Joaquín Ortega Arenas.
Estuvimos ausentes de esta ciudad de locura durante 5 años y de vuelta al
“terruño” volvimos a las andadas en los
Tribunales del Distrito Federal. Fue muy grata la recepción que los antiguos conocidos nos dispensaron. A cada paso, se suscitaba una nueva
conversación. Un grupo de cuatro
abogados comentaban en la “Sala
Hipóstila” mexicanísima en donde se ubican los Tribunales Federales en San Lázaro,
sobre el tema muy espinoso, de
la “invencibilidad
de las Instituciones de Crédito, (Bancos) que…nunca pierden, tengan o no tengan
la razón”.
Alguno de los presentes que tuvo
o tiene, no lo sé de cierto, un cargo en la Asociación Mexicana
de Bancos, nos espetó que él sabía el
secreto. “…los Bancos otorgan
anualmente un bono de cincuenta mil pesos a jueces y cien mil a magistrados que
“se han portado bien”, y esa pequeña
ayuda inclina las balanzas de la
justicia…” Llovieron las
críticas, y él, impertérrito, nos invitó a preguntar a quienes hubieran tenido
litigios en contra de los bancos sobre la posibilidad que asentaba. El grupo de platicadores o “murmuradores”,
creció y ya éramos más de diez. Las
opiniones empezaron a unificarse.
Concluyeron, ¡es verdad!
No intervine en la discusión,
porque tengo desde hace algunos años litigios pendientes en contra de tres
Bancos, en los que en verdad, la parcialidad
ha sido manifiesta, pero la atribuí a casos específicos, porque en el
pasado he tenido litigios en contra del Banco Nacional de México en los que no solo
obtuve el triunfo, sino de pasada adquirí
la amistad sincera del Abogado del Banco, José Luis de la Peza, que duró tantos
años como los que él vivió todavía. En
los que hoy intervengo, la cosa es totalmente diferente; los abogados que patrocinan a esos
bancos, son francamente malos. Contestan las demandas con falsedades imposibles de probar, delictuosas en términos
de los artículos 310 y 319 del Código Penal para el Distrito Federal, y me apena reconocerlo, ¡ganan!
Esa situación no debe prevalecer.
Por el bien de la justicia y el prestigio de nuestros tribunales, los Consejos de la Judicatura Federal y del Distrito Federal deben inspeccionar, ¡de oficio! La legalidad
plena de los litigios en los que intervienen Instituciones de Crédito. Están en
juego el prestigio y la conducta de
demasiados jueces y magistrados que no se prestan a esas prácticas plenamente
delictuosas. Verdaderos apóstoles de la Justicia, como son, de los que me ha tocado conocer durante mi ejercicio profesional, los Señores Ministros Hilario Medina, Felipe Tena Ramírez, José Castro Estrada, José Rivera Pérez Campos, Antonio Caponi Guerrero, Alfonso López Aparicio, Guillermo Guzmán
Orozco, y tantos más que han dejado
plasmado en sus ejecutorias sabiduría,
honradez, independencia, que ilustran a los litigantes y estudiosos de la
Justicia; Magistrados de Circuito insubstituibles como Abelardo Vázquez
Cruz, Gustavo Rodríguez Berganzo, Edmundo
Elorduy Delgado; Jueces de Distrito como Juan José González
Bustamante, Juan Enrique Domínguez,
Miguel Lavalle Fuentes, Vicente Aguinaco
Alemán, Genaro David Góngora Pimentel,
que durante su actuación en lo que mi padre llamaba “la trinchera contra el abuso
gubernamental” demostraron valor
y entrega plena a la causa de la
justicia, sin temor aluno a las represalias a las que ese abuso gubernamental
nos tiene acostumbrados
Los jueces y magistrados, unos cuántos, que reciben o esperan recibir los
“bonos”
que los bancos otorgan anualmente, merecen el desprecio general y tal vez un
castigo ejemplar, nunca la protección de los Poderes Judiciales a quiénes
desprestigian. Por ello, todos los abogados litigantes estamos obligados, moral y legamente, a enviar a los H. H.
Consejos de la Judicatura Federal y del Distrito Federal, quejas
fundadas de esas actuaciones. Callarlo es cobarde y perjudicial para los
eternamente expoliados por litigios necesarios y contra Bancos, y sobre todo,
para la Justicia Mexicana. Son manzanas podridas que hay que sacar del barril,
porque, repetimos,
“CUANDO EL RÍO SUENA,…..AGUA LLEVA”.
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