INEGI.

Joaquín Ortega Arenas.

Una vez más, el “INSTITUTO DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA”, nos saca de nuestro marasmo ya natural, y nos vuelve a la realidad con noticias gravísimas para nuestra sociedad y nuestra querida Patria. No ha transcurrido ni un mes desde que nos abrió los ojos en relación con las bajas habidas en la “Guerra contra  a la Delincuencia Organizada) que estaban a punto de llegar a CIEN MIL MUERTOS, (a estas fechas seguramente ya pasaron de esa cifra) y este fin de semana nos señala, bajo la fría apreciación de cifras totalmente ciertas, que nuestra “Procuración de Justicia” es sencillamente una entelequia, nula por completo. Señala el Instituto que, “Por cada mil delitos que se cometen en nuestro País, solo son denunciados 84; de esos 84, solo se siguen las averiguaciones y consignación de … CINCO…. Que de los que quedarán por siempre impunes, 63% deberán esa verdadera suerte a “deficiencias de las autoridades” y a 6 de cada 10 denunciantes, las mismas autoridades “…no les hacen caso…”. Que el daño patrimonial que esa situación irroga a los mexicanos, asciende a DOSCIENTOS ONCE MIL DIECIOCHO MILLONES DE PESOS, EN 2011. y para terminar, QUE CADA AÑO SUFRE DIECIOCHO MILLONES DE HABITANTES ESA PLAGA.

Pero ¿…a quien o a quienes debemos culpar de esa situación? ¿A las victimas? ¿A los delincuentes? O más bien, a las autoridades judiciales. Si hacemos recuerdos de un pasado remoto, como ya lo hemos mencionado, allá en el lejano año de 1892, el Virrey Juan Vicente de Güemes y Pacheco de Padilla, Segundo Conde de Revillagigedo, fue sometido a Juicio de Residencia por su desempeño en el cargo, y al responder una pregunta del fiscal acusador de …¿,,porque encarcelaste a los oficiales del crimen?, sencillamente contestó: “…porque su Majestad me envió a la Nueva España para que terminara con la delincuencia y corrupción , y estas sólo se dan donde la justicia las permite…”

Volvamos, pues, a la gran delincuencia y corrupción QUE HA REVELADO IMPLICITAMENTE EL INEGI, A LA LUZ DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES:

El artículo 102 Constitucional, señala en su texto:

“A. La ley organizará el Ministerio Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.……

El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones".

Cada Estado Federado, tiene a su vez un Procurador de Justicia y un ministerio público al que “…incumbe la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden común y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine….”

La plena indefensión que nos aqueja a los mexicanos resulta de una nula intervención de los “procuradores”, federal y estatales, en la prevención, persecución, detención y en su caso procesamiento de los responsables que, en un verdadero Estado de Derecho, deberían considerarse “…serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones….”

Corre de boca en boca, entre al sufrido pueblo mexicano una duda, obviamente exagerada. Se preguntan: ¡Si se encarcelara a todos los delincuentes, quién cerraría las puertas de la cárcel…”.