5/30/2010

LA CIUDAD DE LA DESESPERANZA

En esta serie de comentarios verificamos algunos intitulándolos “La Ciudad de la Esperanza”, lema adoptado por las autoridades del Distrito Federal para esta hoy sufrida y mutilada ciudad, edificada sobre las ruinas de la Gran Tenochtitlan a partir del 21 de agosto de 1521 en que fue totalmente destruida por nuestros inefables conquistadores y evangelizadores. Para justificar el presente título, recordemos que su traza original fue encargada a Alonso García Bravo, quien se inspiró en las grandes avenidas prehispánicas y los canales que conformaban la urbe. Sus ejes eran la hoy calzada México-Tacuba de oriente a poniente y la de México-Tlalpan de Sur a Norte. La lógica de aquél proyecto permitía la circulación libre de los vientos dominantes y la recepción de los rayos solares por los hogares de los habitantes de manera que se conservara, hasta donde es posible, la temperatura apropiada. Esa ciudad original construida entre 1521 y 1596, en que lluvias torrenciales que se prolongaron hasta casi medio siglo XVII, la inundaron y destruyeron. La ulterior reconstrucción desgraciadamente ya no fue igual. Fuera de la traza original, nada se ha respetado desde entonces. Hoy, sí, hoy, está convertida en la ciudad del desastre. En aras del enriquecimiento fácil para autoridades y fraccionadores no queda ya casi ningún jardín interior de los que servían para oxigenar el ambiente y embellecer las casas que se hubieron construido por siglos y hasta 1940, cuando comenzó la debacle. Sólo en la Colonia Condesa de la Delegación Cuauhtémoc, en los últimos seis años se han destruido casas y más casas para dar lugar a CUATROCIENTOS EDIFICIOS EN CONDOMINIO. Indiscriminadamente se derriba todo lo que existe sin siquiera respetar la inútil, o mejor dicho dúctil Ley Sobre Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos. En otras latitudes, por igual las autoridades, TODAS, no sólo permitieron la destrucción de la Fábrica de Papel de Coyoacán, incluidas las seis plataformas tecpanecas y dos basamentos teotihuacanos que allí existían, sino que también toleraron colocar sobre el sifón hidráulico mas antiguo del continente americano, un edificio de 15 pisos. Transitar por cualquiera de las calles, en especial del Centro Histórico, resulta trágico y doloroso. Destrucción por dondequiera para construir edificios en “condominio” es el manifiesto afán de unos y otros. Más impuesto predial es más ingreso al fisco, pero … la antigua Ciudad de los Palacios día con día va quedando sólo en el recuerdo de unos cuantos. Las autoridades del Distrito Federal, paradójicamente, pretenden erradicar el uso de los automóviles y fomentar el uso de la bicicleta con el genial propósito de que sus habitantes, de cualquier edad, se trasladen de sus hogares a sus centros de trabajo pedaleando más de cincuenta o sesenta kilómetros diarios y, al mismo tiempo, tratan de construir grandes vías de circulación de mínima utilidad pero de altísimo costo (incluido, desde luego, el veinte por “Adela”), y aún se empeñan en lograrlo a costa de terrenos ajenos que expropian y cuyas indemnizaciones nunca pagan, contando con el apoyo irrestricto de las autoridades judiciales, las que bloquean las reclamaciones de los incautos ciudadanos que lo intentan (¿será que el costo de las obras alcanza para dádivas convencedoras?). Como dice el viejo refrán: “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”, y para dar cabida a tan urgentes vías de comunicación que no van de ninguna parte a ninguna parte, ahora se “expropian” los pocos centros de producción agrícola que quedan en el Distrito Federal que, si bien no son propiedad de los ejidos y comunidades, sino de la Nación, de acuerdo con la forma que señalan los artículos 2 y 27 constitucionales, “bussines are bussines”, se convierte a esas propiedades comunitarias en públicas, sólo que en estos casos no se sujetan a la misma Constitución y a la Ley de Expropiación, en cuanto a que ambos ordenamientos precisan que toda propiedad privada que se expropie será efectiva cuando se pague una indemnización INMEDIATA. En los últimos días, los diarios de la Ciudad se han ocupado de juicios en que se ha condenado a las autoridades a pagar indemnizaciones … respecto de actos autoritarios que datan de hace quince años, y NADA que se pagan. El añorado escritor Jorge Ibargüengoitia, después de haber hecho un vuelo en helicóptero sobre su amada Villa de Coyoacán y sus cinco barrios declarados inmodificables por Porfirio Díaz en Decreto del año de 1909 (San Lucas, San Francisco, La Purísima Concepción de Nuestra Madre Sacratísima la Virgen María (irreverentemente conocido como “La Conchita”, a secas) San Juan Bautista y Santa Catarina), escribió un bello artículo publicado en el Diario Excelsior en el que llamaba a esa área “La Villa de los Jardines escondidos”, en ese entonces con toda razón. Pero es el caso que aquellas viejas casonas coloniales que vio Don Jorge, hoy están en vías de extinción a causa del progreso, cuando que ocupaban tan sólo un veinte por ciento de la superficie y el resto eran hermoso jardines arbolados. La transformación a partir de la llegada a la Jefatura de la Delegación del señor Sánchez Duarte ha sido total, por lo que hoy podría escribir Ibargüengoitia un artículo sobre la “Villa de los condominios escondidos y los edificios departamentales”. ¿Cómo podremos evitar tanta destrucción de nuestro pasado glorioso? Creo que la receta nos la dejó escrita el Segundo Conde de Revillagigedo, Virrey de la Nueva España, cuando en su Juicio de Residencia señaló tajante: “¡La Corrupción sólo existe donde la Justicia la permite!”… y esa historia también será contada otro día.

5/26/2010

LA REFORMA DEL ESTADO MEXICANO

Joaquin Ortega Arenas A lo largo de muchos años, un considerable número de intelectuales, académicos y publicistas han tratado inútilmente de desentrañar la naturaleza esencial y las características funcionales que distinguen al sistema jurídico-político mexicano, llamado por ellos mismos, como si se tratara de una entidad fantasmagórica: “el sistema”. Dicha empresa ha abarcado tanto lo relativo a la forma y el sentido de sus instituciones fundamentales, sus leyes y programas de gobierno, como aquella infinidad de prácticas (legislativas, políticas, electorales, judiciales, burocráticas, administrativas, financieras, policiales, etc.) en las que “el sistema” cobra realidad en el mundo de la vida social y produce efectos concretos y tangibles en la vida presente y futura de millones de hombres y mujeres. Ese esfuerzo, que no dudamos en calificar como inútil y que ha consumido enormes cantidades de tiempo y de recursos intelectuales y materiales, ha fallado habitualmente porque parte de la idea, falsa, de que México, desde el inicio de su vida como nación independiente, ha contado —exceptuando las breves aventuras imperiales de Agustín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo—, con instituciones estatales formalmente republicanas y formalmente democráticas, con poderes formalmente soberanos (el ejecutivo, el legislativo y el judicial) respetuosos de sus facultades y competencias y, finalmente, con buenas leyes, formalmente justas y equitativas. Es decir, que generalmente se han estudiado su historia política y su vida pública como si el conjunto de sus instituciones jurídico-políticas fuese en sí mismo bueno, racional, equitativo y justo; llegándose las más de la veces a la conclusión de que la injusticia, la antidemocracia, el autoritarismo, la corrupción, la impunidad y todos y cada uno de los vicios sociales que efectivamente padece, fueran únicamente efecto de malos gobiernos y peores gobernantes. Hoy en día aún es frecuente escuchar o leer comentarios y análisis que consideran el presidencialismo, el marco parlamentario y la actividad legislativa, la legislación mexicana y todo su sistema judicial como instituciones jurídico-políticas “de las más avanzadas del mundo”, sin reparar en el hecho de que los grandes males y los grandes problemas que fatalmente la aquejan no son exclusivamente efecto de los gobiernos autoritarios, ineficientes, corruptos e impunes que ha padecido y padece, sino que aquellos existen y actúan sólo para perpetuarse en el poder —aun después de autoproclamarse como gobiernos “del cambio”—, ahí en donde el conjunto de las instituciones, especialmente las que tiene que ver con la salvaguarda del estado de derecho y la administración de la justicia, no sólo permiten, sino aun justifican y solapan exactamente lo contrario. Más acertado que intelectuales y estudiosos —o menos comprometido con “el sistema”—, el escritor y político peruano-español Mario Vargas Llosa acuñó una expresión que indudablemente recupera, califica y describe la naturaleza profunda, la esencia misma del ser y el hacer del sistema jurídico-político mexicano: “México, afirmó, es una Dictadura Perfecta”. Con ello, lo que el escritor decía era bien simple. Una dictadura, sin más, se entiende como un régimen o una forma de gobierno en donde no existen ni funcionan instituciones libres, autónomas o democráticas; un régimen que dirige, arbitra y sanciona todas y cada una de las prácticas sociales en función directa de la conservación de sus poderes y del ejercicio de sus facultades gubernativas, nunca sujetas a la aprobación plebiscitaria de instancia deliberativa alguna; un ejercicio de gobierno en donde los intereses de los gobernantes y de los grupos sociales que los apoyan y les son afines se enuncian, imponen y ejecutan a través y con el concurso de los aparatos estatales creados para el efecto: parlamentos, tribunales, policías, ejército y sistemas represivos y carcelarios. Una dictadura, en fin, es una forma de gobierno en donde el Dictador y su séquito institucional actúan por sí, ante sí y para sí, sin concebir y menos conceder la elaboración y aplicación de otras propuestas, otros programas, otras empresas y otras leyes que no sean aquellos que favorecen su permanencia en el poder. Sólo que, ese tipo de dictadura no es perfecta, porque se impone directa y abiertamente por medio de la fuerza. La Dictadura Perfecta no es, en el fondo, muy distinta. Pero su forma, su sentido y su discurso son diametralmente opuestos. En la Dictadura Perfecta suceden elecciones aceptablemente libres; hay partidos políticos; funcionan cámaras de Diputados y de Senadores que, se dice, discuten y aprueban leyes “a favor de la nación y de todos y cada uno de los mexicanos”; existe un sistema judicial, nominalmente un poder soberano, que a través de sus instancias federales y estatales conoce, aplica y hace cumplir las leyes de manera presumiblemente imparcial y expedita; cuenta con un poder ejecutivo, electo libremente, que formalmente cumple y hace cumplir la ley para conducir y llevar a buen puerto, siempre por supuestos medios consensados y democráticos, equitativos y transparentes, a la nación entera. Sin embargo, como sucede en México, a través del “sistema” la dictadura existe, está representada y se ejerce a través de los actos públicos y privados de una camarilla gobernante que actúa por sí, ante sí y para sí con los inocultables objetivos de garantizar su permanencia en el poder y de satisfacer sus más caros intereses personales y de grupo. En resumen, en la Dictadura Perfecta sucede exactamente lo mismo que en una dictadura a secas; pero eso mismo, aquí, es, o más bien parece ser legal, democrático, equitativo y justo. Porque la Dictadura Perfecta aparentemente no impone sus objetivos e intereses particulares y de grupo al resto de los mexicanos por medio de la fuerza, sino a través de un sofisticado mecanismo de simulación de virtudes y disimulo de defectos en donde el conjunto de las instituciones públicas —y un amplio sector de las instituciones privadas, sobre todo el sistema financiero y los medios masivos de comunicación—, operan cotidianamente al margen de la legalidad, pero igualmente participan y cooperan de manera solidaria y mancomunada en una y la misma estrategia discursiva para proclamar machacona y estridentemente la “necesidad histórica” de sus programas, intereses y propuestas y la “pertinencia” la “eficiencia”, la “vocación de servicio”, el “patriotismo” y la estricta “legalidad” de todos y cada uno de sus actos. Sin embargo, México, un país que dice poseer instituciones político-jurídicas de vanguardia permanece sumido en una profunda crisis moral y material , cuyas manifestaciones particulares (sociales, económicas, políticas, jurídicas, culturales) no son sino el efecto natural de un modo particular del ser y el hacer de un Estado nacional cuyas trazas dictatoriales y modales totalitarios pueden sustentarse, y de hecho se sustentan, en una constitución y en las actuaciones de un poder ejecutivo dictatorial, omnímodo y omnipotente, en un poder legislativo que traiciona cotidianamente sus principios y conspira en contra del resto de los mexicanos y de los verdaderos intereses nacionales, en una legislación general ambigua y permisiva y en una administración de justicia sumisa y corruptible. Finalmente —lo que ya no es frecuente en estos desencantados días—, en la perspectiva de recuperar para nosotros mismos nuestro futuro inmediato y de garantizar la viabilidad de nuestro país como nación independiente, formulamos una esperanzada y radical propuesta de reconstrucción social cuya premisa básica es el rescate y la vigencia del verdadero estado de derecho, por la vía de la reconstrucción moral, legal e institucional de nuestro ahora devastado, corruptible y maltrecho sistema de justicia. LA REFORMA DEL ESTADO MEXICANO.- Define el artículo 40 de la Constitución vigente al Estado mexicano como. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Nada más alejado de la realidad política que esa definición. No existe una Federación, porque los Estados no son libres ni soberanos. Una Federación, es por definición, la acción de unir mediante alianza, liga, unión o pacto entre varios estados. ( Del latín, foederare, unir ). La Constitución de 1824, estableció el régimen federal, en contra de la opinión del Diputado neolonés Servando Teresa de Mier, quien señalaba que no se estaba verificando una unión de entes soberanos, sino la continuación de un régimen centralista como lo era el monárquico español. Los Estados se crearon por la constitución misma, se les señaló la característica de "libres y soberanos" que jamás han tenido, y así continuamos con la ilusión de la "federación". La Federación la conforman los estados ya existentes que, al unirse, se comprometen a aportar y sufragar los gastos que la federación demanda, en la medida de las posibilidades de cada uno. En México, la Federación creó lo estados que la iban a componer y ha seguido creando nuevos estados, pero… No es la Federación Mexicana la que administra el total de los ingresos del País y los distribuye a su antojo, estableciendo cuál o cuáles, graciosamente, permite obtener a los "estados". Es el Gobierno Federal, a quien se ha identificado indebidamente con la “Federación” Surgió con el tiempo el descontento con el Gobierno Federal suplantando a la Federación misma, y éste, sin importarle su origen temporal, ha buscado la forma de que continúe el estado falso en que se vive. ¿ Cómo lo ha logrado? El imperio de la Ley se encuentra en México limitado al arbitrio y decisiones presidenciales, y en los 186 años transcurridos desde que se estableció el régimen federalista por el Congreso de 1823-1824, se ha venido fraguando la desaparición total de ese sistema político, hasta llegar nuevamente a un virtual absolutismo monárquico en el que han quedado aniquilados la propia federación y la democracia representada por el voto libre y secreto de los ciudadanos. ¿ Cómo se ha llegado a ese extremo? Desvirtuando uno a uno los principios fundamentales del régimen federal y de la democracia. El primero que dejó de tener vigencia , es el que reza que los Estados son "... libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior..." , principio hoy anulado por el establecimiento del Juicio de Amparo y su desviación total logrado en tiempos de Antonio López de Santa Anna, que ha determinado que el régimen interior de los presuntos "estados", se vea sujeto en todo y por todo a la resoluciones que dicte el Poder Judicial Federal, derivado de la perversión total del primitivo juicio de amparo con el que, a mediados del Siglo XIX, pretendió sin éxito alguno, Manuel Crescencio Rejón, poner coto a los abusos de poder y violaciones constitucionales constantemente efectuados por los gobiernos militares que sucedieron al de la Corona, al plantear la necesidad de que, respetando la soberanía de los estados presuntamente federados, se pusiera en manos de los Jueces de Primera Instancia y los Tribunales del Fuero común la potestad de amparar a «...los que les pidan su protección contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden judicial, decidiendo, breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados..» , es decir, la facultad de interpretar y cumplir la Constitución Federal. La proposición de Manuel Crescencio Rejón, que revivía los viejos recursos de fuerza y de poder existentes en España en tiempos de Alfonso el Sabio y en Suiza en los de Guillermo Tell, quedó totalmente desvirtuada por la intervención del Presidente Antonio López de Santa Anna, quien determinó que esas facultades se reservaran por siempre a la Justicia Federal, limitando la soberanía de los Estados Federados mediante los artículos 22 y 25 del Acta Constitutiva y de Reformas, sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847, que sobre la rodilla , casi clandestinamente y mientras México era invadido por los norteamericanos, redactó el rico joven jaliciense Mariano Otero y en el que estableció la competencia única y exclusiva de los Tribunales de la Federación, para aplicar la Constitución, conservando la facultad de sentencia o dictamen, el cual fue, a no dudarlo, el primer golpe bajo a la soberanía de los Estados, agravado después el 12 de noviembre de 1908 en plena dictadura porfiriana, cuando se amplió la esfera de procedencia del juicio de amparo a asuntos que “… correspondan al orden judicial ..” Se estableció además el “principio Otero”, que limitó la procedencia y efectos del juicio de amparo, “sólo a instancia de parte agraviada” tan celebrado por nuestros abogados, ignorantes no sólo del derecho, sino de la historia patria, ya que ha permitido que se actúe permanentemente fuera de la ley que habiendo sido declarada inconstitucional, puede seguir aplicándose sin recato ni castigo alguno. Así, toda autoridad puede realizar actos inconstitucionales, salvo contra aquellos que obtengan un amparo. Una ley, aun habiendo sido declarada inconstitucional, puede seguirse aplicando a quienes no ganaron un amparo contra ella; Los jueces pueden aplicar leyes y ejercer acciones inconstitucionales, porque la constitucionalidad de los actos sólo puede decidirla la Federación, y la dictadura perfecta se ha logrado federalizando la administración de justicia, la toma de decisiones y la distribución de los recursos económicos, para después someterla al arbitrio del Poder Ejecutivo. La facultad de gobernar, la facultad de legislar y la de impartir justicia, en su totalidad, quedaron en manos de la Federación. Los Estados “libres y soberanos”, perdieron totalmente su soberanía. Para consolidar el sistema absolutista actualmente en vigor, durante el gobierno del Presidente Victoriano Huerta, se hizo la reforma al artículo 92 Constitucional en 4 de junio de 1914, en la que se determinó que «…los Ministros de la Suprema Corte serán electos por el Senado en escrutinio secreto y precisamente entre las personas que proponga en terna el Presidente de la República...» principio que acogió la Constitución vigente . Terminó de golpe la democracia legalmente establecida, al dejar al margen la elección de los individuos del Poder Judicial, sustituida por su “nombramiento”, y con ella concluyó también la independencia del mismo. Normalmente es causa de inhabilitación de un juzgador, participar como tal juzgando a su benefactor; es decir, a quien le dio “nombramiento” y en México, no lo es. En 1994 se crearon, con nuevas reformas a la Constitución, los Tribunales Electorales, entre cuyas funciones está la de anular la elección de cualquier tipo de funcionarios; y no cuesta ningún esfuerzo concluir que, con esta medida, ha muerto la democracia, ya que el voto “libre y secreto” de los ciudadanos puede ser declarado nulo por los tribunales electorales del Poder Judicial Federal sin siquiera tomar en consideración a los ilusos que lo emitieron. A lo largo de los noventa y tres años de vigencia de la actual Constitución mexicana se ha reformado más de dos mil doscientas veces y en esas reformas se han venido estableciendo fueros y privilegios corporativos y monopolios que reservan a favor del estado el ejercicio de las libertades civiles y los derechos humanos. Se ha establecido, por norma constitucional, el trabajo legislativo mediante el funcionamiento de fracciones parlamentarias y con esa medida ha desparecido la esencia de la representación popular directa de los habitantes de cada región del País. De hecho, ya no existen los representantes populares. Han sido substituidos por fracciones de los partidos políticos, mas no de todos, sino únicamente los que han sido aceptados y reconocidos por la Federación que, en las discusiones de leyes o proyectos en las Cámaras legislativas, deben votar por consigna partidaria, en masa, y lo que es peor, una buena parte de diputados y senadores ya no son electos por el pueblo, directamente, en forma democrática. Ahora son “propuestos” por los partidos aceptados por la federación. Las medidas legales “adoptadas” constituyen un cáncer que ha minado nuestras instituciones democráticas, y la cura necesaria debe ser radical. Extirparla, pero ¿cómo? El Juicio de amparo fue en el Siglo XIX una necesidad para limitar los abusos del poder, y constituyó un medio de defensa eficaz para los ciudadanos, aun con las limitaciones impuestas por el Presidente Santa Anna. Hoy se ha convertido en un arma en manos del ejecutivo y en contra de los ciudadanos. El monopolio constitucional de la legalidad y la constitucionalidad de los actos públicos y privados por un Poder Judicial monstruoso, corrupto y al servicio del ejecutivo, nos ha llevado a una simple simulación de estado de derecho. Se reformó la Constitución en tiempos de Zedillo y se creó, a semejanza con los países verdaderamente civilizados, un Consejo de la Judicatura Federal OMNIPOTENTE DEL QUE ES PRESIDENTE TAMBIÉN EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE, QUE LEGISLA CON SIMPLES ACUERDOS “ DE PLENO”, INATACABLES, EN CONTRAVENCIÓN NO SOLO CON LAS LEYES ORDINARIAS, SINO HASTA DE LA MISMÍSIMA CONSTITUCIÓN, Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE TENEMOS OBLIGACIÓN DE ACATAR, COMO SON LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA CARTA DE LOS ESTADOS AMERICANOS . Sólo la vuelta al principio, al verdadero estado federal con el respeto irrestricto a la soberanía de los estados, sus tribunales, sus instituciones democráticas, resolverá el problema antes de que lo haga un estallido social gravísimo, como los que ha tenido México cada cien años. Para ello se hace necesario: I.- El restablecimiento de la elección directa y democrática de todos los funcionarios públicos, ya sean del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial. II.- El rescate de la soberanía de los Estados “libres y soberanos”. III.- Una mejor administración de justicia en la que destaque, a).- La desaparición del juicio de amparo en cuestiones que “… correspondan al orden judicial ”, como lo había planteado Rejón, ya que cada estado soberano es responsable de procurarlas en el ejercicio pleno de su soberanía siempre sujeta al pacto federal. b).- La limitación de la competencia de la Justicia Federal a los asuntos meramente federales. No hará falta, además de la Suprema Corte de Justicia, más que unos cuantos juzgados. c).- La eliminación de los centenares de Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito existentes, que, dígase lo que se diga, sólo constituyen una simulación absoluta , una duplicidad inútil de la cuasi justicia que imparten sin soberanía alguna los tribunales judiciales de los Estrados y la que “imparte “ la cuasi “justicia federal”. Basta para aquilatar la importancia del problema, señalar que en la República hay TREINTA Y DOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, uno por cada Estado y uno por el Distrito Federal, y CIENTO SETENTA Y DOS Tribunales Colegiados de Circuito encargados de revisar confirmar o revocar en juicios de Amparo Directo, los fallos de los Tribunales mencionados de los Estados dizque Libres y Soberanos. Existen SESENTA Y OCHO Tribunales Unitarios de Circuito, encargados de las apelaciones en materia federal y la tramitación de juicios de amparo por violaciones a la legalidad de las resoluciones de otros tribunales unitarios. Hay actualmente más de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Juzgados de Distrito encargados de revisar, confirmar o revocar en vía de amparo Indirecto, todas y cada una de las decisiones administrativas o leyes que dicten los poderes correspondientes en los Estados, y tramitar los juicios que corresponden al fuero federal. En esencia no haría falta más de un Juzgado de Distrito y un Tribunal Unitario en cada Estado, que ventilen los juicios Federales y conozcan exclusivamente sobre Constitucionalidad. d).- Tal vez podría conservarse el juicio de amparo, limitándosele a lo que en los países sajones se conoce como “habeas corpus”, «...los que les pidan su protección contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden judicial…” como señalaba Rejón, con lo que serán innecesarios los costosísimos centenares de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito y Consejos de la Judicatura hoy existente, conservando únicamente los necesarios para el control de la constitucionalidad de leyes. e).- Para el control de la constitucionalidad en los actos de cualquier autoridad, basta con sancionar penalmente, en forma enérgica, las violaciones a las garantías individuales. Cada amparo que la Justicia Federal concede implica la comisión de un delito NO PENADO HASTA LA FECHA, lo que debe evitarse castigando severamente a cualquier autor de violaciones a las garantías individuales, para lo cual sí debe operar la competencia de los juzgados federales. f).- Es de ingente necesidad la separación de las funciones otorgadas por el artículo 102 constitucional al Ministerio Público, tanto Federal como Local, que lo convierten en juez y parte en todos los asuntos , a más de que esa poderosa institución designada por los ejecutivos local y federal, tiene la función de consejera de los ejecutivos. Debe crearse la Institución del Fiscal Federal como un puesto de elección popular, revocable en todo momento mediante plebiscito, con la función de investigar, perseguir y gestionar judicialmente la sanción de los delincuentes, y reservarse el cargo de procurador para el abogado del Poder Público. Una reforma oportuna de los sistemas judiciales redundaría en: I.- El retorno a la legalidad absoluta, que es una ambición perenne de todos los pueblos. II.- En México tendría como primer efecto, un inmenso ahorro a la federación con la desaparición de un 90 a 95% de los tribunales federales, judiciales, administrativos o electorales que sólo ha servido para aniquilar la impartición de justicia; el renacimiento de la democracia necesaria con la elección directa de los funcionarios judiciales para que el Poder Judicial responda a sus electores y no a quien los ha designado y, por sobre todas las cosas, la eliminación de la corrupción que ha generado el crecimiento inútil y desmedido del aparato judicial federal. III.- Haría desaparecer las posibilidades cada día más amenazantes de un estallido social como los ocurridos en México cada cien años, que tal parece estamos esperando para este 2010.

5/19/2010

TENOCHTITLAN. DOS CIUDADES

Joaquín Ortega Arenas. Una vez mas, para huir del ambiente enrarecido de la política mexicana, recurro al venero inagotable de la historia y relato una breve historia de la primera capital del Anahuac. Tal vez resulte repetitivo, pero es criterio unánime el de que la historia la escriben los vencedores o los amanuenses siempre al servicio de los poderosos para ensalzar sus virtudes reales o imaginarias, o para restar mérito a sus vencidos y enemigos. En ése afán, y para borrar los innegables méritos de los urbanistas mexicas, la “historia” ha ignorado todo lo relativo a la primera ciudad de Tenochtitlan y centrado su atención en la ciudad nueva, surgida en los primeros años del Siglo XVI español y magistralmente descrita por los cronistas que llegaron con los conquistadores, en especial Bernal Diaz del Castillo. Es necesario apelar a los testimonios plásticos que en forma de monumentales esculturas han sido descubiertos muchos años después de consumada la conquista y la destrucción total de la primitiva capital del señorío mexica , a algunos datos perdidos esbozados por los historiadores oficiales, y a la leyenda que por tradición oral ha venido repitiéndose durante mas de cuatrocientos años. En ésa forma, y principalmente apoyados en la leyenda, y en los grandes monolitos esculpidos, podemos restituir, en forma ideal, la grandeza y destrucción de esa gran urbe que, si la segunda Tenochtitlan maravilló a los conquistadores, es indudable que los hubiera dejado embelesados si llegan a conocerla. Los mexica, como un grupo étnico derivado del tronco “nahuat” llegaron débiles y sumisos al gran lago salado en los primeros años del siglo XIII español. Se afirma por algunos que en el año de 1315, pero no todos los historiadores señalan la misma fecha, por lo que es preferible estimar su llegada al gran lago, a fines del Siglo XIII, y su asentamiento obligado por los que llegaron al gran lago antes que ellos en los islotes del mismo, Tenochtitlan, Tlatelolco, Nonoalco, Tultenco y Mixhuca aproximadamente en el año de 1325. Por verdadera necesidad, obligados por su mas fuertes enemigos, se vieron constreñidos a alimentarse de lo que podían encontrar en las islas, ( cactos y culebras ), lo que podían obtener del lago salado, (Ahuautle, y pescado), y verduras que con un inmenso ingenio y laboriosidad empezaron a obtener de uno de los mas notables milagros de la agricultura mundial, la “chinampa”. Para los historiadores, la dieta de los mexica no tiene ninguna importancia y no han reparado en que todo lo que comían era rico en proteinas. La carne de víbora, el pescado y, principalmente el “ahuautle” , que es la hueva de un insecto que se desarrolla en el agua salada y tiene un contenido proteinico de casi el cincuenta por ciento, hicieron en solo dos generaciones (sesenta años), que los mexica se convirtieran de un pueblo débil en un pueblo fuerte y agresivo. En cuatro generaciones, habían conquistado todas las riberas del lago, y para fines del siglo, convertido en tributarios a casi todos los pueblos que habitaban mesoamérica. El nacimiento y crecimiento de su capital Tenochtitlan fue indudablemente paralelo a su desarrollo militar. Traían consigo los conocimientos que obtuvieron de los tolteca en Tula, a donde llegaron antes de arribar al gran lago en calidad de pueblo “mano de obra” y fueron obligados a edificar los diques y obras hidráulicas con los que los cultos habitantes de esa región se defendían de los embates de las aguas broncas que bajaban de la sierra. Conforme iban consolidando su poderío militar y económico, aumentaba el número de edificios en la nueva ciudad . Templos, “casas grandes”, como solían llamar a sus palacios; espacios abiertos, jardines, incluyendo un jardín zoológico en el que coleccionaban fieras traídas de todos los confines de los territorios sometidos, zonas habitacionales y una enorme número de obras de arte por las que tenían una especial debilidad, en particular por la escultura de grandes monolitos cuyo traslado a la isla del gran lago salado y posterior labrado, siguen siendo motivo de curiosidad y admiración para las generaciones presentes. No existe ni una remota idea de cómo fue esa primera gran ciudad. Si nos guiamos por los grandes monolitos y la leyenda, debe haber ocupado casi la totalidad del islote, y contado con grandes plazas. Solo en una gran plaza dedicada a las ciencia pudo tener cabida lo que llamamos “Piedra del sol” o Calendario Azteca”, de cuya lectura, deficiente e incompleta, hemos derivado que no era precisamente un calendario, sino una forma de fijar en forma indeleble la secuencia de fenómenos astronómicos ocurridos y por ocurrir , tales como los eclipses. Señalan los enterados que el eclipse solar ocurrido a fines de los años ochenta del siglo XX, ya estaba previsto en la piedra y, están además anunciados otros para ocurrir hasta el año 2030 del calendario gregoriano. La “Piedra del Sol” fue encontrada muchos años después de concluida la conquista en el subsuelo de la “Plaza del Empedradillo”, ( hoy calle del Monte de Piedad ), y relatan las crónicas y leyendas que durante el virreinato de Don Juan Vicente Güemes Horcasitas y Pacheco de Padilla, Segundo Conde de Revillagigedo, hallaron a una gran profundidad en el subsuelo del Palacio Virreinal una inmensa escultura que el Virrey, gente de amplia cultura, ordenó volver a cubrir ante la imposibilidad de sacarla por no existir medios adecuados para rescatarla. En un terreno aledaño al Sagrario Metropolitano, fue descubierta a una respetable profundidad, la que en nuestro concepto es la mas notable de las esculturas del género humano, la “Coatlicue”, allá por los años de 1943 o 1944. La consideramos así, por que no es una escultura antropomorfa ni zoomorfa, sino que, conteniendo elementos de ambas, es casi un tratado de filosofía, de la filosofía mexica que dividía el universo en una inmutable dualidad entre cielo y tierra, vida y muerte, emergentes de la tierra, raíz de todas las cosas, conceptos conformadores de la ciencia no considerados así aún hoy día en las filosofías de los pueblos occidentales. De igual manera apareció, en el subsuelo de las ruinas del templo mayor de la segunda Tenochtitlan, , la enorme escultura que conocemos como “Coyolxahuqui” . El descubrimiento tardío de todos esos elementos, nos obliga a pensar que no fueron conocidos por los conquistadores, y que cuando ellos llegaron, ya se encontraban en el subsuelo de la nueva ciudad edificada totalmente a principios del siglo XVI español. La explicación de ello, esta a nuestro alcance. Está plenamente probado que en el año occidental de 1496 la antigua ciudad de Tenochtitlán, gobernada por Ahuizotl, sufrió una severa inundación que casi la destruyó totalmente. Sus edificios, sus templos y las zonas habitacionales fueron arrasadas por las aguas que el Tlacatecuhtli fue a robar a los pacíficos habitantes de Coyoacán. Cuenta la leyenda, que dentro de una gran sequía que amenazaba la vida de la opulenta capital de los mexica, Ahuizotl demandó de Totzumo, señor de Coyoahucan, pueblo tributario de los poderosos guerreros que habitaban en la gran isla del lago salado, la entrega del agua de las fuentes de que se abastecían los pobladores de esa zona. Totzumo se opuso, aunque sabía que era inútil por que el señor de los mexica ya construía un acueducto para llevarse las aguas, y dijo al Talacatehcutli, “--- Si te llevas las aguas de mi pueblo, van a arrasar al tuyo y hasta a ti va a costarte la vida...” Acostumbrado a lograr todo por la fuerza, Ahuízotl mando matar a Totzumo y desviar las aguas de los manantiales de Coyohuacan hacia Tenochtitlan, con la mala suerte de que, incontroladas, ocasionaron una grave inundación en la gran capital que en poco mas de tres años que duró el fenómeno, acabó por destruir todas las edificaciones que en ella existían y dejó enterrados en el lodo todos los grandes monumentos con que los mexica celebraban desde la fundación de su ciudad, ( monolito conocido como “Teocalli de la Guerra Sagrada”, existente en el Museo Nacional de Antropología ) hasta los fenómenos naturales y, en los que plasmaron su filosofía su pensamiento religioso y su historia. Estos monumentos, gracias a la gran inundación permanecieron sepultados en el lodo hasta mucho tiempo después de la llegada de los españoles, que encontraron ante sí, llenos de admiración y asombro, las segunda ciudad construida por Moctezuma Xocoyotzin, sobrino de Ahuízotl que lo sustituyó como gobernante cuando, como remate al cumplimiento de la maldición proferida por Totzumo, murió a causa de un golpe que recibió al huir de su “casa grande” para librarse de la inundación, y golpearse en la frente con el dintel de una puerta, expresamente construida de poca altura para obligar a agacharse al entrar a quiénes llegaban a ver al señor. Cuentan las leyendas, que después del golpe perdió el conocimiento y enfermó largo tiempo sin haberse recuperado jamás. La primera ciudad capital debió ser mejor que la segunda. Dan testimonio de ello todas esas grandes esculturas en piedra que, arropadas por el lodo, no fueron encontradas ni destruidas por los conquistadores que destruyeron cuanto monolito encontraron a su llegada a la nueva ciudad para utilizarlo como materiales de construcción para adoquinar sus calles, o edificar las paredes de sus nuevas casas. Existen en la Ciudad Colonial numerosos testimonios de la destrucción de monolitos e ídolos, y utilización de los restos como material de construcción, siendo uno de los mas notables la escultura que adorna la esquina de las actuales calles de Pino Suárez y República del Salvador, colocada como simple adorno de la casa de los Condes de Santiago de Calimaya. Los elementos que se repitieron en la nueva Tenochtitlan, tales como el Templo Mayor, el Cihuacoatl, a pesar de que fueron despojados de sus esculturas y monumentos, son muestra y ejemplo de una arquitectura prehispánica monumental no igualada. La traza a retícula de los canales que debió existir en la ciudad primitiva y se repitió en la que construyó Moctezuma el menor como una forma de evitar inundaciones y destrucción de construcciones por las constantes crecientes de las aguas del lago, y es indudable que sirvieron de modelo a los que realizaron la nueva traza, como Alonso García Bravo. El crecimiento urbano, fue logrado otra vez mediante el sistema de “chinampas”, y los grandes monumentos de la segunda ciudad, como lo fueron en su oportunidad los de la primitiva destruida por las aguas en 1497, sirvieron de asiento y basamento a las nuevas construcciones. Sólo nos resta agregar que, la ciudad que construyeron los españoles, quedó totalmente destruida durante la gran inundación ocurrida en 1596, en que las aguas permanecieron cubriéndola hasta 1630 y dieron lugar a que el virrey solicitara autorización a la Corona para trasladarla a Coyoacán, lo que no llegó a verificarse por el retiro de las aguas del valle antes de que llegara la autorización solicitada. Es por esto que, en lo que es hoy el centro histórico de la Ciudad de México, no exista ninguna construcción del siglo XVI, y se conserven en cambio, en los lugares a los que la inundación no llegó, como Tlatelolco y la Villa de Coyoacán.

5/04/2010

LA LUCHA POR EL DERECHO

Joaquín Ortega Arenas, Allá, por el antepasado Siglo XIX, en el año de 1880, el distinguido jurista alemán Rodolfo Ihering escribió y publicó un libro, pequeño, pero lleno de contenido humano y jurídico que intituló “La Lucha por el Derecho”, que se tradujo al español en Madrid en 1881 con un excelente prólogo de Don Leopoldo Alas, Clarín que como reguero de pólvora recorrió y sigue recorriendo el mundo entero como una lectura obligatoria para todos aquellos que pretenden ser profesionales del derecho. Analiza cual es y ha sido la lucha de los hombres para llegar a una felicidad nunca alcanzada fundada en una convivencia humana libre de injusticia y abuso. En el prólogo, como señalamos ya, escrito por Leopoldo Alas, este señaló contundente: “El cincel del jurista y del legislador trabajan sobre la carne viva, Todo derecho que se logra mata algo que debe morir, pero que alguien defiende hasta el último aliento: El que vive de lo injusto…” Han transcurrido ya dos mil años de la Era Cristiana y muchos más de vida humana “civilizada” antes de la Era Cristiana sin que llegue a brillar la verdadera justicia, el derecho en plenitud. No hay mas ley vigente que el derecho del mas fuerte sin que se obedezcan leyes igualitarias y verdaderamente justas y, eso se debe principalmente a que aun no entendemos que es la justicia. Para los Romanos, primer grupo humano que pretendió hacerlo mediante leyes, el derecho consistía y descansaba en tres principios fundamentales: “Honeste vivere”, Alterum non ledere y Suum quique tribuere” Vivir honestamente. No dañar a nadie y dar a cada quién lo que le corresponde. Roma predicó con el verbo pero, actuó de otra manera muy diferente. Nunca dejó a un lado de su vivir el derecho del mas fuerte y el abuso del hombre por el hombre. Nunca respetó la vida humana ni la libertad en sus acciones cotidianas. Todos los pueblos occidentales y los del nuevo mundo han seguido su ejemplo. Predican con el verbo, pero no cumplen con el ejemplo. La “Lucha por el Derecho” es y ha sido siempre una entelequia. Nos ha sometido a todos los rebeldes a ese sistema a un nuevo actuar. No podemos luchar por “el derecho” por que esta lucha esta perdida de antemano. El hombre en su eterno modo de vivir en constante ejercicio del derecho de más fuerte, ha encontrado la forma de fundamentar su sistema salvaje y cruel, dictando leyes que justifiquen sus atrocidades. Se han constituido desde siempre dos grupos de humanos, Los fuertes y los débiles. Los primeros consideran por si y ante si, como bueno todo lo que hacen y esclavizan, explotan, denigran y abusan de los débiles con las “justificación” de que las leyes que ellos mismos hacen para su exclusivo beneficio, expresamente así lo señalan. La inicua explotación del hombre por el hombre; el enriquecimiento de unos pocos por la miseria de los muchos, siempre apegada a la ley escrita por el mas fuerte; constituyen el “derecho de hoy”. El fuerte cuenta y siempre ha contado en todas las latitudes de nuestro plantea con dos elementos insuperables. Las armas destructivas que originan temor y pánico, y las armas “de conciencia” que generan sumisión y pasividad plenas. Ya no es posible la “Lucha por el Derecho” que siempre es el derecho del mas fuerte. Los débiles estamos frente a un dilema; seguimos con la cabeza baja resistiendo la explotación “legal” a la que nos someten los fuertes hasta donde humanamente podemos hacerlo o luchamos, no por el derecho que es hoy el que ellos nos imponen, sino en contra de la injusticia a la que estamos sometidos. Estamos festejando el bicentenario de la “independencia”. ¿Cual independencia? si somos un País lleno de deudas e invadido por empresas transnacionales que ha llevado a la quiebra a miles de empresas mexicanas y dejado en completa miseria a miles de trabajadores. Por cada “mal” que se autoriza por nuestras autoridades, quedan en la calle diez o quince mil comerciantes y fabricantes mexicanos. Los intocables bancos extranjeros, “nos prestan servicios a los pobres “cobrándonos elevadísimos “servicios” que se convierten en ganancias que se van al extranjero. Ya enajenamos “legalmente” nuestros recursos naturales a extranjeros… y para que seguir, no tiene objeto poner sal en las heridas, todos los mas, sabemos como estamos y como se encuentran los menos. Del centenario de la “Rovolucion”, ni hablar.