+Suponemos%2C+por+que+todo+puede+existir+en+este+mundo+de+arbitrariedades%2C+que+los+expedientes+cuyos+n%C3%BAmeros+menciono++no+ha+sido+entregados+a%C3%BAn+al+Banco+demandado%2C++%E2%80%9C%E2%80%A6para+mayor+seguridad+de+la+operaci%C3%B3n%E2%80%A6%E2%80%9D.+Total+se+tratar%C3%ADa+%3Cb%3E%E2%80%9C%E2%80%A6de+el+extrav%C3%ADo+involuntario+de+unos+expedientes%E2%80%A6%E2%80%9@%3C%2Fb%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E

LA “FE” Y LA JUSTICIA.

2012-01-04T11:25:00.002-06:00

Joaquín Ortega Arenas.

Los diccionarios, definen la FE, (Wikipedia)

Fe, del latín fides, "confiar", es en la terminología religiosa y relacionado con las llamadas virtudes del cristiano, aquella fuerza interior que permite al hombre someterse a las situaciones más adversas para tornarlas a favor de su grupo religioso en nombre de Dios. Según este postulado, el que aplica la fe de forma virtuosa es el que estaría en camino de ser sabio, porque sabría cómo cumplir con los objetivos que le han marcado y que él mismo está conforme y profundamente convencido de ello. De igual manera, según lo anterior, el virtuoso de la fe sabe cómo poner a los demás de su lado (cristianizarlos) y los lleva a alcanzar un objetivo común que al final es el indicado por Dios.

Implica, por tanto un componente intelectual, ya que la fe no es un consentimiento, sino un asentimiento y considera un motivo específico.

La fe es, generalmente, la confianza o creencia en algo o alguien. Puede definirse como la aceptación de un enunciado declarado por alguien con determinada autoridad, conocimiento o experiencia.

Las causas por las cuales las personas se convencen de la veracidad de una fe, dependerán de los enunciados filosóficos en los que las personas confían. La palabra «fe» puede también referirse directamente a una religión o a la religión en general, sin embargo, tener fe no implica tener una religión. Al igual que la "confianza", la fe implica un concepto de eventos o resultados futuros, y puede o no carecer de un mínimo de pruebas.

La Fe según la Biblia

La Fe es un concepto judío que se deriva de la palabra hebrea emuná que significa tres cosas: firmeza, seguridad y fidelidad. Para el pensamiento judío, una fe que no incluya seguridad o fidelidad, es lo mismo que separar el espíritu del cuerpo, es decir: es una fe muerta (Stg 2:26).

Ésta es la definición de la fe dada en la carta a los hebreos:

"la Fe es la certeza de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve" (Heb 11:1).

La palabra griega: 'élenjos' se suele traducir tradicionalmente por: 'convicción', pero como hemos visto, la fe no es sólo convicción; sino obrar consecuentemente con lo que uno cree. Élenjos también significa: "evidencia" o "prueba de algo". Así pone Yakov (Jacobo, o Santiago) el ejemplo de Abraham: que creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero únicamente validó esa convicción cuando llevó a su hijo al altar, como Dios le había mandado (Heb 11:17; Stg 2:21-22).

Derivado de éstos conceptos, las teologías aceptan como “FE”, “…creer en lo increíble, ver lo invisible y lograr lo imposible…”

Si descendemos de los conceptos puros y nos colocarnos en el insolente mundo de los hechos, acabaremos por pensar que la “FE” es patrimonio exclusivo de los Tribunales mexicanos y quizá, de los tribunales de muchos países de la tierra. Cuando acudimos a ellos lo hacemos creyendo en que se va a aplicar estrictamente la ley como la Constitución “obliga” en sus artículos 14 y 16 y el Código Civil Federal en los numerales 1 a 12, 18, 19, 20 y 21, repetidos en todos los Códigos Civiles de los Estados y del Distrito Federal; ejercitamos las acciones correspondientes con la certeza de que nos asiste la razón y nos protege la ley; probamos plenamente los hechos constitutivos de las demandas y generalmente, ganamos en primera instancia. La parte contraria interpone los recursos que la ley establece y, aquí, como dice el refrán, es “…cuando la puerca tuerce el rabo…”. Los tribunales superiores son generalmente colegiados y en ellos se diluye la responsabilidad de los juzgadores y empiezan las dificultades. Por mayoría de votos, perdemos y nos vemos precisados a solicitar el amparo protección de la Justicia Federal, cuyas sentencias son legalmente inatacables por ordenarlo así el artículo 107 constitucional en u Fracción IX. ¡Ganamos!, pero nuestro gozo se va al pozo cuando el perdidoso es un Banco, o una dependencia gubernamental. Puede pedir amparo en contra de la ejecutoria presuntamente definitiva. La Suprema Corte ha encontrado la forma de que eso se haga y, el mismísimo tribunal que concedió el amparo, lo revoca, inventando, si es necesario, nuevas razones, “por mayoría de dos votos” y, esa ejecutoria, si es definitiva. Hemos visto el ciclo perfecto de lo que es la Teológica fe. “…creímos en lo increíble, vimos lo invisible y algún sacrosanto protegido de los dioses, logró lo imposible…”.

Para que el sistema funcionara con más facilidad, se “inventaron” las inefables “…contradicciones de tesis…”. Hay ya tomos y tomos de ellas. No dejamos de preguntarnos ¿Cómo es posible que en tantas y tantas ocasiones se haya equivocado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sosteniendo criterios contrarios y hasta contradictorios, si las leyes son las mismas?¿Cómo es posible que una “TESIS” (del griego (θέσις thésis ‘establecimiento, proposición, colocación’, aquí en el sentido de ‘lo propuesto, lo afirmado, lo que se propone’; originalmente de tithenai ‘archivar’) es una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Generalmente enuncia una proposición científica, un axioma, que es una premisa que se considera «evidente» y se acepta sin requerir demostración previa), pueda ser contradictoria a otra tesis posterior?

Investigamos hasta el cansancio. Encontramos que lo que ha sucedido es que ha cambiado el gobierno en turno. Sólo como ejemplos, mencionaremos: Se creó un impuesto para sufragar los gastos de la Olimpiada de 1968 (Sobre tenencia y uso de vehículos). Terminaron los juegos y el impuesto siguió. Llovieron los juicios de amparo y la justicia federal concedió cientos de ellos hasta que surgió una tesis contradictoria y el impuesto se tornó en “constitucional”. Las contribuciones sobre la propiedad de bienes inmuebles se determinaban conforme a la capacidad contributiva del causante (Artículo 31 Fracción IV de la Constitución). Las autoridades dieron en señalarlas según sus necesidades y a capricho y la Justicia Federal determino la inconstitucionalidad de ese sistema. Tesis y mas tesis pero apareció, de pronto, una declarando constitucional ese tipo de cobro de impuestos. ¿Cómo, porque? y, Contradicción al canto y ese ilícito cobro, tan perjudicial para el pueblo, se volvió “legal y justo”.

Las pensiones de retiro de los burócratas. El artículo 57 de la Ley del ISSSTE debían señalaba serían iguales al salario que percibían los trabajadores que los sucedían en el cargo, indexadas con los aumentos que el mismo recibiera. Cambio la Ley determinando un límite para las pensiones sin tomar en cuenta que éstas se fijaban en base a los descuentos que se hacían a los trabajadores de sus salarios y así se empezó a hacer a todos los pensionados, aplicando en forma retroactiva las reformas a los que ya disfrutaban de ellas. Obvio , llovieron juicios de amparo que determinaron la inconstitucionalidad de ese sistema porque el artículo 14 constitucional prohibía la aplicación retroactiva de las leyes a persona alguna hasta que,… sobrevino una tesis contradictoria. Se planteó la sacrosanta “Contradicción de Tesis” y se declaró que en esos ilícitos actos no había aplicación retroactiva de la ley. La Segunda Sala de la Suprema Corte en 29 Junio 2010... derivó de una contradicción de tesis de jurisprudencia, limitar el monto de las pensiones. La Confederación Patronal de la República Mexicana, simplemente comento “Afecta a los trabajadores el criterio de la Suprema Corte sobre pensiones…”

De un plumazo, sería mejor señalar que “de un plomazo”, los trabajadores perdieron los descuentos que les habían hecho a sus salarios y las pensiones cayeron inexorablemente hasta el límite de seis mil pesos mensuales. Queda en el aire una obligada pregunta .¿Que les pasó a los miles de millones de pesos que durante años y años de cotizar “para su vejez” juntaron los trabajadores y les fueron escatimados?

Mediante ese facilísimo procedimiento, se han realizado operaciones como la de legalizar el cobro de intereses sobre intereses…sólo permitido a los bancos. El rescate de los sacrosantos bancos con un brutal endeudamiento de los ciudadanos, es legal y “permitido por la Constitución”. Un mexicano con sólo nacer, se convierte en sujeto de crédito y ya debe más de cien mil pesos… y la danza de las “tesis antitéticas” sigue su curso…

Con la aplicación de cientos o miles de “Tesis antitéticas” las autoridades y los litigantes inmorales han verificado tremendos atropellos a la ley y a la justicia, “legalmente”, como legalizar el “anatocismo”, (cobro de intereses sobre intereses que ¡otra vez más, sólo beneficia los bancos!”.

Interpretar la ley y aplicarla no basta, hay que juzgar y enseñar con el ejemplo.

La COMUNIDAD DE ESTADOS AMERICANOS Y DEL CARIBE

2011-12-12T23:06:00.001-06:00

Joaquín Ortega Arenas.

“Honor a quien honor merece”: Francisco de Miranda, preceptor de Simón Bolívar, planteó en los inicios del Siglo XIX la necesidad de formar “un imperio independiente que se conformara con todos los territorios en el “Nuevo Continente” ocupados por españoles y portugueses, desde el Río Misisipi, (hoy Estados Unidos de América) hasta la tierra de Fuego, en el extremo sur de las hoy Repúblicas de Argentina y Chile. Pensó y expuso que ese imperio debería llamarse “Cristóbal Colón”

Simón Bolívar en su “Manifiesto de Cartagena” de 20 de julio de 1810, propuso la unión de todos los pueblos latinoamericanos para lograr su independencia, la cual reiteró después el 6 de septiembre de 1815 en la llamada “Carta de Jamaica”.

Los Países ubicados en lo que llamamos “Latinoamérica”, desde la llegada de los europeos a estas tierras, han sido materia de despojos permanentes. México y Perú, han generado desde el Siglo XVI y mantenido la riqueza del Estado Español, con el oro de sus minas; pero en el vasto territorio que ocupan, se encuentran hasta el día de hoy, los más grandes yacimientos de ese metal, ya que en Venezuela se han encontrado con los sistemas modernos de investigación, las mayores reservas de oro del mundo. La República de Chile atesora en su territorio los más grandes yacimientos de cobre en el mundo, como Bolivia en el suyo, los de estaño, hasta hace poco patrimonio exclusivo de la familia Patiño, de Antimonio y Plata, a más de algunos hidrocarburos; La República Argentina, posee una economía fuerte, con la cadena de la soya como una de las tres más importantes del país, junto a la petroquímica y a la metal-mecánica. La producción de cárnicos y productos animales y otra gran variedad de productos ; Brasil, es rico en minería, productor de diamantes, oro, hierro, magnesio, níquel, fósforo, plata, uranio; tiene la primera cabaña bovina mundial; es el mayor productor de café en el mundo; su industria manufacturera produce televisores, celulares, computadoras, automóviles y aviones. Ecuador, Petróleo, (40% de sus exportaciones); plátano, café, aceite de palma, cacao, caña de azúcar, algodón y maíz.; maderas duras y blandas (balsa), eucalipto, pino, cedro, nogal, ocupa el segundo lugar mundial en la producción de camarones, que exporta a Estados Unidos, Japón y España; Perú, que realiza la exportación de sus inmensos recursos naturales, principalmente mineros, agrícolas y pesqueros; Cuba, sentenciada por el bloqueo norteamericano a sufrir, ha logrado, sin embargo, colocarse a la cabeza de todos los países del mundo en medicina y en la excelencia de su juventud deportiva, que gana Olimpíadas y Juegos Panamericanos en una proporción muy importante considerando su población.

Es importante señalar que dentro del ámbito de Latinoamérica, existen territorios ingleses, (Belice y Jamaica), Franceses, (Martinica y Guadalupe); holandeses, (Curazao y Aruba) y de hecho, Puerto Rico, Estado libre asociado de los Estados Unidos.

Con este panorama, nos asalta la duda ¿Qué puede aportar México a la nueva Comunidad de la que es oficialmente parte?

Hace ya varios sexenios que casi hemos vuelto al estado colonial que teníamos hace doscientos años. En el sexenio 1976-1982, se expropiaron a los banqueros mexicanos ( Salvador Ugarte, Manuel Espinoza Iglesias, Aníbal de Iturbide, Alfonso Díaz Garza, etc.) los bancos y en el siguiente sexenio se los regalamos a extranjeros, BBVA Bancomer, Banco de Santander,( españoles) Banamex, City Corp.( estadounidense) al Scotiabank Inverlat S.A., ( (canadiense), H.S.B.C, ( Británico) etc., que obtienen multimillonarias utilidades que salen inexorablemente de México. A partir de 1988, hemos ido enajenando, diríamos mejor, regalando nuestra riqueza minera a canadienses, petrolera, eléctrica y otras a Españoles que casi nos han reconquistado por conducto de “Repsol” inefable empresa hoy, accionista importantísima de nuestro antiguo orgullo, PEMEX. Las Compañías cerveceras hoy son holandesas … ¿Qué le vamos a hacer, si nuestros gobiernos día a día son … menos NUESTROS?

Se nos está escapando la oportunidad de cumplir los sueños de Miranda y Bolívar. ¡Una verdadera pena!

FELICIDADES Y HASTA EL 2012.

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.

2011-12-04T22:26:00.001-06:00

Joaquín Ortega Arenas.

La Constitución mexicana fue convocada mediante Decreto expedido por el Presidente Venustiano Carranza el 14 de septiembre de 1916, cuando una gran parte del norte de la República se encontraba literalmente ocupado por once mil soldados al mando del general John J Pershing, que “perseguían con infantería, artillería, caballería y aviones Curtiss R2, a Francisco Villa, para imponerle el castigo que merecía por la ocupación efímera de una aldea de la frontera norteamericana llamada Columbus….”, contando para ello con la autorización expresa del –patriota-, Presidente Carranza. La Constitución fue aprobada el 5 de febrero de 1917 en la Ciudad de Querétaro. Contenía en su Capítulo I .-De las garantías Individuales, (Artículos 1 a 29) algunas novedades entre las que resaltaban la libertad de trabajo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, el derecho a la vida, la libertad, de sus posesiones y derechos, etc.

Por la inclusión en su articulado de temas relacionados con los sectores agrario y laboral en los artículos 27 y 123 se le consideró, en su momento, una constitución de vanguardia. En su numeral 14, señalaba que no se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y con una interpretación torcida de la Suprema Corte de Justicia, se determinó que aplicar la misma Constitución podía violar ese principio y se amparó a las Compañías Petroleras para que se les respetaran las concesiones anteriores a la propia constitución. En honor a la verdad, es la única barrabasada que le conozco al Alto Tribunal antes de 1934 y, obviamente fue inducida por el Gobierno de Álvaro Obregón para que los Estados Unidos lo reconocieran, violación que, de la mano con los Tratados de Bucareli, simultáneos con la ejecutoria que menciono, es responsable de muchas de las calamidades que nos ahogan aun hoy día.

El 1 de diciembre de 1934, tomó posesión como Presidente de la república Lázaro Cárdenas, atado ya por el cumplimiento del segundo Plan Sexenal ideado e implementado por el “Jefe Máximo de La Revolución” , Plutarco Elías (Campusano) Calles que seguramente se inspiró para en el “Diritto di Lavoro” de Benito Mussolini. En verdadera cascada, se limitaron las garantías individuales y sometieron a autorización previa por parte del Gobierno; primero la mas peligrosa para gobiernos dictatoriales, “la libertad de prensa”. Se crearon dos organismos gubernamentales para ello, El Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP), que debería revisar toda las publicaciones antes de aparecer ante el público, y la Productora e Importadora de Papel S.A., (PIPSA) que monopolizó el papel periódico. “Te allanas a mis requerimientos, tienes papel. Te niegas, para ti no hay papel”. Libertad de asociación: toda asociación debe de contar con permiso previo de las Secretarías del Trabajo, o de Gobernación, Industria y Comercio (Economía) etc. “Gracias” a ese sistema, se acabaron los sindicatos libres: Puedes tener cien mil agremiados o más, pero nunca tendrás un sindicato si “no tienes registro y toma de nota”. La necesidad de autorización y registro se extendió a todas las organizaciones “posibles”. Comerciantes, Industriales, profesionales laborales, campesinos, todos requieren de registro gubernamental previo para tener vigencia y personalidad legal. En el sexenio trágico 1988-1994, se ampliaron esos requisitos a los derechos políticos. “Eres miembro de un partido o no tienes nada” Para que un partido exista se requiere reconocimiento oficial y, eso sí, para poder coptar a los partidos aprobados y reconocidos se les dotó de jugosísimas dádivas.

Sin embargo, la peor de las limitaciones a las garantías constitucionales se la debemos al “noble” Presidente Vicente Fox. Suprimió el derecho a la vida como garantía constitucional en el mes de noviembre de 2005, modificando el artículo 14 constitucional. ¿Que ha habido desde entonces cincuenta y cinco mil o más asesinatos? Que más da, ¡no tenían derecho a la vida!

El señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel (hoy en retiro) dijo en una sesión del Alto Tribunal en plan de crítica que, “….¿ la constitución dice lo que la Corte quiere que diga? Estoy tentado a creer que le tomaron los actuales Ministros la palabra, con la visible excepción hecha del Presidente de la Suprema Corte Ministro Juan N. Siva Meza y el expresidente Guillermo Ortiz Mayagoitia. En una ejecutoria muy discutida y publicada determinaron que la “libertad de expresión” determinada como garantía individual, es irrestricta y permite difamación, calumnia ofensas o cualquier otra cosa en perjuicio de terceros. Algunas publicaciones periodísticas la han calificado como “La ley de la Selva” aunque para nosotros, es el ejercicio desde el poder de dotar de “Patente de corso” a sus consentidos, personas, Instituciones de Crédito, Dependencias de Ejecutivo, etc. ¡Sálvese el que pueda! No es otra cosa.

Desgraciadamente no es una, sino son muchas las pifias de la Suprema Corte. “Procede el juicio de amparo, aun en contra de la Fracción IX del artículo 107 Constitucional, contra una ejecutoria de amparo y la revocación de la anterior por la nueva; “Es procedente la revocación de una ejecutoría del Poder Judicial por el juez inferior a petición del derrotado en el juicio” y la consecuente pérdida del derecho que se había determinado en su favor el Poder Judicial. Hasta aquí lo dejamos, por que tenemos en nuestro escritorio más de cien quejas similares y no es mi deseo abrumar con críticas a ese Alto Tribunal por conductas meramente personales.

LOS FERROCARRILES.

2011-11-28T22:48:00.000-06:00

Joaquín Ortega Arenas.

Uno, si no el más importante, de los inventos que junto con la imprenta trajeron a las civilizaciones el inicio del progreso y desarrollo al que han llegado hasta la fecha, indudablemente es el de los Ferrocarriles, que vinieron a sustituir el movimiento de humanos y mercancías que prestaban carros arrastrados por bestias, que podían ser del tamaño necesario para que los caballos o bovinos que proporcionaban la fuerza, pudieran arrastrarlos. Se inventaron rieles de diversos materiales, como un paso más para obtener resultados óptimos a este medio de trasporte, pero no fue hasta las postrimerías del Siglo XVIII cuando, empleando los motores movidos por vapor se logró el avance más notorio de ese medio de transporte, haciéndolo más rápido, de mucha mayor capacitad y dinámico, con la consecuencia de llevar todo a todas partes en un tiempo mínimo. Ya durante el primer tercio del Siglo XIX, se construyó en Inglaterra la primera vía con ancho de 1.435 milímetros, que fue adoptada mundialmente para la construcción de vías férreas.

En México, por Decreto de 22 de agosto de 1837, el Presidente Anastasio Bustamante otorgó permiso a Francisco de Arrillaga para la construcción de una vía férrea entre México y el Puerto de Veracruz. En medio de invasiones extranjeras, guerras civiles, asonadas y motines la construcción de vías férreas siguió en forma apresurada, sobre todo durante el Gobierno de Porfirio Díaz, en cuyo último período tenía más de veinticuatro mil kilómetros de vías en explotación.

La “Revolución” casi acabó con esa infraestructura. Las compañías propietarias de los ferrocarriles la sustituyeron en tiempo record, proporcionando al País ese insustituible medio de comunicación que dio servicios óptimos hasta la expropiación de los Ferrocarriles por Lázaro Cárdenas en 1938.

A partir de esa fecha, y hasta el día en que Vicente Fox declaró desaparecidos los Ferrocarriles Nacionales, se habían construido 230 kilómetros de vías. Es indudable que la reinversión permanente en ferrocarriles, habría hecho de México un gran país, pero se interpuso a ese desarrollo la construcción de carreteras y el otorgamiento de concesiones para transporte, a individuos y empresas manejadas por extranjeros, así como la apertura total para importación de vehículos de transporte de personas y carga e inclusive la fabricación de ese tipo de unidades por empresas extranjeras, lo que ha tenido como consecuencia el encarecimiento, en perjuicio de los usuarios y del País, todo, del precio de fletes y pasajes por vía carretera.

No escuchamos el consejo del autor del renacimiento alemán después de la Segunda Guerra Mundial Dr. Djalmar Schat que, interrogado acerca de ese milagro, -contestó- “…No se trata de ningún milagro. Construimos vías férreas y ferrocarriles, y también Fábricas de Ácidos que son la base del progreso de cualquier nación…” .

En México, a partir de la Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales, la decadencia del sistema se hizo patente. Los Directores de los Ferrocarriles, designados de entre los “amigotes” del Señor Presidente poco sabían, y nunca aprendieron, del manejo de las empresas ferroviarias. Paralelamente, decenas de políticos-empresarios recibieron como gracia del Estado, permisos “de ruta” para pasajeros y carga y facilidades para adquirir los vehículos necesarios. Ante la desaparición de los Ferrocarriles, sus “negocios” prosperaron a un grado tal, que… compañías extranjeras los han adquirido.

A nadie ha importado el encarecimiento de los servicios de transporte. ¡El pueblo paga!

Llegó lo que tenía que llegar: Vicente Fox declaró “la desaparición de los Ferrocarriles Nacionales” y su remate al ilusorio precio de $ 0.68 (sesenta y ocho centavos el kilo) según licitaciones publicadas en Internet, pero el kilo en general, desde computadoras, mobiliario, equipo, vías, rieles, durmientes, máquinas Diesel, vehículos, etc., sin distinción.

Hoy recorren un 80% de las vías “desaparecidas” sin recato alguno, ferrocarriles norteamericanos (Santa Fe Trails, Kansas City, etc.) en convoyes de cincuenta y sesenta carros; los que en el rumbo del Bajío transportan granos, han sufrido varios asaltos de los que nos enteramos los vecinos de la zona nada más. Alguna nota aislada da cuenta de ellos en uno que otro medio de difusión. Pero en el Bajío la voz corre. “Son asaltados por centenares de personas que “roban” parte de esos granos … “para comer”.

ACCIDENTES RAROS

2011-11-16T16:30:00.001-06:00

Joaquín Ortega Arenas

Allá, en el ya lejano año de 2005, un helicóptero en el que viajaba el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, se estrelló, literalmente, contra un cerro. Los datos técnicos del helicóptero señalaban que era imposible que se estrellara de frente contra algún objeto, porque tenía al último grito de la moda, un altímetro que detectaba la cercanía de cualquier objeto y elevaba automáticamente al aparato. Muy, pero muy moderno y eficaz, pero no funcionó y el alto empleado que viajaba en él, quedó como el aparato, hecho pedazos: “se investigarán las causas del accidente hasta sus últimas consecuencia, caiga quien caiga”… ¡Puro cuento! ... ni se investigaron ni cayó nadie. Si la promesa hubiera sido cierta, estarían en la cárcel los encargados de la vigilancia y verificación del aparato, que no detectaron que el eficacísimo altímetro automático… no funcionaba. El tiempo dejó caer su capa de polvo sobre el accidente y ya ni quién se acuerde de la desgracia en la que murió el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal.

Hace poco más o menos tres años que el Secretario de Gobernación del Gobierno Federal falleció igualmente, en un accidente de aviación. Venía de San Luis Potosí el jet y se vino a tierra literalmente “a plomo” sobre una calle aledaña a la Fuente de Petróleos Mexicanos en el Paseo de la Reforma. Milagrosamente, lo que en esos momentos quedaba del aparato, en su caída entró, como con calzador en una calle de diez metros de ancho, sin tocar las paredes de edificios de diez pisos ubicados en esa calle. Otra vez, “Se investigarán las causas del accidente hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga”. No se necesita ser un técnico en aviación para darse cuenta de que un avión sólo cae “en picada” si se le ha caído la cola, salvo el caso de los aviones “Stuka” alemanes, que estaban expresamente diseñados para bajadas en esa forma. Otra vez, “el tiempo dejó caer su capa de polvo sobre el accidente” y ya ni quién se acuerde de que murió el Secretario de Gobernación del Gobierno Federal.

El día once del presente mes, se estrelló en un paraje cercano a la población mexiquense de Chalco, un helicóptero de la Presidencia de la República que conducía al Secretario de Gobernación y algunos otros acompañantes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por voz de su titular sólo ha dicho cosas totalmente sin sentido: el alto (sí, con minúscula) funcionario ignora totalmente los hechos y habla y habla. Para empezar, ha omitido señalar que el helicóptero siniestrado, que no tenía “caja negra” que registrara todos sus datos y condiciones, que no era de la clase llamada “Puma”, que había pertenecido a una casa de juego de Las Vegas que lo utilizaba para llevar turistas a recorrer el Cañón del Colorado; que cuando fue adquirido por el Gobierno en el año de 1987, ya tenía SIETE MIL QUINIENTAS HORAS DE VUELO; y, lo peor, ha mentido al afirmar que estaba continuamente bajo vigilancia señalando que la última revisión se le había hecho el día 6 de noviembre de 2011. Ha salido a la luz, relatado por los propios actores en el caso, que el día anterior al accidente hizo un viaje a la ciudad de Colima y que como venía fallando se le hizo una rápida verificación.

Independientemente de esa cadena de mentiras, se ha dado a conocer el Plan de vuelo del día del accidente: del hangar presidencial, al Campo Marte, en donde sería abordado por sus pasajeros y de ese lugar a la ciudad de Toluca en línea recta, sobrevolando la serranía de Las Cruces. Se comenta que el piloto, sin aviso alguno cambió el plan de vuelo y pretendió llegar a la ciudad de Toluca librando la Sierra de la Cruces por el Valle de Chalco, camino más largo pero que permitía eludir el ascenso sobre Las Cruces; sin embargo, tampoco pudo sobrevolar la pequeña sierra de Tlalmanalco.

Los vecinos del paraje en el que se registró el accidente señalaron que habían oído el ruido de los motores del aparato fallando y de repente un estallido. Insisto, no se necesita ser un técnico en aviación para suponer que al aparato le faltó fuerza para seguir la ruta trazada; el piloto, seguramente para no fallar en su cometido tomó la del Valle de Chalco, y los motores empezaron a fallar. El estallido que oyeron los testigos, bien pudo provenir de que la fatiga de los metales, la que Wikipedia define como:

En ingeniería y, en especial, en ciencia de materiales, la fatiga de materiales se refiere a un fenómeno por el esfuerzo. Aunque es un fenómeno que, sin definición formal, era reconocido desde la antigüedad, este comportamiento no fue de interés real hasta la Revolución Industrial, cuando, a mediados del siglo XIX comenzaron a producirse las fuerzas necesarias para provocar la rotura con cargas dinámicas.

Un aparato con veintinueve años de uso, siete mil quinientas horas del vuelo, mal atendido, bien pudo sufrir de la fatiga de los metales, no sólo en sus motores, sino en todo su fuselaje y tren de aterrizaje, por ruedas, y desgraciadamente al tratar de tomar tierra el piloto, le resultó imposible y se estrelló de frente en una irregularidad del terreno. Los tripulantes y pasajeros deben haber sufrido la angustia de saber que iban a morir durante un lapso de más de diez minutos, pero ya vendrá el tiempo con su polvo de olvido a sanar la terrible herida que casos como éste, debido a la corrupción de propios y extraños, nos ha causado.

EL ÚNICO REMEDIO.

2011-11-07T17:44:00.002-06:00

Joaquín Ortega Arenas

“… la corrupción sólo existe donde la justicia la permite…”

Juan Vicente de Güemes

Segundo Conde de Revillagigedo.

Es en vano que tratemos de engañarnos. Nuestra querida Patria está enferma de las más grave de las enfermedades que afectan y han afectado a los pueblos de la Humanidad desde hace muchos siglos: “La Corrupción”, en todos sus órdenes.

Todos los movimientos sociales importantes han sido motivados por la existencia de la corrupción. De entre esos movimientos, uno, el llamado “la Revolución Francesa”, originado por la escandalosa corrupción de la nobleza, desembocó en el nacimiento de una nueva era para el mundo entero. A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el Código Civil Francés de 1890, nada es igual. La corrupción de la corte rusa determinó el nacimiento de la URSS. La corrupción del régimen de Fulgencio Batista en Cuba, el de la heroica Cuba que conocemos , pese al brutal bloqueo económico que han ejercido sobre ese jirón de Latinoamérica , nos ha venido a enseñar hace unos cuantos días , lo que significan la dignidad, la educación y el respeto por una juventud, que en los recientes juegos Panamericanos obtuvo 20 medallas de oro, contando sólo con 11 millones 177,743 habitantes; Estados Unidos, obtuvo 82 medallas de oro, siendo un País con 308 millones, 745 538 habitantes lo que nos obliga a reconocer la inmensa diferencia entre las juventudes de los Estados Unidos y Cuba que, además ha logrado el primer sitio mundial en medicina.

Deberíamos pensar en emular a esa pequeña República del Caribe, seguramente libre de Sindicatos de Trabajadores de la enseñanza y otras zarandajas. La República Popular China se formó por la protesta del pueblo campesino, por la corrupción del gobierno de Chiang Kai-Shek, y tomó vida el 1 de octubre de 1949. En sólo 62 años sin corrupción, China se ha convertido en la más poderosa de las naciones de la tierra.

La corrupción, como lo señalara con conocimiento de causa y razón el Segundo Conde de Revillagigedo, Virrey de la Nueva España del 16 de octubre de 1789 al 11 de julio de 1794 “…sólo existe donde la justicia la permite…”. Insisto, en México ha existido desde la conquista, la colonia y el México Independiente sin que la justicia “note” esa tremenda lacra, porque así ha convenido a los detentadores del Poder. La constitución federal de 1824 fue el resultado de la lucha entre centralistas y federalistas y recogió ideas de la Constitución Norteamericana; estableció el principio de división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, la religión católica, y la forma de gobierno representativa, popular y federal, señalando como las partes de esa federación, “…los estados y territorios que se acaban de crear…”, con lo que traicionó desde su nacimiento al sistema federal que se crea por la reunión de estados ya existentes.

Surgieron como fuerzas políticas, el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Primero formado por las clases superiores, pretendía un gobierno central tendiendo hacia la monarquía. El segundo, propugnaba por un gobierno republicano y federativo. La lucha entre ambas corrientes sigue vigente hasta nuestros días con la sola variación de nombres. Una reforma ocurrida en 1836, volvió el País al Centralismo.

En el año de 1947 en plena efervescencia por la guerra con los Estados Unidos, se dictó un “acta constitutiva y de reformas “ en las que se señaló la vuelta al Federalismo, la elección directa de diputados, senadores, presidente de la Republica y magistrados de la Suprema Corte , y se sentaron las bases para una dictadura en tanto se otorgó al Congreso la facultad de dictar leyes que restringieron los derechos de los estados federados, entre los que el más grave fue prohibir que se anularan localmente las violaciones constitucionales, reservando esa facultad para la Federación.

El Estado de Yucatán, descontento por el régimen centralista enmarcado en la entonces vigente Constitución de 1836, conocida como Las Siete Leyes de 1836, amenazó con separarse de la República mexicana. Con la consiguiente preocupación, se le otorgó la facultad de legislar su propio régimen jurídico, como si se tratase de un Estado federalista dando origen a la Constitución de Yucatán del 31 de marzo de 1841. Esta constitución recogió en el artículo 53, un proyecto elaborado por Manuel Crescencio Rejón, que expresaba textualmente: "Corresponde a este tribunal reunido, [la Corte Suprema de Justicia]: 1º. Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que procediere".

Así se habló por primera vez del amparo, existente en Suiza hasta 1320, y en la España de Alfonso X, en el que era facultad real, ahora decretado por órganos jurisdiccionales para combatir agravios contra las garantías individuales, plasmado en el proyecto de Rejón y en la Constitución yucateca de 1841. La reforma se convirtió en un arma del poder en contra de los ciudadanos, cuya autoría correspondió a Mariano Otero. En el artículo 25 del Acta de Reformas 1847, se estableció el juicio de Amparo como monopolio de la Federación, y limitados sus efectos sólo al quejoso, lo que determinó que leyes y actos declarados inconstitucionales por la dúctil justicia federal, se verificaran y aplicaran libremente plasmado en la Constitución Federal de 1857, y 60 años más tarde, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, actualmente vigente en el país. Desde su nacimiento, el juicio de amparo fue literalmente castrado y como señalamos, convertido en arma del Estado empleada en contra de los ciudadanos. Las interpretaciones que la Justicia Federal da a la constitución, como señaló un Señor Ministro hace poco en sesión Pública, ha determinado que “… La constitución dice lo que la Suprema Corte quiere que diga…”

Hoy, afortunadamente tenemos el remedio a la mano. Se ha desaparecido el “Principio Otero” y las ejecutorias en las que se haga una interpretación directa de la Constitución, serán vigentes erga homnes. Sólo nos falta que se vuelva al proyecto de Manuel Crescencio Rejón en relación con la vigilancia y aplicación de la legalidad, la que, siendo la base de todas las instituciones y los gobiernos democráticos, debe ser observada y vigilada en todos los órdenes judiciales, del fuero común o federal, no sólo por la Justicia Federal sino por todos los órganos impartidores de Justicia. La vigilancia y aplicabilidad de la legalidad no pertenece al Derecho Constitucional. Es como señalamos, la base del derecho establecida en todos los Códigos Civiles del País y como artículos 8, 2224 y 2226 del Código Civil Federal que señalan:

Artículo 8o.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.

Artículo 2224.- El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado.

Artículo 2226.- La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.

La Suprema Corte de Justicia ha establecido Jurisprudencia firme para que las nulidades a las que se refiere el precepto trascrito, se tramiten ante los Juzgados de Primera Instancia, y contra esa jurisprudencia se otorgan amparos para que los tramite la Justicia Federal cuando así conviene al “ejecutivo”.

Todas, absolutamente todas las autoridades judiciales están obligadas a vigilar y corregir los actos ilegales, no sólo la Justicia Federal, siendo desde luego la última instancia para esa vigilancia y cumplimiento la Suprema Corte de Justicia, a la que deberán llegar las impugnaciones de ilegalidad después de haber sido examinadas, como señalaba Rejón, por las autoridades del fuero común. Se requiere la Reforma Constitucional correspondiente, pero el beneficio será incalculable. El Poder Judicial Federal, convertido hoy en un monstruo que difícilmente puede controlar a sus miles de miembros, se vería disminuido hasta volver a convertirse en Respetabilísimo Tribunal como lo fue durante muchos años. La designación de los altos funcionarios judiciales debe ser en elección democrática de los mismos , como fue planeado desde la primera Constitución Mexicana, para evitar esos compadrazgos y “gratitudes” que tanto daño le han hecho a la impartición de justicia.

Las intenciones del C. Presidente de la Suprema Corte permiten suponer que se combatirá y castigará la corrupción judicial en todos sus niveles. Esperamos que se continúen todas y cada una de las denuncias en contra de Ministros, Magistrados y Jueces que conserva la Procuraduría General de la República en el mas absoluto secreto, y sean del conocimiento público. Los funcionarios corruptos son la peor escoria de la humanidad.

Corregida esa lacra, principiando por el Poder Judicial tanto Federal como Local, podremos llegar a la meta en que llegó, en sólo cinco años como Virrey, el Segundo Conde de Revillagigedo.

¡QUE SORPRESAS NOS ESPERAN!

2011-10-31T15:00:00.001-06:00

Joaquín Ortega Arenas.

Los diarios de hoy, 29 de octubre de 2011 en que escribo este mensaje, publican la noticia:

“… Firmará convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informa consejero. Tendrá la Judicatura acceso a datos financieros de jueces y magistrados. Cada sentencia del ramo federal cuesta 31,381 pesos, dice Moreno Collado en seminario de transparencia…”

A partir de la fecha en que entró en vigor la Ley de Amparo, han ocurrido una serie de hechos, ligados a la justicia y ajenos a ella, que han tenido como consecuencia que la “Justicia Federal” haya , poco a poco, dejado de ser una verdadera Justicia Federal para convertirse en una tercera instancia de la Justicia del Fuero Común, agravando el problema creado por el Jalisciense Mariano Otero, de “acaparar” por decirlo de alguna manera, el control de todas las cosas en este País, que sacralizó Antonio López de Santa Ana en 1848,leyes en que se determinó la muerte del federalismo tan defendido por don José Maria Luís Mora y se abrieron las puertas a la dictadura encubierta en que hoy vivimos, al establecer , bajo el pretexto “ del control de la “constitucionalidad”, el monopolio exclusivo de la federación para esos actos, y su facultad para revocar, vía Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los actos administrativos y legislativos que los dizque estados federados verificaran. Se prohibió a los Poderes Judiciales de los Estados, hacer análisis y pronunciamiento sobre “constitucionalidad” y su soberanía se redujo a una tercera parte de la que un estado democrático requería. Otros Héroes de la Patria tendrían que dar el tiro de gracia a la soberanía de los Estados. Porfirio Díaz, al ampliar la esfera del control de la constitucionalidad, a los asuntos meramente civiles y mercantiles, (1909) y Victoriano Huerta, al determinar que los funcionarios judiciales no deberían ser democráticamente electos, sino designados chapuceramente por el señor Presidente de la República (1914).

Reformas posteriores a la promulgación de la Ley de Amparo han agravado el problema. Se acabó la “Federal” existencia de la justicia, y como lo hemos señalado hemos llegado a formar una justicia superpuesta, supuestamente “Federal”, que no es otra cosa que una Tercera Instancia. Casi cada Estado de la República se ha convertido en un Circuito de la Justicia Federal y desempeña las funciones de una tercera instancia de la justicia del Fuero Común. Obviamente, eso ha disparado el número de expedientes que la nueva tercera Instancia de la Justicia del Fuero común tiene que tramitar pero, no es eso lo peor. La corrupción y venta de injusticia se ha duplicado. Están al mejor postor muchos, pero muchos funcionarios de la Justicia del Fuero Común y se han multiplicado hasta el infinito los juicios de amparo que llegan a la Justicia Federal con la esperanza, muchas veces coronada por el éxito, de encontrar otro funcionario “dúctil” que modifique las resoluciones lícitas del “inferior” o bien que convierta en ilícitas las que se obtienen en la “tercera instancia”.

En la hoy sacrosanta Tercera Instancia, generalmente se dictan sentencias legales y justas que, y aquí está el verdadero problema, en contravención expresa con el mandato constitucional que determina que son improcedentes los juicios de amparo que se enderecen en contra de sentencias dictadas en otro juicio de amparo o en ejecución del mismo, (Fracción IX del artículo 107 Constitucional y Artículo 73 de la Ley de Amparo), los Tribunales o mejor dicho, algunos Tribunales Colegiados admiten nuevos juicios de amparo para “revocar” las ejecutorias de amparo y las sentencias que se hayan dictado por las autoridades responsables en cumplimiento de aquellas.. Conocemos decenas de casos en que existen tres o cuatro juicios de amparo directo respecto a la misma cuestión y en el mismo Tribunal. Tal parece que se trata de una competencia de “ …a ver quién da mas…” o lo que es peor si posible fuera, “…de quién cuenta con un mejor “padrino” para obtener el triunfo en el juicio…” , mas nunca la verdadera justicia.

La medida adoptada por el H. Consejo de la Judicatura Federal que cometamos, nos traerá indudablemente grandísimas sorpresas…y, de verdad sería muy conveniente que los resultados obtenidos fuesen publicados. Los delincuentes, por desgracia, siempre tienen una gran protección con el silencio y el disimulo y desconocimiento de sus fechorías.

COSAS VEMOS.....

2011-10-24T12:38:00.003-05:00

J0aquín Ortega Arenas.

Estamos acostumbrados a ver cosas insólítas. Sin embargo, el exceso de trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha obligado a designar tribunales especializados en dictar sentencias, que sin conocer los expedientes como pretendió la Ley de Amparo que se dictaran, establecen pautas que sirvan de guía a los tribunales tramitadoes que vale la pena conocer. Esta es una de ellas:

JUICIO DE AMPARO
948/2011
EXPEDIENTE AUXILIAR: 346/2011
ASUNTO; para resolver en auxilio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, los autos del juicio de amparo **********, promovido por**********y**********, por conducto de su representante**********, contra actos de la Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por violación a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; y,
I. ANTECEDENTES FORMALES:
1.1. Por escrito recibido el diez de agosto de dos mil once, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y remitido al siguiente día al órgano jurisdiccional auxiliado, Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en dicha localidad, **********y********** por conducto de su representante**********, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que reclama del Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por considerarlos violatorios de las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17, mismos que se hicieron consistir en:
Autoridad Responsable. - - - El C. Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. - - - IV.- Acto Reclamado. - - - Del C. Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla Estado de México, con residencia en Naucalpan, en los autos del Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Juicio Concluido, promovido por ********" como cesionario del señor **********, en contra de los señores (1) **********, (2) **********, (3) **********, (4) **********, (5) ********** (6) ********** (7) **********, (8) ********** ********** **********, (9) ********** **********
(/ ********** /4 1) ********** (12) **********, (13)
, ,
...******* (14) ********** (15) ********** (también
conocido como
(17) **********
********** y/o **********), (16) **********8) ********** (19) **********
********* y Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de
Banca Múltiple, que se tarmita (sic) bajo el expediente número **********, reclamo: - - - a) La sentencia interlocutoria de fecha 5 de julio de 2011, relativa recurso de revocación en contra del auto dictado el día 3 de julio de 2007 presentado por los hoy quejosos, la cual en sus puntos resolutivos textualmente resolvió lo siguiente: - - - (se transcribe)."
1.2. Mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil once, el secretario encargado del despacho del juzgado auxiliado admitió a trámite la demanda de garantías, a la que le correspondió el número de expediente **********, solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, ordenó emplazar a la parte tercero perjudicada y dar vista al representante social de su adscripción; y, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició el juez auxiliado en los términos del acta que antecede.
1.3. Recepción del juicio de amparo proveniente del juzgado de distrito auxiliado. Por oficio 40909 de nueve de septiembre de dos mil once, del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, fue remitido el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, donde se recibió el trece de septiembre del año en curso y se turnó a este órgano jurisdiccional el diecinueve de septiembre siguiente, a fin de que se pronuncie la sentencia respectiva; y, 11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1:
"Articulo 77.- Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener: (...) II.- Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;". 1.1.- Competencia.- Este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Puebla, Puebla3, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, IV, VII, de la constitución general de la república; 36 y 114 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Es competente, además, en términos de los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 11/2011 y 10/2008, relativos, el primero, a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los cuales se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el último, a la creación e inicio de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.
Por último, se sostiene la competencia de este órgano jurisdiccional conforme al oficio STCCNO/2158/2010 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se determinó el apoyo que los Juzgados Primero, Segundo y Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, deben otorgar a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y, hacer efectiva la
2 Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 115/2010, de la Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 323, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del contenido literal siguiente: "ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de /a Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con /a competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y /a facultad para ello no puede disociarse de /a de emitir el fallo.".
3 Conforme al Acuerdo CCNO/5/2011, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de este órgano jurisdiccional.
garantía contenida en el artículo 17 de la constitución federal, en beneficio de los justiciables en esa entidad.
11.2. Materia del juicio de amparo. En términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo4, de la lectura integral de la demanda e incluso de analizar la totalidad de la información del presente sumario, se deduce que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes:
Ø La resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil once dictada en el expediente **********, relativa recurso de revocación interpuesto contra el auto de tres de julio de dos mil siete, en cuya parte conducente ordenó girar oficio al registro público de la propiedad y del comercio para que procediera a inscribir de manera preventiva la demanda sobre los datos registrales de los inmuebles en cuestión, en el juicio ordinario civil seguido por la
sucesión de **********y otros contra **********, los hoy
quejosos y otros.
11.3. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. La Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las copias certificadas del expediente **********, remitidas en apoyo a su informe, constancias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo.
III. Procedencia del juicio.
4 "Articulo 77.- Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:- - - I.- La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;"
Al inexistir causal de improcedencia alguna invocada por las partes, o bien, advertida de oficio por este operador jurídico, se estima procedente entrar al análisis del fondo del presente asunto.
IV. Delimitación del problema.
La litis constitucional se centra en determinar en el caso específico, los alcances jurídicos del artículo 8.46, fracción I, del Código Civil del Estado de México, que regula las anotaciones preventivas de las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho sobre aquellos; precepto que aplicó la autoridad responsable en el acto reclamado, en función a lo acontecido en el juicio natural.
V. Hipótesis de la parte quejosa.
Los hoy quejosos aducen en esencia, se viola en su perjuicio los principios de equidad, congruencia, así como las garantías de audiencia y debido proceso, en contravención a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al estimar que la juez responsable en forma ilegal señaló que la anotación preventiva de la demanda es un acto que sólo debe estar regulado por el artículo 8.46 del Código Civil para el Estado de México, sin comprender el diverso cardinal 2.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual se encuentra dentro del título segundo, capítulo cinco, denominado "De las providencias precautorias". Además, una vez superada la anotación preventiva de la demanda, es una providencia precautoria.
La responsable debió considerar que la ley sustantiva prevé la posibilidad de la inscripción preventiva de las demandas en la institución registral, y seguir las formalidades del procedimiento respecto de esas inscripciones contenidas en el título segundo, capítulo cinco, del Código deProcedimientos Civiles del Estado de México, denominado "De las providencias precautorias".
El derecho de anotar de manera preventiva en el registro es denominado por la ley y la doctrina como una medida o providencia cautelar o precautoria, en el entendido de que dicho instrumento tiene como finalidad el conservar la materia de litigio (el inmueble que está en controversia), así como mantener el elemento de oponibilidad que le otorga las instituciones registrales al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles.
El tercero perjudicado ********** se limitó a realizar la solicitud de la providencia precautoria, sin señalar el por qué de su necesidad y menos acreditar esa supuesta necesidad.
La garantía de legalidad se debe aplicar de manera exacta al caso, y en específico a las cuestiones procesales, pues la legislación adjetiva decide el derecho que se otorga a los ciudadanos mediante leyes sustantivas.
El artículo 8.46 del Código de Estado de México señala que las anotaciones preventivas deben y pueden pedirse en los juicios que versan sobre inmuebles, de tal manera, para poder cumplir con esa solicitud, tanto el petitorio como el juzgador deberán seguir las reglas establecidas por la ley adjetiva o procedimental de la materia.
Conforme al numeral 2.77 del Código de Proóedimientos Civiles del Estado de México, se advierte que el legislador estableció los únicos casos en los que se puede decretar una providencia precautoria, cuando se lleve a cabo una acción real, como en el caso, pues de existir un temor de que se oculten o dilapiden los bienes en los que se puedan ejercir la acción real, sí existe una limitante o restricción a la demanda.
El artículo 2.77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establece que toda providencia precautoria es responsable del que la pida, por lo cual debe responder por los daños y perjuicios que se causen, tal y como lo dispone el diverso numeral 2.90 del citado ordenamiento adjetivo.
En el caso, la juez responsable omitió verter razonamiento lógico jurídico por los cuales resultan son inaplicables los ordenamientos adjetivos.
VI. Circunstancias del acto reclamado.
En contraposición, la actitud adoptada por la autoridad responsable se hizo consistir en que la petición de la parte actora de solicitar la inscripción de manera preventiva de la demanda en el juicio ordinario civil, si bien se apoyó en el artículo 2857, fracción II del Código Civil, éste fue abrogado, pero su fundamento se encuentra en el diverso numeral 8.46 del Código Civil del Estado de México en vigor, en cumplimiento a su artículo primero transitorio, aplicable conforme a la fecha de la presentación de la demanda, de tal manera, las partes dan los hechos y el órgano jurisdiccional le compete aplicar el derecho.
Conforme a la petición de la parte actora, sólo se concedió la inscripción de la demanda por ser un acto permitido en la ley en los términos del artículo 8.46 del Código Civil del Estado de México, sin ser aplicable el diverso 2.77 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad, por dejarse de solicitar la inscripción como una medida precautoria, motivo por el cual se dejó de estudiar los supuestos en este último dispositivo.
El juez que dictó el auto inicial, no estaba obligado a pedir acreditar la necesidad de la medida solicitada ni se demostrara que se pretendía ocultar o dilapidar los bienes motivo de este juicio.
La procedencia de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por tratarse de una orden judicial que ordena la inscripción de la demanda, es un supuesto contemplado en el artículo 8.46, fracción I, del código sustantivo de la materia; además, tal numeral y fracción omite señalar que, una vez declarada la procedencia de la inscripción de la demanda, el juez haya tenido la obligación de fijar una garantía por los posibles daños a que hizo alusión el recurrente, en razón de que la inscripción se dejó de solicitar como medida precautoria, de tal manera resulta inaplicable el numeral 2.90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
La petición del actor que se fundamentó en el artículo 4.86 del Código Civil vigente en el Estado de México, inexige la fijación de una garantía al solicitante, motivo por el cual tampoco es aplicable el numeral 2.96 del código adjetivo.
La anotación tiene un carácter transitorio y va al margen de la inscripción principal, en forma preventiva o provisional, y tiene por objeto consignar una situación jurídica que afecta o grava el bien o derecho que consta en la inscripción, y en su párrafo último, cita las anotaciones marginales que serán de dos tipos: notas de relación de asientos y anotaciones preventivas, las primeras deben llevarse a cabo en los términos previstos en el reglamento por tanto, es indiscutible, contrario a lo que aduce la inconforme, sí existe legislación determinante que prevé y autoriza la anotación de demandas tocantes a bienes inmuebles, sin restricción alguna, máxime que son de carácter transitorio, o preventivo, o provisional; de tal manera que la responsable concluyó que los agravios resultaban inconducentes.
VII. Solución.
De la confrontación de los argumentos de la parte quejosa con el contenido en la resolución interlocutoria reclamada, se advierte que asiste razón a la primera.
Explicaciones en uso:aN
8
En una primera tarea jurisdiccional deben interpretarse los alcances fijados por el legislador en la fracción I del artículo 8.46 del Código Civil del Estado de México; para ello, es necesario darle utilidad a la doctrina5, en específico a lo sostenido por Michele Taruffo6, en donde afirma que el razonamiento decisional tiene una estructura dialéctica que va de la norma al hecho y del hecho a la norma7; a saber.
5 Respecto a la aplicación de la doctrina encuentra apoyo la tesis 2a. LXIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, mayo de 2001, materia común, visible en la página 448, de rubro y texto siguientes: "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a /a letra o /a interpretación jurídica de /a ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."; mientras que en su párrafo tercero dispone que "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable a/ delito de que se trata.". Sin embargo, es práctica reiterada en /a formulación de sentencias, acudir a /a doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que /a regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a /a regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que /a función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a /a intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con /a visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a /a doctrina mediante /a referencia a/ pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de /a transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen."
6 Dicha doctrina fue vertida en una serie de conferencias que impartió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales fueron reproducidas de forma textual en un libro intitulado: "Cinco lecciones mexicanas: Memoria del Taller de Derecho Procesal" editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Escuela Judicial Electora, 2003. México D.F. páginas 15 y 16.
Incluso para darle mayor justificación a su teoría proporcione un ejemplo en los términos siguientes: "(...) Luego voy a darles un ejemplo; pero desde el punto de vista teórico, la situación procesal que sirve de punto de partida es aquella en la que hay por lo meno dos versiones de la controversia. Una parte dice, "el hecho se desarrolló así y asado", circunstancias concretas. Tal parte relaciona este hecho con una norma; afirma que este hecho está dentro de lo que prevé esa norma y así es como establece conclusiones. La otra parte hace una operación semejante, pero contraria, porque si no, no habría controversia. - - - Tomentos una de las dos situaciones: una determinada circunstancia de un hecho, por ejemplo, el hecho de que después de un accidente en la calle, una joven y fascinante mujer sufrió heridas tales, que hacen que siga joven, pero ya no fascinante y hermosa como antes. Tenemos por un lado, una norma en el código civil italiano —hay una norma semejante en todas partes- que dice, que cualquiera que haya sufrido un daño injusto como consecuencia de un hecho ilícito, tiene derecho a una indemnización. Ese daño estético como lo llamamos nosotros, ¿entra en esa norma o no? Este es un problema de subsunción del hecho a la norma. Hasta hace no muchos años, la jurisprudencia de las cortes italianas decían que esa norma se refería solamente a daños físicos, o bien a daños económicos, destrucción del auto, por ejemplo, gastos médicos, etcétera; a este tipo de cosas, pero nada más a eso. Ahora se tiende a decir: los efectos del accidente incidieron también sobre la belleza de la persona, y el daño a la belleza es jurídicamente relevante. Los daños a la belleza también existían antes, pero no se consideraban como relevantes jurídicamente. Esto tiene mayor importancia en la vida de hoy, porque una mujer bella tiene relaciones sociales distintas, antes del accidente y después del accidente. - - - Tradicionalmente estas cosas no significaban nada, lo cual quería decir que, cuando una circunstancia de ese tipo no era relevante, no había necesidad inclusive de probarla, no había un problema de prueba en este hecho. De cualquier modo, no habría tenido ningún efecto. Por el lado, de la norma se dice, qué es lo que abarca o no una norma tan general. De ahí se empezó a señalar: no cubre sólo los hechos tradicionales, como el daño resarcible sino también el daño existencial, el daño en la vida de relación. Así, mas o menos, quedaría el daño estético, para llegar a decir, "voy a resarcir el daño", no sólo los demás tipos de daño, sino también este nuevo tipo de daño. - - - El juez tiene que hacer una comparación entre la circunstancia del caso con la que tiene que ver, considerando relevante o no una herida que, por ejemplo, está en la cara y, por otro lado, tiene que modificar la interpretación de la norma, de manera que se vea lo que sucedió en ese específico caso: la edad, la belleza de la mujer y la naturaleza de las heridas. Con circunstancias concretas y el significado de la norma tiene que llegar a construir, entre ellos, una especie de correlación. Tradicionalmente esto no se hacía frente a los mismos hechos y a la misma norma. Esto quiere decir que la relación entre un hecho y una norma no es algo inmediato. No es "herida en la cara igual al artículo 2043 del código civil italiano" (...)."
En la dirección trazada por el referido doctor podemos advertir los hechos generales que le dan sentido a la norma sometida a la interpretación, son:
Por ocurso de veintiocho de junio de dos mil ocho presentado ante el juez de primera instancia en el distrito judicial de Tlalnepantla, Estado de México, **********, en su carácter de cesionario de la sucesión de **********, propietario de los predios denominados "La barranca" y "Loma plana", ubicados en Naucalpan de Juárez, Estado de México, demandó en la vía ordinaria civil, la nulidad de juicio concluido, de los juicios de usucapión con número de expediente ********** y sus acumulados del índice del Juzgado Noveno de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, derivado en sustancia, de que no fue oído y vencido en tal juicio de usucapión y por tratarse de juicios fraudulentos, derivado de que los actores, incurrieron en falta de verdad por simulación, "tal vez", con la colusión de los demandados o diversas personas, pues aduce ser el propietario legal de los predios objeto de ese juicio, entre otras cuestiones; y en el punto petitorio cuarto de la referida demanda, solicitó girar oficio al registrador de la propiedad y del comercio del distrito de Tlalnepantla, adscrito a los municipios de Naucalpan y Huixquilucan, para que se inscribiera de manera preventiva la demanda en esa oficina y se hicieran las anotaciones marginadas en las inscripciones a que se hizo referencia (fojas 1 a 16 del tomo de pruebas).
Por auto de tres de julio de dos mil siete, la Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México, admitió la demanda en la vía y forma propuestas, y con apoyo en el artículo 8.46 del Código Civil del Estado de México, ordenó girar oficio al registro público de la propiedad y del comercio de ese distrito judicial para que procediera a inscribir de manera preventiva la demanda sobre los datos registrales de los inmuebles a que se hizo mención (fojas 96 a 97 del tomo de pruebas).
Pero de esos hechos generales podemos obtener los relevantes que permiten realizar la función interpretativa de la norma en el sentido que lo plantea la doctrina en comento. Este juzgador se refiere a la circunstancia del hecho de que la parte actora solicitara la inscripción de la demanda de manera preventiva ante el Registro Público de la Propiedad y se acordara de manera favorable, implica tener efectos publicitarios y previene a terceros, quienes en un momento determinado pudieran sufrir daños y perjuicios en caso de adquirir los bienes inscritos en litigio, lo cual, desde luego, también favorece a la parte actora, pues el litigio entablado contra los demandados podría resultar infructuoso con motivo de la adquisición de los bienes por terceros ajenos al juicio natural, entre otras cuestiones.
En contraposición, esa medida de inscripción del libelo inicial también implica para la parte demandada, ahora peticionaria de garantías, una afectación en cuanto al alcance y sus consecuencias jurídicas, consistentes en que se encuentran impedidos a disponer de un bien de su propiedad con total libertad, o en su defecto, podría obstaculizar su libre disposición, lo cual podría durar todo el tiempo de la tramitación del juicio de nulidad entablado en cu contra.
Entonces, si los hechos relevantes revisten ciertas particularidades por cuanto a que la actora, aquí tercera perjudicada, tiene derecho a inscribir su demanda para salvaguardar sus intereses en caso de obtener sentencia favbrable; y la parte demandada, ahora quejosa, sufre una afecfación a su esfera jurídica con motivo de ese acto de inscripción; el artículo 8.46, fracción I, del Código Civil del Estado de México, sólo para los efectos de este asunto, debeser interpretado conforme a los principios de igualdad procesal y seguridad jurídica.
Por consiguiente si examinamos el texto incorporado al precepto sometido a interpretación8, a la luz de los hechos relevantes como consecuencia de lo ordenado en el acto reclamado; podemos constatar que la intención del legislador fue proteger los derechos del actor y darle seguridad jurídica, en caso de obtener una resolución positiva a sus intereses y, por lo mismo le permite inscribir de forma preventiva su demanda inicial.
De ahí que si esa fue la intención del legislador para con el actor, debe ocurrir algo parecido en torno a los intereses del demandado, pues éste con la medida de inscribir la demanda de su contrario, quedaría limitado en la disposición del bien inmueble, materia del juicio entablado en su contra.
Sin embargo, como el legislador soslayó incorporar en el texto de la norma esa situación, es imperativo que este juzgador federal reencause tal irregularidad; y eso sólo puede ocurrir con una medida pecuniaria (garantía) que fije la juez responsable para respaldar cualquier eventualidad en perjuicio de la parte demandada.
Pero esos razonamientos no son todo, también se requiere señalar que los mismos argumentos participan de forma directa o indirecta en las medidas cautelares, pues tienen como propósito el de preservar la materia del juicio, por un lado, y por otro, prevenir cualquier eventual daño; por tanto es factible instrumentar la garantía en términos de los artículos 277 y 290 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para darle cumplimiento y coherencia a la presente determinación.usa:
8 8.46.- Se anotarán preventivamente en el registro: I. Por orden judicial, las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquellos;...
Avala este último tópico la tesis P./J. 27/2008, con
número de registro 170,007 Materia Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 1472 de rubro y texto siguiente:
"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES. La suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar que por lo que respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
En esa virtud, procede otorgar el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad responsable proceda a pedir una garantía a la parte actora en el expediente ********** para responder de los posibles daños y perjuicios a favor de los propietarios de los bienes inmuebles inscritos, en el cual otorgue un plazo prudente a su libre arbitrio, la cual deberá fijar con libertad de jurisdicción, pero debe tener en cuenta la posible duración del juicio, el cálculo del valor comercial de los inmuebles inscritos, los motivos por los que la parte actora promovió la demanda de juicio concluido, la razón de la solicitud de la medida preventiva, etcétera; y sólo, en el caso de que se dejara de otorgar esa garantía en el plazo otorgado, se procedería a ordenar al registrador la cancelación de la inscripción de la demanda en el juicio ordinario civil.
VIII. Devolución del presente juicio de amparo al juzgado de distrito auxiliado.
En acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General 10/2008, devuélvase el expediente al juzgado de origen y acompáñese el disquete que contenga la presente sentencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se
IX. DECIDE:
IX.1. La Justicia de la Unión ampara y protege a
*********y********** por conducto de su
representante**********, contra la autoridad y el acto precisados en el apartado 1.1, por los razonamientos y los efectos señalados en el penúltimo apartado de esta sentencia.
IX.2. De conformidad con el último apartado de esta sentencia, devuélvase el expediente al juzgado de origen y acompáñese el disquete que contenga la presente resolución, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centra'Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales pertinentes.
Notifíquese de forma personal.
Así, en apoyo del órgano auxiliado, lo resolvió y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Puebla, Puebla, ante el licenciado Alejandro Casas Bastida, secretario que autoriza el día once de octubre de dos mil once, fecha en la cual concluyó el engrose de la presente resolución.

Lic. Juan Alberto Guerrero Mendez
Secretario.

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LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

2011-10-16T21:15:00.001-05:00

Joaquín Ortega Arenas.

“…La Nación nos demanda conjuntar esfuerzos para desactivar las amenazas de una delincuencia organizada cada vez más desafiante. Estamos en condiciones de devolver a la ciudadanía los estándares de procuración y de administración de justicia que se requieren para un desarrollo con tranquilidad y certidumbre que sirva de base para la consolidación del Estado de Derecho en beneficio de los mexicanos…”

La Procuradora General de la República en el discurso de clausura del XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, celebrado en Boca del Río, Veracruz, señaló, apenas el día 23 de septiembre del corriente año, la necesidad de restaurar una “procuración de Justicia” que, indudablemente según se desprende del texto del discurso que mencionamos, ha existido o existió en nuestro País. Unos cuantos días después, en Boca del Río, lugar en que tuvo lugar el encuentro de Procuradores de Justicia de la República, con la más absoluta impunidad dos camiones dejaron tirados a media calle más de tres docenas de cadáveres, tal vez como un desafío a la promesa de la Abogada de la Nación de “…de devolver a la ciudadanía los estándares de procuración y de administración de justicia que se requieren para un desarrollo con tranquilidad y certidumbre…”

Los mexicanos nos preguntamos, ¿Cómo ha sido posible que en casi cinco años lo que se ha dado por llamar “La delincuencia organizada” ha regado más de cincuenta mil cadáveres, hombres, mujeres y niños, a todo lo largo y ancho del País, más de diez mil desaparecidos y los que resultan de los “riesgos colaterales” de esa guerra sin declaración previa en contra de ese fantasma que llamamos “delincuencia organizada” ? ¿ Como han podido operar con tanta facilidad grupos de los que sólo escuchamos nombres. De la A, a la Zeta, pasando por el cartel del golfo, el cartel del pacífico, la familia michoacana, los Arellano Félix, los seguidores del “Señor de los Cielos”, del Chapo Guzmán, de los Beltrán Leyva, éstos últimos si declaradamente traficantes de drogas?

Como lo señaló la Abogada de la Nación, “ La Nación nos demanda conjuntar esfuerzos para desactivar las amenazas de una delincuencia organizada cada vez más desafiante” y tiene plena razón, pero su afirmación implica que en un lapso de cinco años, o tal vez mayor, a la fecha, no ha existido ni remotamente “la procuración de justicia”, un esfuerzo constante por evitar la comisión de ilícitos de toda índole. Las llamadas “Procuradurías de Justicia” de todo el País todo han hecho, menos procurar la justicia evitando la comisión de delitos para evitar que todo tipo de drogas crucen la frontera norte. Permitieron hace cinco años la primera operación que permitió la entrada al País de todo tipo de armas de devastación; hace poco, la operación “Rápido y Furioso” para el mismo efecto, sin tomar en cuenta que México nunca ha sido un País que se distinguiera por el número de drogadictos. Nuestros problemas torales en esos aspectos, se han limitado al tabaquismo y al alcoholismo. Los muertos por abuso de drogas no son ni la centésima parte de los mexicanos que literalmente se suicidan con el abuso del tabaco y del alcohol, y esos problemas parecen no interesar a nuestras autoridades, en especial a las autoridades sanitarias y a las de la Procuración de Justicia que no procuran evitarlas. Tabaquismo y Alcoholismo, con los graves efectos sociales y familiares que conllevan, no son dignos de ser combatidos por las autoridades. La organización Mundial de la Salud , ha realizado el estudio que retomamos en seguida:

El tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada principalmente por uno de sus componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. El tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura del mundo.¹ En Europa el tabaquismo provoca cada año 1,2 millones de muertes. Está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, y es la principal causa del 95% de los cánceres de pulmón, del 90% de las bronquitis y de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. En España cada año mueren más de 50.000 personas debido al consumo de tabaco, más que por los accidentes de tráfico y el consumo de todas las drogas ilegales juntas.

La adicción al alcohol, alcoholismo, es otra de las más graves amenazas para la salud. La Secretaría de Salud de México reporta que el abuso del alcohol se relaciona con el 70% de las muertes por accidentes de tránsito y es la principal causa de fallecimiento entre los 15 y 30 años de edad. Se estima que 27 mil mexicanos mueren cada año por accidentes de tránsito y la mayoría se debe a que se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Las drogas representan el conjunto de sustancias que son objeto de adicción por el hombre y, aunque parezca mentira, la Organización Mundial de la Salud ha incluido entre las más peligrosas para la salud, como “…Drogas duras: la cocaína, los opioides (morfina, heroína, etc.), el alcohol, y las anfetaminas” y como, “… Drogas blandas: los derivados del cannabis (marihuana, hachís, etc.), a la cafeína, etc. Se ha tratado de prohibir el uso del alcohol, en Estados Unidos, con resultado negativo rotundo de 1920 a 1932. Creció la criminalidad al grado que antes de la Ley Seca, había en las cárceles federales 4000 presos y en 1932, 26850, a más de asesinatos, corrupción, atentados de todo tipo etc.

En México estamos inmersos desde hace cinco años en una “Guerra contra el crimen organizado”, centrada en la persecución de traficantes de drogas heroicas, que ha causado mas de sesenta mil muertos entre bajas de narcotraficantes, agentes de la autoridad y “daños colaterales”.

“…La Abogada de la Nación precisó que el Gobierno Federal se ha planteado el objetivo de abatir, con toda la fuerza del Estado, la criminalidad y su efecto más nocivo, la violencia, ya que no hay cabida para la autocomplacencia, y menos para el aislamiento. Señaló que es un esfuerzo que nos obliga y que a todos nos compromete con un sentido de corresponsabilidad...”

¿No resultaría más práctico y menos sangriento regularizar y reglamentar el uso de las drogas perjudiciales a la salud, incluyendo el alcohol y el tabaco? ¿No resultaría infinitamente más barato en dinero y en vidas centrar la procuración de justicia en prevención, que mantener un equipo militar que seguramente se lleva miles de millones de pesos?

¿No sería la procuración de justicia más sencilla si se controlara y auditara a los sacrosantos bancos para evitar el paso de dinero que se emplea para sembrar y producir drogas y para nuestras autoridades hacendarias congelar el movimiento constante de dinero que se utiliza para el tráfico de drogas y de armas y el inevitable lavado de dinero que sólo los bancos pueden realizar y realizan?