I N J U S T I C I A

Joaquin Ortega Arenas.

Un amable lector de este espacio, “memorioso” , como solía llamar Jorge Luís Borges a aquellas personas que todo guardan en su memoria, me ha hecho el favor de recordarme que hace más de treinta años, publiqué una revista que llevaba el título de este ensayo y respecto a la cual un alto funcionario del Poder Judicial me comentó que “quemaba”. Contesté a ese comentario explicándole que no era la revista la que quemaba, sino los atropellos que cometía, impunemente, el Poder Judicial, atropellos cuya difusión y comentario, de ser falsos, podrían dar lugar a una acusación penal en mi contra, acusación que afortunadamente nunca llegó. La revista tuvo una vida de poco más de cinco años. Terminó por que como suelo comentar, “ me aplicaron la ley de imprenta”, es decir, no me vendieron papel que en esa época era controlado por un organismo estatal. Esa misma suerte corrió la Revista “Política”, que publicaba mi querido e inolvidable amigo Manuel Marcué Pardiñas, y se imprimía en la misma empresa editorial, a la que igual que a “Injusticia”, le aplicaron la ley de imprenta. Me invita a incluir en este espacio comentarios que antes hacía “Injusticia”, por que estima que hoy, como nunca antes había sucedido, la corrupción ( de los funcionarios judiciales) es ya incontrolable y, aunque no sean el propósito fundamental de este espacio, incluiremos algunos en el. Obviamente, empezaremos con denuncias de “arriba hacia abajo”, es decir con las irregularidades dudosas en que nuestros supremos jueces incurren, pues, como comentamos ya en algún otro ensayo, allá en las postrimerías del Siglo XVIII, el Segundo Conde de Revillagigedo fue sometido de juicio de residencia al dejar su mandato y el fiscal le echó en cara haber encarcelado a los funcionarios judiciales “del crimen”, contestó tajantemente: “ Su majestad me envió a la Colonia a acabar con la corrupción y la corrupción solo existe en donde la justicia lo permite”. La corrupción de la justicia, se ha verificado, se verifica y aparentemente se seguirá verificando por “estamentos”. Primero el intocable Gobierno . Ningún acto o irregularidad de cualquier autoridad que pueda ser combatido por medios del Poder Judicial, ya sea mediante el ya anacrónico Juicio de Amparo, o de la vía ordinaria ante los Jueces de Distrito o del fuero común, tiene porvenir de ninguna especie. Solía decir Don Rafael Ángel de la Peña , ilustre maestro universitario del pasado que no basta enseñar con el precepto, sino es necesario el ejemplo para que la enseñanza sea válida, y empezamos con un grotesco ejemplo para ilustrar el primero de los casos comunes y corrientes de corrupción judicial a favor del gobierno que nos viene a la memoria: Una anciana que como único patrimonio tenía un predio en la zona urbana de la Ciudad de Naucalpan, se encontró con que al mismo le había surgido de la noche a la mañana, un verdadero “bosque” de torres de conducción eléctrica , sembradas y cultivadas por la Inefable descentralizada Luz y Fuerza del Centro. Era el siglo pasado, y todavía había autoridades judiciales no emponzoñadas de corrupción y recurrió al C. Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, que dicto, en un lapso que hoy resulta inexplicablemente breve, sentencia condenando a la paraestatal a devolver el predio ilícitamente ocupado. ( Expediente 6/1995 ) Recurrió Luz y Fuerza del Centro y el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, confirmó la sentencia. (Toca 6/97). Pidió amparo la señalada paraestatal y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito le negó el amparo. Legalmente, juicio concluido. Se iniciaron los trámites para le ejecución, y el “señor” Presidente Ernesto Zedillo, expropió el predio para no cumplir la determinación judicial. Todavía era el siglo pasado y el Juez Segundo de Distrito desechó la validez del Decreto Expropiatorio con el argumento de que “ …las sentencias ejecutorias dictadas por el Poder Judicial Federal no eran ni podían ser materia de expropiación…” Se acabó el Siglo XX y y con él el gobierno del P.R.I., y cambió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Designaron a Mariano Azuela y el Juez Segundo de Distrito del Estado de México, también “nuevo”, fuera de toda ley y en contra de toda ley, declaró inejecutable la sentencia por cambio de situación de hecho y jurídica. De hecho, desde luego sí, sobre el predio robado ya había varias líneas de transmisión eléctrica. No se dio entrada por el “honesto Poder Judicial Federal” a ningún recurso en contra de ese atraco. Los afectados demandaron el pago sustituto del predio, y autoridad incompetente, (Juez Noveno de Distrito en el Distrito Federal en Materia Civil) les negó el derecho de cobrar el valor del predio ·”robado” por la paraestatal y los condenó al pago millonario de “costas”, sentencia desde luego confirmada por los Tribunales Colegiados. Ese es el “costo” de desafiar al Poder Publico ante tribunales que solo están para servirlo. Y Montesquieu, y la división de poderes, y el artículo 49 Constitucional “Requiescat in pace “. Amen. YA ESTAMOS EN EL SIGLO XXI., EL SIGLO DEL CAMBIO.