Joaquín
Ortega Arenas,
En el Lenguaje coloquial en el que estamos
inmersos los mexicanos, empleamos en casos de duda un viejo dicho: “ Ya apareció el peine". ¿Cuál peine?
Ninguno. Así decimos cuando aparece el verdadero motivo o causa de una cosa, de algún asunto o conflicto: "Ya
apareció el peine". La palabra "ya" es un adverbio de tiempo que
da lugar a un número casi infinito de
refranes como el del citado peine.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en forma permanente desde 1989, se ha
mostrado “complaciente” con los deseos del Poder Ejecutivo en la concesión o
negativa de los amparos que resuelve, y vaya si no hay razón. Debemos
recordar que el General Obregón festinó que, “no hay general que resista un cañonazo de cincuenta mil pesos” y, hoy,
el Senador Mario Delgado, denunció que;
“Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe
atender las recomendaciones de la
Auditoria Superior de la Federación de utilizar casi CUATRO MIL MLLONES DE
PESOS que tiene en seis fideicomisos para cubrir los gastos que actualmente
hace con “su presupuesto…”.
No
se justifica ese guardadito con el que pretende garantizar el pago de pensiones
millonarias de los Ministros y otras
altas prestaciones que perciben en el contexto actual de crisis financieras y
recortes…”
Esos
recursos deben canalizarse a actividades productivas o a garantizar que no se
disminuyan programas fundamentales para los más necesitados.
Agregó
que aunque la Ley da autonomía presupuestaria y permite al La Suprema Corte
crear fideicomisos, al tratarse de fideicomisos no se puede obligar a la
SCJN a devolver esos fondos y reintegrarlos a la Tesorería de la Federación,
pero lo que si puede hacer el máximo tribunal, como se lo recomienda la ASF, es
aplicarlos al pago de los gastos que actualmente se cubren con el presupuesto
público del tribunal.
De
hecho, señaló el Senador, en éste año los rendimientos de los fideicomisos
fueron diez veces superiores al ejercicio anual del gasto en los seis
contratos; el 80691: Pensiones complementarias para Servidores Públicos de
Mando Superior de la SCJN.
Asimismo,
para el fideicomiso 80690: Pensiones Complementarias para Mandos Medios y
Personal Operativo de la SCJN; 80688: Plan de Prestaciones Médicas; 80689
Manejo del producto de la Venta de publicaciones, CD’S y Otros Proyectos;
80687: Remanentes Presupuestales del año 1998 y anteriores, y el 2125,
denominado Fondo JURICA
“El
reverso de la medalla, hoy por ti, mañana por mí”,
nos rebela tristemente que la Justicia
Federal ha autorizado que se reduzcan las pensiones , y la segunda sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación emitió una nueva jurisprudencia, la 8/2016,
mediante la cual establece que el tope máximo de las pensiones del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) tratándose de invalidez, vejez, cesantía en
edad avanzada y muerte será el equivalente hasta de 10 salarios mínimos y no de
25, como se ha venido pagando desde hace muchos años.
Anuncia la
prensa Diaria, a bombo y platillo, que
“…. Con el ritmo de acumulación que
registran los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos registrará un
crecimiento de 399 mil millones de pesos entre 2015 y 2018 lo que los ubicará
como la principal fuente de financiamiento en el país, con casi 3 billones de
pesos, es decir, más de 16 por ciento del producto interno bruto (PIB) del
país.
El presidente de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, manifestó su
confianza en que los recursos de los fondos de pensiones pasen de 2 billones
541 mil millones de pesor en 2015, a 2 billones 940 mil millones para 2018”.
El Artículo 227 del Código penal para el
Distrito Federal, señala como delito el que alguien disponga para sí o para
otro de una cosa ajena mueble de la que se le haya trasmitido la tenencia, pero
no el dominio y, eso es lo que acontece cuando a los trabajadores se les
descuenta mensualmente una parte de su salario para que vayan formando SU FONDO
DE PENSIONES.
Esa disposición ya ha sido violada por el Gobierno, mediante un cambio a
la Ley del ISSSTE, que sin importar el
monto que los trabajadores tenían acumulado por años y años de descuentos, lo
redujo a unos cuantos salarios mínimos. Se
estima que quedaron volando unos tres mil millones de pesos que, obviamente,
DESAPARECIERON.
Hoy, sin motivo ni razón, el Presidente de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro, anuncia que ese dinero
del que no es propietario nadie más que cada trabajador en lo personal, “…se
convertirá en la “principal fuente de financiamiento en el País”, es decir confiesa
paladinamente que H. Gobierno está ya preparando la comisión del delito de
Abuso de confianza, por un monto de 2 billones 541 mil
millones de pesor en 2015, a 2 billones 940 mil millones para 2018”.
El
Delio de Abuso de confianza, determinado en el artículo 382 del Código Penal
Federal, señala;
Artículo 382. Al que, con
perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro, de cualquier cosa ajena
mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le
sancionará con prisión hasta de 1 año y multa hasta de 100 veces el salario,
cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario.
Si excede de esta cantidad, pero
no de 2000, la prisión será de 1 a 6 años y la multa de 100 hasta de 180 veces
el salario.
A los trabajadores al servicio
del Estado, SE LES RETIENE, DE SUS SALARIOS YA DEVENGADOS, un porcentaje que se
va integrando a SU FONDO DE PENSIONES, FONDO QUE ES DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD,
que ya no es propiedad del Estado.
El hecho de que el Estado, en
este caso por conducto del presidente de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, haya
manifestado su confianza en que los
recursos de los fondos de pensiones pasen de 2 billones 541 mil millones de
pesos en 2015, a 2 billones 940 mil millones para 2018”, y ello lo convierte en
la “principal fuente de financiamiento
para el Estado”, tratándose como se
trata de dinero del que no es
propietario nadie más que cada trabajador en lo personal, se convertirá en la
comisión diáfana del delito de abuso de confianza, que el
H. Gobierno está ya preparando, por un monto de 2 billones 541
mil millones de pesos en 2015, a 2 billones 940 mil millones para 2018”.
No es la primera vez, e
indudablemente tampoco será la última, en la que nuestro sacrosanto Gobierno
olvide su obligación de cumplir con las garantías Constitucionales de seguridad
y legalidad y las viole impunemente a placer.
¿Qué podemos hacer? ¡Creo que solo llorar en silencio para evitar represalias!