LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. II.

Joaquín Ortega Arenas. En uno de los artículos publicados ya casi al finalizar el año anterior me referí al más alto tribunal de la República Mexicana y manifesté mi esperanza de reformas de fondo al sistema judicial federal que ese Tribunal encabeza, si el señor Ministro Juan N. Silva Meza resultaba electo presidente del mismo. Por fortuna así fue y aprovecho la coyuntura para esbozar al menos los graves problemas que a partir del sexenio delirante (1934-1940 ) aquejan la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, literalmente hoy “por los suelos” . La reforma constitucional de 1934, (nuestra constitución, es un papel inútil , reformable al gusto del “presidente en turno” para sancionar sus abusos y convertirlos en “jurisprudencias obligatorias” que los legalizan) dio entrada libre a la “corrupción por consigna” que pretendió iniciar Victoriano Huerta en el año de 1914 al quitar al Poder Judicial su carácter democrático, y establecer el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte por el “señor Presidente”. A pesar del cambio, era tal el prestigio del Alto Tribunal logrado a base de trabajo honrado y libre a partir de su fundación, que poco logró el señor presidente con esa su nueva arma. Los Ministros celosos de su función resistieron estoica y en algunos casos heroicamente las consignas que les enviaba el Presidente. Desde los tiempos del Presidente Lerdo de Tejada, se presentó un asunto en que Manuel Romero Rubio, padre de “Carmelita”. la después esposa de Porfirio Díaz, pretendía despojar a los comuneros del rumbo del Peñón de los Baños de sus tierras. Llegó a la Suprema Corte porque el influyente señor Romero Rubio había perdido el pleito en las instancias inferiores y el señor Presidente , por conducto del Presidente de la Suprema Corte, Ignacio L. Vallarta, pretendió influenciar el sentido del voto de los diez ministros restantes a favor de Romero. La votación fue 10 contra uno, el voto del señor Vallarta. La Suprema Corte estaba instalada dentro del Palacio Nacional y no habían pasado ni diez minutos a partir de la votación, cuando la tropa rodeó el recinto de la Suprema Corte con la amenaza de retener a los ministros “rebeldes” hasta que modificaran su voto. Tres semanas permanecieron encerrados, pero sostuvieron su voto. En los tiempos posteriores, sólo hubo un caso en que el año de 1923 los Ministros cedieron a la consigna y ampararon a las Compañías Petroleras para que “no se diera efecto retroactivo al Artículo 27 de la Constitución de 1917 y se respetaran las concesiones petroleras anteriores a la misma y…nada más. Pasó el sexenio delirante y la Suprema Corte regresó por sus fueros. Rara vez surgió la sospecha de que hubiera habido consigna en algún fallo. Llegó el sexenio enajenante de 1970-1976 y la consigna volvió. Se dictaron leyes a diestra y siniestra y se llenó la Constitución de reformas inverosímiles y francamente tendientes a la creación de una dictadura personal siempre avaladas por una Suprema Corte dispuesta a que se cumplieran los deseos enajenantes del titular del Ejecutivo. El problema se agravó en el año 2000 con el “cambio”, y aún más, con la designación como Presidente de la Suprema Corte de Mariano Azuela Güitrón. Para castrar el juicio de amparo, eterno enemigo de los atracos y abusos de la autoridad, durante el mandato del inefable Marianito se pusieron en práctica, “… un eficaz sistema”: el rechazo de todo tipo de recursos “…por notoriamente improcedentes…” ; la anulación de los efectos de una ejecutoria dictada por el Poder Judicial Federal, cuando perjudicaba a algún órgano gubernamental; el sobreseimiento de cuanto juicio de amparo se intenta, “ para evitar el abuso que del juicio Constitucional se llevaba”; la procedencia del juicio de amparo contra sentencias dictadas en amparo por los Tribunales Colegiados de Circuito, en contravención expresa a los mandatos contenidos por el artículo 107 Constitucional y otros manejos mañosos en perjuicio de los “quejosos”. El más grave de los males que aquejan a los juicios de amparo, quizá sea el referido de dar trámite a un nuevo amparo en contra de una ejecutoria dictada en amparo directo, que dada la absoluta impunidad que el Consejo de la Judicatura Federal otorga a todos los funcionarios del Poder Judicial Federal, han propiciado un verdadero mercado de la justicia en el que quien más alto paga es quien en última instancia obtiene el triunfo, aún contra las más elementales reglas del derecho y de la honradez. Los juicios se vuelven eternos y es frecuente que “los señores magistrados” cambien de opinión y difieran de la que en el primer amparo hicieron valer, sin que nada les pase. La Procuraduría General de la República tiene decenas de denuncias por actos ilícitos de funcionarios judiciales, que no se investigan y menos castigan “por el prestigio del Poder Judicial Federal”, medida inútil, por que la verdad es que ese prestigio es hoy bajísimo. La llegada a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia del Ministro Juan N. Silva Meza, ministro no designado de origen por el señor presidente, autor de fallos y votos particulares siempre minoritarios, nos da una esperanza . Nos hace esperar que ese sistema de corruptelas que tanto daño hace al País, desparezca definitivamente. Por el bien de México, ojalá que así sea.