6/01/2017

UN ANTECEDENTE DE LA REFORMA ENERGÉTICA ACTUAL.


Joaquín Ortega Arenas.


No recuerdo cuando, pero  tal vez por error, enviaron a mi despacho un comunicado de “Petróleos Mexicanos” que he encontrado entre mis papeles viejos. Aunque parezca mentira,  tiene una plena vigencia actual, tanto por personas que intervinieron en él como por la situación que relata.DICE:
“….El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyos antecedentes se remontan a 1915, se constituyó formalmente en 1935. Hasta enero de 1989 se llamó Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SRTPRM). La actual administración es dirigida por Carlos Romero Deschamps. En 2001 se investigó la participación del sindicato en el conflicto post-electoral, siendo referido el escándalo como "PEMEXGATE" en los medios y la opinión pública. En 2013, Romero Deschamps, antes de la firma de la nueva reforma energética suscribió convenios para permitir el despido masivo de trabajadores que comenzó a verificarse desde 2015. En 2013 igualmente, votó a favor de la Reforma energética.
En 1945 se realizaron intentos aislados de sindicalización por parte de los trabajadores técnicos y profesionistas de Petróleos Mexicanos, pero fue hasta mayo de 1970 cuando 700 técnicos y profesionistas en la Asamblea General en Coatzacoalcos, Veracruz, mediante un notario público, se constituyeron en sindicato. Sin embargo, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) les negó el registro, argumentando que no reunían los requisitos legales. Ante esto, los trabajadores presentaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya resolución se resolvió en su contra. Sus principales dirigentes fueron despedidos.
Las condiciones laborales, similares a las actuales de sobreexplotación de los trabajadores, provocaron que se unieran para exigir respeto de su organización, pero tanto la empresa como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se oponían a su sindicalización. Por lo tanto, en abril de 1973 los técnicos y profesionistas pidieron apoyo al entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. El Presidente ordenó su sindicalización, pero incluyéndolos en el STPRM. Se inició un proceso de sindicalización de los niveles más bajos a partir de 1974, pero fue hasta 1976, después de paros, manifestaciones y plantones, que se logró modificar la cláusula 3 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) para permitir la sindicalización de los llamados trabajadores de confianza.
A consecuencia, de 1979 a 1992 surge la experiencia más valiosa en lo que se refiere a gestión sindical democrática en el STPRM, en la sección 34. Ahí un grupo de aproximadamente 2,000 técnicos y profesionistas (STPS) logran establecer un espacio democrático sindical, imponiéndole a la Quina, el máximo líder petrolero de la época, una organización sindical que tendría un alto impacto en la organización de profesionistas. La STPS contaba con representación ante el CEN del STPRM, gestión sindical ante la dirección general de Pemex y su propio escalafón, incluso para el personal transitorio. Si bien estaban en todas las áreas de la empresa, su poder más importante lo ejerció en la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras (SPCO), donde naturalmente tenían su mayor representación. Estaban organizados por especialidad, químicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, geólogos, civiles, arquitectos, licenciados, etc. Lograron tener sindicalizados desde el nivel 30 hasta el nivel 35, ya que a partir del nivel 36, se consideraban personal de confianza.
 Aun así muchos puestos de confianza eran propuestos por personal dela STPS, , siendo casi inexistente la contratación de personal de confianza a niveles de superintendentes locales y generales. Su influencia fue tan grande que impulsaron conjuntamente con la administración la reorganización administrativa de toda le empresa en la década de los 80, incluso hubo un episodio llamado “la sacada de pitufos”, que consistió en que los técnicos y profesionistas de la sección 34 asentados en las oficinas generales del D.F., en una acción masiva sacaron de sus oficinas directo a la calle a varios profesionistas de confianza recomendados del director general en turno, hecho que casi les costó su existencia.
A pesar del poder del CEN del STPRM, realizaban asambleas democráticas, durante muchos años semanales. Sostenían los valores de la democracia y su relación con el líder seccional fue siempre tirante. El dirigente más emblemático de ese grupo sin duda fue el arquitecto Francisco Domínguez Aranda. Dejaron una escuela de organización, responsabilidad profesional y rebeldía ante el poder tradicional en el STPRM, aunque al final la Quina impuso nuevos dirigentes dóciles a él.
En 1991, todos los técnicos y profesionistas de nivel 30 en adelante fueron nuevamente integrados al régimen denominado de confianza, y se inició un nuevo período para un sector de la industria que sigue en una situación de vulnerabilidad respecto a sus derechos laborales y humanos.
Un grupo de líderes, surgido de los ya extintos TyPS del STPRM, se dio entonces a la tarea de entablar relaciones con sus similares de otras secciones, intentando posteriormente varios frentes democráticos entre ellos: Todos Por Pemex, Comisión Nacional de la Defensa de la Industria Petrolera de México, A.C. (CONADIPME), Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A.C. (UNTCyP), siendo algunos de ellos socios fundadores de la actual UNTyPP.
Después de estos cambios, la constante violación a los derechos laborales provocó que en 1994 se formaran nuevamente coaliciones de técnicos y profesionistas en instalaciones de Salina Cruz, Tula, Minatitlán y D.F., y se solicitó el registro de cada una en lo individual, a lo cual se negó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por lo cual se decidió entonces la unificación para formar un sindicato a nivel nacional. En 1995 se convocó a una convención nacional de técnicos y profesionistas petroleros, para formar así la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (ANTyPP), con el objetivo de poder defender la petroquímica y los derechos laborales, pero unos días antes de esta convención, veintisiete trabajadores fueron rescindidos o jubilados, entre los que se encontraban los dirigentes de las coaliciones de los comités ejecutivos, por lo que la asamblea constitutiva se realizó sin éxito alguno por esta razón.
En 1999 se formó una organización de trabajadores en el edificio central, denominada "Todos Por PEMEX", promoviendo el respeto a los derechos laborales de los técnicos y profesionistas. Esto condujo a la formación de una organización más amplia, la Comisión Nacional de la Defensa de la Industria Petrolera de México, A.C. (CONADIPME), la cual convocó a los sectores más interesados en la defensa de PEMEX a construir un proyecto para la defensa y desarrollo de la industria petrolera, uniendo diversos grupos de trabajadores e intelectuales que no estaban de acuerdo con la privatización de la industria.
El 26 de enero de 2002 se formó la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A.C. (UNTCIP) con trabajadores de las cuatro subsidiarias y el corporativo. A pesar de esto y de su alta membresía, el no tratarse de un sindicato impidió a la organización el poder fungir como interlocutor de los técnicos y profesionistas (TyPs) ante la empresa.
Meses más tarde, el 13 de abril de 2002 se constituyó la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP) con trabajadores de PEMEX-Refinación, y se solicitó su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuyos requerimientos fueron cumplidos de manera adecuada por la organización. La STPS no respondió en los 60 días establecidos dentro de la Ley Federal del Trabajo, realizándose la promoción correspondiente de que, al no haberse recibido respuesta, se aplicaría entonces la afirmativa ficta. Los dirigentes de la organización, afiliados al PAN, fueron entonces llamados a negociaciones con el presidente Vicente Fox Quesada, presentando a petición del Gobierno de Guanajuato desistimientos temporales de la promoción, hasta que la presión de los trabajadores provocó que los dirigentes hicieran otra promoción, a lo que la STPS volvió a responder de manera negativa.
Como resultado, el 22 de junio de 2004 se presentó una demanda de garantías ante un Juzgado de Distrito en materia de Trabajo. En respuesta, las autoridades de Pemex y el gobierno llevan a cabo represiones violentas en contra de los técnicos y profesionistas petroleros, sacándolos de sus centros de trabajo utilizando la fuerza pública. El 17 de junio de 2004, la Juez Tercera de Distrito en Materia Laboral concedió un amparo a la ONTCIP; sin embargo, el Secretario General y el Secretario de Organización negociaron la disolución de esta a cambio de una jubilación ventajosa.
En 2003 se formó la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera de México (UNTCIPM) como sindicato, principalmente con trabajadores de PEP (PEMEX-Exploración y Producción), PPQ (PEMEX-Petroquímica) y PGPB (PEMEX-Gas y Petroquímica), solicitan el registro ante la STPS, el cual fue negado una vez más, recurriéndose al amparo. Ese mismo día, la Policía Federal sacó a los miembros de la UNTCIPM de sus centros de trabajo; a su vez, los líderes fueron reprimidos, siendo la mayoría jubilados o despedidos; sin registro y con la dirección expulsada, la organización perdió fuerza. Por lo tanto, la UNTCIPM construyó un proyecto energético alternativo, organizando foros nacionales y regionales para promover la defensa de la industria petrolera, así como participando en foros internacionales (la mayoría en Latinoamérica) para poder así mantener informados a los trabajadores de los aspectos energéticos más importantes.
El 6 de septiembre de 2007, Pemex difundió un oficio en el que se instruía a los trabajadores denominados de confianza firmar un contrato individual de trabajo, con cuya firma se pretendía despojar a los trabajadores del derecho a defender su estabilidad en el empleo. La organización y la acción colectiva lograron que solo un 15% de los trabajadores denominados de confianza firmara el contrato. Se planteó entonces la formación de un nuevo sindicato que permitiera defender de una manera pacífica y organizada los derechos laborales de los trabajadores y enfrentar la privatización de la industria.
El 29 de abril de 2008 se presentó la solicitud ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el 30 de mayo la STPS respondió con reiterados y dilatorios requerimientos de información adicional a lo largo de 7 meses. El 21 de agosto, el ingeniero Didier Marquina, Secretario General de la UNTyPP, fue amenazado por el ingeniero Marco Antonio Murillo Soberanis, Sub-Director Corporativo de Recursos Humanos de las consecuencias de no retirar la solicitud de registro del sindicato. El 14 de noviembre de 2008, 37 miembros de la organización fueron desalojados con lujo violencia de sus centros de trabajo (refinerías, terminales de distribución y repartos, complejos petroquímicos, oficinas centrales e instalaciones de exploración y producción) por integrantes de los Servicios Especiales de Seguridad Física de Pemex, un grupo paramilitar que opera en todas las instalaciones de la empresa portando armas largas.
Después de esto la empresa desató una campaña de acoso y tortura emocional para obligar a más de 200 miembros del sindicato a renunciar por escrito al mismo, a fin de reducir el número de afiliados a menos de 20 y dar a la STPS el pretexto para negar el registro, pretendiendo ignorar que la ley establece que dicha secretaría solo puede resolver sobre el padrón de socios en el momento de la solicitud del registro y no posteriormente.
Muchos de estos trabajadores cedieron a la angustia y presión por ser los proveedores de sustento de sus respectivas familias. El Director Corporativo de Administración y el Director General de Petróleos Mexicanos, fueron copartícipes de esta violación a los derechos humanos de los afectados. Con ello, Pemex atentó contra los derechos de asociación y sindicalización establecidos en la Constitución Política de la República Mexicana, la Ley Federal del Trabajo y los Convenios 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo, contravino la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes ratificada por México en 1986. Una de las consecuencias más graves de este desalojo fue la pérdida del servicio médico para estas familias mexicanas; esto ocasionó la muerte del Sr. Manuel Valencia Orozco, padre del compañero Felipe Valencia, uno de los desalojados el 14 de noviembre del 2008, violando el constitucional Derecho de la Salud integral pues la suspensión de la atención médica a los trabajadores y a sus familiares pone en riesgo su integridad física.
El 19 de diciembre de 2008, la STPS emitió su resolución, negando el registro sindical y violando el marco legal vigente respecto al derecho de asociación de los técnicos y profesionistas petroleros, el artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Convenio OIT 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como el Convenio 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores. El 15 de enero del 2009 se promovió un amparo indirecto reclamando el reconocimiento del registro.
El 2 de julio de 2009 se recibió de la Juez Primera de Distrito en Materia de Trabajo la respuesta a la petición de amparo, resolviendo que sí procedía el registro de la UNTyPP por la ilegalidad en que incurrió la STPS al negar el registro. La jueza señaló que los derechos de asociación y libertad sindical son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ser garantías sociales. Sin embargo, la STPS solicitó el recurso de revisión de tal ordenamiento, que para su resolución fue turnado al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de Materia de Trabajo de Primer Circuito; con ello, la STPS violó lo establecido en la Constitución y el Convenio 87 de la OIT, que establece que existe una prohibición expresa y absoluta al Estado Mexicano para que obstaculice el derecho de asociación.

El 30 de noviembre de 2009, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo resuelve y ratifica el amparo indirecto otorgado a la UNTyPP por la Juez de Distrito en Materia de Trabajo, confirmando el derecho de los técnicos y profesionistas a formar un sindicato.

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