Joaquín Ortega Arenas.
No recuerdo cuando, pero tal vez por error, enviaron a mi despacho un
comunicado de “Petróleos Mexicanos” que he encontrado entre mis papeles viejos.
Aunque parezca mentira, tiene una plena
vigencia actual, tanto por personas que intervinieron en él como por la
situación que relata.DICE:
“….El Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyos antecedentes se
remontan a 1915, se constituyó formalmente en 1935. Hasta enero de 1989 se
llamó Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (SRTPRM). La actual administración
es dirigida por Carlos Romero Deschamps. En 2001 se investigó la participación
del sindicato en el conflicto post-electoral, siendo referido el escándalo como
"PEMEXGATE" en los medios
y la opinión pública. En 2013, Romero Deschamps, antes de la firma de la nueva
reforma energética suscribió convenios para permitir el despido masivo de
trabajadores que comenzó a verificarse desde 2015. En 2013 igualmente, votó a
favor de la Reforma energética.
En 1945 se
realizaron intentos aislados de sindicalización por parte de los trabajadores
técnicos y profesionistas de Petróleos Mexicanos, pero fue hasta mayo de 1970
cuando 700 técnicos y profesionistas en la Asamblea General en Coatzacoalcos,
Veracruz, mediante un notario público, se constituyeron en sindicato. Sin
embargo, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) les negó el registro, argumentando que no reunían los
requisitos legales. Ante esto, los trabajadores presentaron un amparo ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya resolución se resolvió en su
contra. Sus principales dirigentes fueron despedidos.
Las
condiciones laborales, similares a las actuales de sobreexplotación de los
trabajadores, provocaron que se unieran para exigir respeto de su organización,
pero tanto la empresa como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM) se
oponían a su sindicalización. Por lo tanto, en abril de 1973 los técnicos y
profesionistas pidieron apoyo al entonces presidente de México, Luis Echeverría
Álvarez. El Presidente ordenó su sindicalización, pero incluyéndolos en el
STPRM. Se inició un proceso de sindicalización de los niveles más bajos a
partir de 1974, pero fue hasta 1976, después de paros, manifestaciones y
plantones, que se logró modificar la cláusula 3 del Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT) para permitir la
sindicalización de los llamados trabajadores de confianza.
A
consecuencia, de 1979 a 1992 surge la experiencia más valiosa en lo que se
refiere a gestión sindical democrática en el STPRM, en la sección 34. Ahí un
grupo de aproximadamente 2,000 técnicos y profesionistas (STPS) logran establecer un espacio democrático sindical,
imponiéndole a la Quina, el máximo líder petrolero de la época, una
organización sindical que tendría un alto impacto en la organización de
profesionistas. La STPS contaba con representación ante el CEN del STPRM,
gestión sindical ante la dirección general de Pemex y su propio escalafón,
incluso para el personal transitorio. Si bien estaban en todas las áreas de la empresa,
su poder más importante lo ejerció en la Subdirección de Proyectos y
Construcción de Obras (SPCO), donde naturalmente tenían su mayor
representación. Estaban organizados por especialidad, químicos, mecánicos,
eléctricos, electrónicos, geólogos, civiles, arquitectos, licenciados, etc.
Lograron tener sindicalizados desde el nivel 30 hasta el nivel 35, ya que a
partir del nivel 36, se consideraban personal de confianza.
Aun así muchos puestos de confianza eran
propuestos por personal dela STPS, , siendo casi inexistente la contratación de
personal de confianza a niveles de superintendentes locales y generales. Su
influencia fue tan grande que impulsaron conjuntamente con la administración la
reorganización administrativa de toda le empresa en la década de los 80,
incluso hubo un episodio llamado “la
sacada de pitufos”, que consistió en que los técnicos y profesionistas de
la sección 34 asentados en las oficinas generales del D.F., en una acción
masiva sacaron de sus oficinas directo a la calle a varios profesionistas de
confianza recomendados del director general en turno, hecho que casi les costó
su existencia.
A pesar del
poder del CEN del STPRM, realizaban asambleas democráticas, durante muchos años
semanales. Sostenían los valores de la democracia y su relación con el líder
seccional fue siempre tirante. El dirigente más emblemático de ese grupo sin
duda fue el arquitecto Francisco Domínguez Aranda. Dejaron una escuela de
organización, responsabilidad profesional y rebeldía ante el poder tradicional
en el STPRM, aunque al final la Quina impuso nuevos dirigentes dóciles a él.
En 1991,
todos los técnicos y profesionistas de nivel 30 en adelante fueron nuevamente
integrados al régimen denominado de confianza, y se inició un nuevo período
para un sector de la industria que sigue en una situación de vulnerabilidad
respecto a sus derechos laborales y humanos.
Un grupo de líderes,
surgido de los ya extintos TyPS del STPRM, se dio entonces a la tarea de
entablar relaciones con sus similares de otras secciones, intentando
posteriormente varios frentes democráticos entre ellos: Todos Por Pemex,
Comisión Nacional de la Defensa de la Industria Petrolera de México, A.C.
(CONADIPME), Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria
Petrolera, A.C. (UNTCyP), siendo algunos de ellos socios fundadores de la
actual UNTyPP.
Después de
estos cambios, la constante violación a los derechos laborales provocó que en
1994 se formaran nuevamente coaliciones de técnicos y profesionistas en
instalaciones de Salina Cruz, Tula, Minatitlán y D.F., y se solicitó el
registro de cada una en lo individual, a lo cual se negó la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social, por lo cual se decidió entonces la unificación para
formar un sindicato a nivel nacional. En 1995 se convocó a una convención
nacional de técnicos y profesionistas petroleros, para formar así la Asociación
Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (ANTyPP), con el objetivo de
poder defender la petroquímica y los derechos laborales, pero unos días antes
de esta convención, veintisiete trabajadores fueron rescindidos o jubilados,
entre los que se encontraban los dirigentes de las coaliciones de los comités
ejecutivos, por lo que la asamblea constitutiva se realizó sin éxito alguno por
esta razón.
En 1999 se
formó una organización de trabajadores en el edificio central, denominada
"Todos Por PEMEX", promoviendo el respeto a los derechos laborales de
los técnicos y profesionistas. Esto condujo a la formación de una organización
más amplia, la Comisión Nacional de la Defensa de la Industria Petrolera de
México, A.C. (CONADIPME), la cual convocó a los sectores más interesados en la
defensa de PEMEX a construir un proyecto para la defensa y desarrollo de la
industria petrolera, uniendo diversos grupos de trabajadores e intelectuales
que no estaban de acuerdo con la privatización de la industria.
El 26 de
enero de 2002 se formó la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la
Industria Petrolera, A.C. (UNTCIP) con trabajadores de las cuatro subsidiarias
y el corporativo. A pesar de esto y de su alta membresía, el no tratarse de un
sindicato impidió a la organización el poder fungir como interlocutor de los
técnicos y profesionistas (TyPs) ante la empresa.
Meses más
tarde, el 13 de abril de 2002 se constituyó la Organización Nacional de
Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP) con trabajadores
de PEMEX-Refinación, y se solicitó su registro ante la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, cuyos requerimientos fueron cumplidos de manera adecuada por
la organización. La STPS no respondió en los 60 días establecidos dentro de la
Ley Federal del Trabajo, realizándose la promoción correspondiente de que, al
no haberse recibido respuesta, se aplicaría entonces la afirmativa ficta. Los
dirigentes de la organización, afiliados al PAN, fueron entonces llamados a
negociaciones con el presidente Vicente Fox Quesada, presentando a petición del
Gobierno de Guanajuato desistimientos temporales de la promoción, hasta que la
presión de los trabajadores provocó que los dirigentes hicieran otra promoción,
a lo que la STPS volvió a responder de manera negativa.
Como
resultado, el 22 de junio de 2004 se presentó una demanda de garantías ante un
Juzgado de Distrito en materia de Trabajo. En respuesta, las autoridades de
Pemex y el gobierno llevan a cabo represiones violentas en contra de los
técnicos y profesionistas petroleros, sacándolos de sus centros de trabajo
utilizando la fuerza pública. El 17 de junio de 2004, la Juez Tercera de
Distrito en Materia Laboral concedió un amparo a la ONTCIP; sin embargo, el
Secretario General y el Secretario de Organización negociaron la disolución de
esta a cambio de una jubilación ventajosa.
En 2003 se
formó la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera
de México (UNTCIPM) como sindicato, principalmente con trabajadores de PEP
(PEMEX-Exploración y Producción), PPQ (PEMEX-Petroquímica) y PGPB (PEMEX-Gas y
Petroquímica), solicitan el registro ante la STPS, el cual fue negado una vez
más, recurriéndose al amparo. Ese mismo día, la Policía Federal sacó a los
miembros de la UNTCIPM de sus centros de trabajo; a su vez, los líderes fueron
reprimidos, siendo la mayoría jubilados o despedidos; sin registro y con la
dirección expulsada, la organización perdió fuerza. Por lo tanto, la UNTCIPM
construyó un proyecto energético alternativo, organizando foros nacionales y
regionales para promover la defensa de la industria petrolera, así como
participando en foros internacionales (la mayoría en Latinoamérica) para poder
así mantener informados a los trabajadores de los aspectos energéticos más importantes.
El 6 de
septiembre de 2007, Pemex difundió un oficio en el que se instruía a los
trabajadores denominados de confianza firmar un contrato individual de trabajo,
con cuya firma se pretendía despojar a los trabajadores del derecho a defender
su estabilidad en el empleo. La organización y la acción colectiva lograron que
solo un 15% de los trabajadores denominados de confianza firmara el contrato.
Se planteó entonces la formación de un nuevo sindicato que permitiera defender
de una manera pacífica y organizada los derechos laborales de los trabajadores
y enfrentar la privatización de la industria.
El 29 de
abril de 2008 se presentó la solicitud ante la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, y el 30 de mayo la STPS respondió con reiterados y dilatorios
requerimientos de información adicional a lo largo de 7 meses. El 21 de agosto,
el ingeniero Didier Marquina, Secretario General de la UNTyPP, fue amenazado
por el ingeniero Marco Antonio Murillo Soberanis, Sub-Director Corporativo de
Recursos Humanos de las consecuencias de no retirar la solicitud de registro
del sindicato. El 14 de noviembre de 2008, 37 miembros de la organización
fueron desalojados con lujo violencia de sus centros de trabajo (refinerías,
terminales de distribución y repartos, complejos petroquímicos, oficinas
centrales e instalaciones de exploración y producción) por integrantes de los
Servicios Especiales de Seguridad Física de Pemex, un grupo paramilitar que
opera en todas las instalaciones de la empresa portando armas largas.
Después de
esto la empresa desató una campaña de acoso y tortura emocional para obligar a
más de 200 miembros del sindicato a renunciar por escrito al mismo, a fin de
reducir el número de afiliados a menos de 20 y dar a la STPS el pretexto para
negar el registro, pretendiendo ignorar que la ley establece que dicha
secretaría solo puede resolver sobre el padrón de socios en el momento de la
solicitud del registro y no posteriormente.
Muchos de
estos trabajadores cedieron a la angustia y presión por ser los proveedores de
sustento de sus respectivas familias. El Director Corporativo de Administración
y el Director General de Petróleos Mexicanos, fueron copartícipes de esta
violación a los derechos humanos de los afectados. Con ello, Pemex atentó
contra los derechos de asociación y sindicalización establecidos en la
Constitución Política de la República Mexicana, la Ley Federal del Trabajo y
los Convenios 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo,
contravino la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles
Inhumanos o Degradantes ratificada por México en 1986. Una de las consecuencias
más graves de este desalojo fue la pérdida del servicio médico para estas
familias mexicanas; esto ocasionó la muerte del Sr. Manuel Valencia Orozco, padre
del compañero Felipe Valencia, uno de los desalojados el 14 de noviembre del
2008, violando el constitucional Derecho de la Salud integral pues la
suspensión de la atención médica a los trabajadores y a sus familiares pone en
riesgo su integridad física.
El 19 de
diciembre de 2008, la STPS emitió su resolución, negando el registro sindical y
violando el marco legal vigente respecto al derecho de asociación de los
técnicos y profesionistas petroleros, el artículo 123 de la Constitución, la
Ley Federal del Trabajo, el Convenio OIT 87 sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, así como el Convenio 135 de la OIT sobre
los representantes de los trabajadores. El 15 de enero del 2009 se promovió un
amparo indirecto reclamando el reconocimiento del registro.
El 2 de julio
de 2009 se recibió de la Juez Primera de Distrito en Materia de Trabajo la
respuesta a la petición de amparo, resolviendo que sí procedía el registro de
la UNTyPP por la ilegalidad en que incurrió la STPS al negar el registro. La
jueza señaló que los derechos de asociación y libertad sindical son derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, además de ser garantías sociales. Sin embargo, la STPS solicitó el
recurso de revisión de tal ordenamiento, que para su resolución fue turnado al
Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de Materia de Trabajo de Primer Circuito; con
ello, la STPS violó lo establecido en la Constitución y el Convenio 87 de la
OIT, que establece que existe una prohibición expresa y absoluta al Estado
Mexicano para que obstaculice el derecho de asociación.
El 30 de
noviembre de 2009, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
resuelve y ratifica el amparo indirecto otorgado a la UNTyPP por la Juez de
Distrito en Materia de Trabajo, confirmando el derecho de los técnicos y
profesionistas a formar un sindicato.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario