LA GUERRA DE REFORMA

Joaquín Ortega Arenas

Inmediatamente después de entrar en vigor la Constitución  de 1857, el General Félix Zuloaga apoyado por el clero, inició una nueva revuelta en su contra y proclamó el Plan de Tacubaya  para su anulación   y salida de Ignacio Comonfort  de la Presidencia. Como suele acontecer en este atribulado País, el Presidente  se adhirió a  Zuloaga y obligaron a Juárez a abandonar la Capital y refugiarse en Guanajuato con el general Manuel Doblado, en donde protestó como Presidente de la República y designó a su primer gabinete.

El conflicto armado no tardó en estallar, y la llamada Guerra de Tres Años otra vez destruyó al País.

JUAREZ, con la legitimidad a acuestas anduvo itinerante por diversas partes e inclusive tuvo que emigrar a Panamá para rodear la República y establecer su gobierno en Veracruz en 1859,  arropado por los liberales que encabezaba el Gobernador Gutiérrez Zamora, con el propósito de dictar las  leyes  necesarias para separar a la iglesia del estado, otorgando al estado la primacía en los asuntos del gobierno.  En adelante, la Iglesia no debería tomar parte en los asuntos del Estado, política ya iniciada con la Ley Lerdo, que obligó a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender los bienes que no ocuparan arrendatarios ya bajo contrato. Esta Ley se firmó siendo Presidente aún Ignacio Comonfort.

Siguió la Ley Juárez,  que   suprime los fueros militares y eclesiásticos en los negocios civiles, por lo tanto los tribunales de las dos corporaciones, Iglesia y Ejército, se debían concretar a intervenir en los asuntos de sus competencias y no los asuntos civiles.

LA Ley Iglesias prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales, que hasta entonces exigían los sacerdotes a los pobres, considerándose pobres aquéllas personas que no obtuvieron a través de su trabajo personal más de la cantidad diaria indispensable para la subsistencia.

Siguieron Nacionalización de Bienes Eclesiásticos (1859). Leyes sobre el
Matrimonio Civil (1859); Sobre el Registro Civil, hasta entonces en manos de la iglesia, 1859; sobre Secularización de Cementerios, 1859; Sobre Días Festivos, 1859; La de mayor importancia e impacto fue la que estableció la Libertad de cultos, que hasta esa fecha estaban reservados  a la Iglesia Católica, (1860).

En el mes de enero de 1861, el Ejército Liberal al mando del general zacatecano  Jesús González Ortega derrotó en Calpulalpan al ejército conservador de Miguel Miramón .  El Gobierno  de Juárez volvió triunfante a la Capital y se dictaron las leyes Sobre Hospitales e Instituciones de Beneficencia, 1861, y la Ley sobre Extinción de Comunidades Religiosas, en 1863.

Se pensó entonces que el problema existente entre la iglesia y el Estado estaba concluido, mas no fue así.  Las ambiciones personales de los generales liberales estallaron, en especial las de Porfirio Díaz, que ávido de poder inició un movimiento armado cuando Juárez resultó reelecto presidente en 1871, (Plan de la Noria)  y otro más a la muerte de Juárez en 1872 el Plan de Tuxtepec.   Triunfando en éste se convirtió en Presidente concluido el interinato de Sebastián Lerdo de Tejada. En 1876.  Dejó el poder en manos de su compadre Manuel González, y en 1880, lo recuperó para no dejarlo hasta el año de 1911.

Desde su primer mandato, olvidó muchas de las leyes de Reforma y permitió que el Clero volviera por muchos de sus fueros. Vino la revolución y durante los gobiernos siguientes, los combatientes estaban tan ocupados que, poco a poco, la iglesia fue recuperando los espacios que le habían quitado las leyes de reforma. Durante el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles, se trató de recuperar esos espacios y se prohibieron los cultos, lo que dio lugar al extraño movimiento armado surgido en Guanajuato, la Guerra Cristera,  que empezó literalmente a toque de campanilla y concluyó como empezó, a toque de campanilla cuando Emilio Portes Gil tomó posesión de la Presidencia.

De entonces en adelante, poco a poco, han sido devueltos a la Iglesia Católica y Romana casi todos aquellos espacios que ya se le habían quitado. Se ha llenado el País de “escuelas confesionales” y de conventos; se construyen nuevas iglesias por todas partes. López Portillo reanudó las relaciones diplomáticas con el Vaticano y empezaron las visitas papales.

En el sexenio fatal de 1988-1894, el entonces presidente Salinas de Gortari tuvo a bien llegar a un arreglo aún no esclarecido con el Clero Católico, por el que concedió a éste eliminar de la Constitución uno de los Siete Principios Jurídicos Fundamentales sobre los que se construyó ese cuerpo normativo rector, toda vez que borró la SUPREMACÍA DEL ESTADO SOBRE LAS IGLESIAS, a que se refería el artículo 130, y le devolvió la autoridad que formalmente ya había perdido desde las Leyes de Reforma. Reconoció  al Estado Vaticano como un Estado igual y permitió que la obediencia irrestricta que le juran sus sacerdotes quede, por encima de la lealtad que este país les debiera merecer, y que volviera a estar en primer lugar la que les exige la Santa Sede; las “peregrinaciones” y culto en lugares fuera de los templos, son ya normales; no se ha escatimado forma alguna para eliminar la presencia de Benito Juárez de nuestra historia y, en este año, el descanso obligatorio que exige la Constitución en el aniversario de su natalicio fue cambiado al día en que se festeja al “Señor San José”. Recibimos la visita de un nuevo Papa, y las más altas autoridades políticas  de México,  no han tenido empacho alguno el halagarlo como no lo han hecho antes con nadie y se encuentra lista un nuevo recorte a los artículos 124 y 130 Constutucionales...

¡oh tempora, oh mores!