Joaquín Ortega Arenas.
La justicia en México ha tenido, desgraciadamente, grave deterioro desde que en el año de 1823 el Primer Congreso Constituyente se negó a conservar en su texto el llamado “Juicio de Residencia”, mediante el cual los funcionarios públicos de todo rango eran sometidos a juicio para determinar si su desempeño había sido correcto o incorrecto, y castigar al funcionario en este segundo caso. Nuño Beltrán de Guzmán, Presidente de la Primera Real Audiencia de la Nueva España y trescientos años después, Félix María Calleja, virrey, murieron en la cárcel condenados en sendos juicios de residencia. La eliminación de ese sistema, por qué no reconocerlo, dejo abierta la puerta para toda clase de abusos y desmanes de los funcionarios públicos, que valga la comparación, quedaron de hecho dotados de una “patente de corso” sin mas posibilidad de que su conciencia se encargara de recordarles sus desmanes. Hoy por hoy, hasta ese recurso psicológico ha desaparecido. Campea el más descarado cinismo que está llevando a este sufrido País a una desestabilización general que, tarde o temprano, va a producir funestas consecuencias. A pesar de la desaparición del juicio de residencia, la justicia en México fue, con base en la División de Poderes y la elección democrática de sus miembros, satisfactoria en general y la historia no revela abusos graves en su impartición.
Para buscar una defensa más de los gobernados el diputado Yucateco Manuel Crescencio Rejón trajo de la Península el ”Juicio de Amparo” inspirado en los recursos “de fuerza” y de “poder”, en boga en la Confederación Helvética en tiempos de Guillermo Tell y la España de Alfonso X, el Rey sabio. Gobernaba este País afortunadamente por penúltima vez, nuestro eterno héroe y ejemplo Don Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, Su Alteza Serenísima, que como resulta obvio hacerlo notar, de ninguna manera iba a permitir que sus poderes omnímodos fuesen limitados y recurrió al primer Mariano de nuestra historia jurídica y judicial, Don Mariano Otero. El inteligente diputado Jalisciense encontró los remedios que el señor Presidente le solicitaba. Primero: que el juicio de amparo fuese ventilado exclusivamente por Tribunales de la Federación , principio eminentemente anulatorio de la “soberanía” de los Estados, que por este medio vieron esfumarse la libertad absoluta que corresponde tener a los Poderes Legislativos locales. Las leyes por ellos expedidas, quedaron sujetas a revisión y anulación al arbitrio de la Justicia Federal, mediante un simple “juicio de amparo”. Las disposiciones administrativas de los gobiernos locales, por igual quedaron sujetas a revisión y anulación también por parte de la “Justicia Federal” mediante el mismo recurso; todas las sentencias dictadas por los Tribunales Estatales, igualmente quedaron sujetas a revisión y anulación por parte de la Justicia Federal. Insisto, donde quedó la soberanía de los Estados Libres y Soberanos. El inteligente Diputado Jalisciense no olvidó que ese sistema podía ser fatal y limitó los efectos del amparo a amparar y proteger sólo a aquel que lo hubiere solicitado. El primer resultado de ese “principio” ha sido que las leyes federales o estatales declaradas inconstitucionales, no sufren merma alguna por la declaración de inconstitucional y PUEDEN SEGUIRSE APLICANDO en perjuicio de los gobernados. ¡Sensacional! Pasaron 67 años, y otro noble prócer de nuestra historia, Don Victoriano Huerta, tal vez enfadado por la mala conducta de los funcionarios judiciales que estorbaban sus órdenes, inventó que la designación de esos molestos individuos, la llevara a cabo ”el señor Presidente”. Al demonio con su nombramiento democrático que tantos sinsabores causaron al señor General. Esta sabia disposición ha resultado tan eficaz que todos los gobiernos que lo han sucedido la conservan con profundo celo .¿Por qué será ?
Llegó el “cambio” en el año 2000 y en el 2003 apareció el segundo Mariano de la historia que relatamos. Don Mariano Azuela Güitrón. Los jueces malvados, dictaban frecuentemente sentencias contrarias a los intereses de “Papá gobierno” y no había recursos legales para impedirlo. Nuestro nuevo Mariano inventó, siendo Presidente de la Suprema Corte de Justica de la Nación, uno sencillamente ”fabuloso”: DECLARAR INEJECUTABLES LAS SENTENCIAS PASADAS EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA QUE PERJUDICARAN A PAPA GOBIERNO, Y “NOTORIAMENTE IMPROCEDENTES” LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE CONTRA ESA NOBLE DISPOSICION SE INTENTARAN .
Es casi ley el principio de que “para muestra con un botón basta” y apelando al mismo, ofrezco como botón el caso del juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 6/95 tramitado ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México que gracias a la Ley de Acceso a la Información, al menos debe ser fácil de consultar por cualquier interesado que dude del contenido de éste artículo.
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