Joaquín ortega Arenas.
Según notas periodísticas publicados a diario, el Congreso de la Unión está a punto de aprobar la “Ley de Seguridad Pública” en la que como parte de la exposición de motivos del proyecto, los “SEÑORES” DIPUTADOS señalan que:
“la paz debe interpretarse como estado contrario a la guerra, pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa… dentro de sus atribuciones para preservar la tranquilidad nacional, y en la colaboración que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada pueden intervenir sin que sea necesaria la declaratoria de estado de excepción establecida en el artículo 29 (SIC) de la Constitución….“El tiempo de paz es un estado contrario a la guerra, en donde no existen hostilidades por parte de estados extranjeros, pero puede haberse quebrantado la tranquilidad y el orden sociales. Es decir, una afectación a la seguridad interior puede ser coexistente con un estado contrario a la guerra; esta afectación debe ser atendida sin que medie declaración de guerra porque no se trata de un problema bélico de origen externo, sino de una situación interna que altera la armonía social…”
“Dentro de sus atribuciones para preservar la tranquilidad nacional, y en la colaboración que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada pueden intervenir sin que sea necesaria la declaratoria de estado de excepción establecida en el artículo 129 de la Constitución….”
De entrada, el proyecto es anticonstitucional porque significa la desaparición de garantías individuales, tales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de creencias, dado que queda en manos del ejecutivo el determinar si el ejercicio irrestricto de esas garantías, y la abrogación tácita del artículo 129 Constitucional con el que los constituyentes de 1917 pretendieron impedir para siempre el uso de la fuerza pública, en especial del Ejército Nacional, dejándolo al margen para todo tipo de represiones en contra de los ciudadanos.
Si bien es verdad que el Ejército ha sido empleado ilegalmente por nuestros gobernantes para todo tipo de represiones y asesinatos, como el de Rubén Jaramillo, su esposa encinta y sus hijos: la verificada en contra de los mineros de Nueva Rosita y Cloete; ferrocarrileros por el tremendo delito de hacer uso del derecho constitucional de huelga, y otros muchísimos casos más, que por vergüenza prefiero callar, las leyes no pierden su vigencia por el uso en contrario que se haga de ellas.
Considero, en forma personal, que el problema actual reviste una importancia extrema, por los antecedentes inmediatos que hemos tenido a la vista del año 2000 en adelante. El Diario Oficial de la Federación publicó el 9 de diciembre de 2005, la virtual “Eliminación de la garantía individual de respeto a la vida” y ocasionalmente, entre muertos y desaparecidos sin averiguación alguna, las autoridades reconocen que a la fecha llevamos ya más de cincuenta y dos mil casos. La unificación bajo el mando presidencial de la Policía Federal Preventiva, que ha suplido en sus funciones a las policías estatales y municipales inconstitucionalmente, por ser contraria al principio de la División de Poderes; el uso indiscriminado del ejército y lo que es peor, de la Marina en asuntos meramente policíacos, implica la violación del artículo 129 Constitucional ya mencionado, ya que el ejército anda ya sin traba alguna “fuera de sus cuarteles” y los Marinos, valga la expresión, “fuera de sus barcos” reprimiendo “narcotraficantes” y miembros del “crimen organizado”.
En el ámbito internacional no deben extrañar ese tipo de acciones. Las hemos conocido en la Alemania Nazi, en la Italia de Mussolini, en la España de Franco y en la Unión Soviética. Han transcurrido 66 años de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, y no se borra el recuerdo de los Campos de exterminio en Polonia, Alemania , Checoslovaquia y España; todavía hace unos cuantos días, “buscaban los restos de Federico García Lorca en un cementerio clandestino”. En México, sin base alguna que lo pruebe como el derecho exige, se ha llamado “narcofosas” a cuanto cementerio clandestino se encuentra día con día, en Tamaulipas, en Durango, en Chihuahua, en Guerrero, en Oaxaca, en el Estado de México, etc. Ya nos acostumbramos, ya no nos extraña y nos conformamos con saber que los cadáveres que aparecen fueron víctimas directas o producto colateral de la “Lucha, guerra o lo que sea en contra del narcotráfico” y del “crimen organizado”.
En verdad, la adicción a drogas enervantes no es un problema en México; el consumo en nuestro País de ellas, es insignificante. Entonces, nos parece exagerada la “guerra”, “lucha” o lo que sea en contra del “narcotráfico” y “crimen organizado”. Hay muchos lugares en que sin tantos muertos podemos luchar en contra del peor de los crímenes organizados que padecemos, “la corrupción” en la justicia, en la administración pública, en la iniciativa privada, en todos los niveles de nuestra vida diaria. No hay nada más desagradable que sentir acercarse a nosotros un policía, una patrulla, o encontrar uno de lo cientos de retenes militares que existen en las carreteras y caminos del todo la República para ponernos a temblar de miedo. La prensa dio cuenta hace unos meses de que una columna militar fue rebasada en la carretera por un automóvil de civiles. El auto militar que la encabezaba alcanzó al iluso que pensó que podía rebasar a un convoy militar y ametralló a todos los pasajeros del auto civil. No se supo más.
Ya que no respetamos la Constitución ni las leyes que de ella emanan, al menos podemos respetar los inspirados versos de Don Francisco González Bocanegra que integran nuestro himno nacional y emplear a las tropas, marinos o soldados, sólo en el caso de que un EXTRAÑO ENEMIGO OSARE PROFANAR CON SUS PLANTAS NUESTRO SUELO. Que entiendan nuestras altas autoridades que los mexicanos no somos extraños enemigos de México jamás, ni con la manifestación de nuestras ideas , pensamientos, creencias, y hasta nuestros vicios, en tanto no violemos la ley expresa, Y QUE NO DEBEMOS SER VICTIMAS DE PERSECUCIONES Y ASESINATOS.
La “Ley de Seguridad”, se antoja un elemento político-electoral y por nuestro propio bien, de todos, pueblo y gobierno, NO DEBE SER APROBADA.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario