¿UN ESTADO HAMPÓN?

Joaquín Ortega Arenas.

Me comentaba un querido vecino que él piensa que estamos siendo víctimas de “Un Estado Hampón”. De pronto, sorprendido le pregunté por que pensaba de esa forma y escuetamente me comentó:

“Mire vecino. Todos los insumos que necesitamos para vivir, suben de precio día a día, mas bien diría yo, minuto a minuto; la canasta básica, las medicinas, la luz, la gasolina y todos los combustibles, la ropa, los zapatos, los servicios públicos, una copia certificada en cualquier oficina pública me cuesta más que un testimonio notarial y además, hay que pagar mordida. Los servicios públicos son más caros y más malos minuto a minuto. Hace unos días internaron por emergencia a uno de mis más queridos amigos que está jubilado con una pensión de miseria, en el Hospital Veinte de Noviembre. Estaba realmente grave y lo tuvieron sentado en una silla de ruedas destartalada más de quince horas antes de atenderlo. Me costó un trabajo enorme que me permitieran acompañarlo, y si embargo cuando lo atendieron me pidieron que fuera yo a comprar a la calle las medicinas que se necesitaban para su atención por que en el hospital no las tienen. Me pude percatar que el trato que dan a todos los desventurados que llegan es desastroso. Los tratan peor de lo que se trataría a una bestia furiosa, y para que le sigo contando…”

Recapacité con la queja de mi vecino, y con mucha pena tuve que convenir con su modo de pensar. Como abogado me he tenido que enfrentar a situaciones dolorosísimas. El Gobierno del Distrito Federal expropia y expropia sin ton ni son, y nunca paga indemnización a los expropiados. Tengo en mis manos el expediente de una viuda, anciana a la que le expropiaron hace varios años el único bien que le dejó su esposo con el que contaba para su sustento. No le pagaron nada a pesar de que visitó mil y una oficinas. Recurrí a la justicia y, oiga usted, ¿Qué es eso en México? Después de cuatro años, por fin condenaron al Gobierno del Distrito Federal a pagarle dos millones trescientos mil pesos, valor del inmueble determinado por los peritos federales. La sentencia ejecutoria tiene menos valor que una hoja de papel higiénico. No la cumplieron ni la cumplirán jamás. La interesada continuó como mendigo buscando que le pagaran Le ofrecieron un millón trecientos mil pesos que, por hambre tuvo que aceptar hace mas de dos años pero… dicen que no tienen dinero y no hay poder humano o autoridad judicial que atienda a esta pobre mujer

Otro de los expedientes que tengo en mi mesa de trabajo: La Comisión Federal de Electricidad tuvo, hace quince años, la necesidad de tender unas líneas de trasmisión eléctrica de Nopala al Distrito Federal y las tendió, sin importarle de quién o de quiénes eran los terrenos. Se demandó ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México cuando todavía existía algo de justicia en éste País, y tras un largo litigio se dictó sentencia condenando a Luz y Fuerza del Centro a devolver los terrenos, ya que por Decreto de Carlos Salinas, pasaron esos terrenos a esa paraestatal. En el año de 2003 después de que el Juez había agotado todos los recursos legales para que se cumpliera su sentencia, inclusive una orden de Vicente Fox para que eso sucediera, Cambiaron al Presidente de la Suprema Corte y al Juez que, después de reiterar en mas de quince ocasiones la orden de dar cumplimiento de la sentencia, la declaró inejecutable por que en esos terrenos existían líneas de trasmisión eléctrica. Todos los recursos legales, fueron rechazados por el “Poder Judicial” con la cantaleta de que se trataba de recursos y juicios “notoriamente improcedentes”, sin argumento alguno que pudiera apoyar esa “notoria improcedencia”. Es notoria para el “Poder Judicial” y ya. El mal ejemplo cunde y he tenido noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado ese “súper jurídico” criterio.

La desaparición, así nomás, de Luz y Fuera del Centro, no tiene ni puede tener en ninguna parte explicación legal. Era un organismo descentralizado dotado de personalidad y patrimonio propio que, obviamente tenía derechos y obligaciones que desaparecieron “por Decreto Presidencial”.

La desaparición de la Compañía Mexicana de Aviación tiene también una historia muy, pero muy turbia. El Gobierno traspasó las acciones que tenía de la empresa a una empresa privada que se dedicó a dilapidar los bienes. Esa empresa además, contrajo en forma totalmente extraña adeudos por miles de millones de pesos y, cuando ya no quedaba nada, se declaró en quiebra en fraude de sus acreedores, los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra a quiénes por no tener ya nada la empresa, nada pueden obtener. Las Secretarías de Comunicaciones y Trabajo y “Previsión Social” se han prestado activamente a esa situación.

La desaparición de la garantía individual de derecho a la vida que contenía el artículo 14 constitucional, es también inexplicable.

Por el “Canal de las Estrellas”, escuché hace unos pocos minutos que La Secretaria de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de la introducción de armas a nuestro País, así como de que tiene conocimiento y ha autorizado vuelos de aviones norteamericanos sobre nuestro territorio.

Toda la prensa ha publicado noticias acerca de los contratos privilegiados para el manejo del Petróleo (¡hoy 18 de marzo!), para empresas extranjeras.

Otra noticia que me ha inquietado. Comisión Federal de Electricidad “compra” la energía que después nos vende a los mexicanos en un gran volumen.

La última noticia que me ha dejado boquiabierto. ¡Compramos a Venezuela la gasolina que consumimos!

Más aun. La Policía Federal Preventiva ¡se ha encargado de la “seguridad” en toda la República! Atónito me pregunté: ¿Qué ha pasado con la Soberanía de los Estados que establecía el Articulo 49 Constitucional.

¡La marina y el ejército realizan funciones policíacas en cualquier parte de nuestra tierra firme! ¿Ya no estará vigente el artículo 129 Constitucional? Ni siquiera me enteré cuando se realizó esa modificación a nuestra parchadísima Constitución.

Creo que cabe la duda acerca de si estamos o no viviendo manejados ilegalmente por un “Estado Hampón”.